No hace falta señalar que, en la Argentina actual, las mayores expectativas en materia de desarrollo productivo y generación de divisas están puestas en la explotación de los recursos extractivos, tanto mineros como hidrocarburíferos. Hemos abordado el tema en este blog en varias oportunidades, con una primera nota en 2014, cuando Vaca Muerta era todavía una gran promesa, y luego en diversas notas posteriores1. El actual gobierno ha alentado de forma explícita las inversiones en estos sectores a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que también ha merecido un análisis en nuestro blog tanto durante su lanzamiento como a raíz de su posterior ampliación.

El autor de esta nota está lejos de las posiciones anti-extractivistas que cuestionan la expansión de estas actividades por sus impactos ambientales, territoriales y sociales y que, en sus versiones más fuertes, caracterizan al extractivismo como una forma de neocolonialismo. Nada exime, por supuesto, de la necesidad de contar con salvaguardas ambientales y sociales robustas y con capacidades estatales para hacerlas cumplir, pero, a nuestro juicio, los recursos del subsuelo serán una fuente de divisas y de recursos fiscales, y dinamizarán la creación de empleo y la actividad productiva tanto directa como indirectamente, vía encadenamientos hacia atrás y hacia adelante con otras actividades.

Ese potencial, sin embargo, no garantiza automáticamente que la Argentina ingrese en un sendero de desarrollo sostenido. Para empezar, se abre todo un debate, todavía en ciernes, respecto de cómo se utilizarán las supuestamente cuantiosas rentas que se espera que generen esos recursos, una discusión que en el caso argentino tiene una complejidad adicional dado que nuestra Constitución asigna a las provincias el dominio de los recursos del subsuelo. En cualquier caso, la cuestión clave al respecto es si esas rentas servirán para mejorar los activos y capacidades clave (e.g. capital humano, innovación, infraestructura) que permitirán sustentar el crecimiento más allá de los recursos naturales (RRNN) o bien se destinarán a gastos corrientes o a reducciones de impuestos. Esto no implica que estos últimos sean necesariamente usos inadecuados: su conveniencia dependerá de la composición de esos gastos, de qué impuestos se reduzcan, del contexto macroeconómico y, sobre todo, de si esas decisiones se articulan con una estrategia de desarrollo de más largo plazo.

Pero el uso fiscal de las rentas no agota la discusión. Esta nota aborda un ángulo diferente, aunque relacionado, de este debate. Cuando se analiza el grupo de países con mayor capital natural per cápita del mundo2, aparece un grupo de naciones ricas en recursos extractivos y con muy altos niveles de ingresos y bienestar: Australia, Canadá, Finlandia, Noruega y Suecia. Esas naciones tienen desempeños muy favorables en los indicadores vinculados a los activos y capacidades clave mencionados más arriba. Pero también, y este es el objeto de la presente contribución, han aplicado y aplican distintos tipos de políticas, que aquí denominaremos de “desarrollo productivo”, orientadas a fortalecer capacidades productivas, tecnológicas y empresariales y a desarrollar encadenamientos alrededor de estas actividades para ampliar los efectos de la explotación de los RRNN sobre el resto de la economía. En lo que sigue, repasamos primero brevemente cómo Australia y Noruega construyeron esas capacidades a lo largo del tiempo y luego examinamos las estrategias actuales de desarrollo productivo en las economías ricas en RRNN, para cerrar con algunas implicancias para el caso argentino.

Trayectorias históricas: la construcción de capacidades en Australia y Noruega3

En ambos países las políticas de desarrollo productivo asociadas a los RRNN tienen una historia larga. En el caso de Australia, estos apoyos se remontan al siglo XIX, cuando se promovió tempranamente la producción de conocimiento geológico y se fomentó la formación de capital humano a través de la creación de las llamadas Escuelas de Minas (IGF, 2018a). Más adelante, la creación del Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), la principal agencia de ciencia y tecnología del país, ayudó a construir capacidades en investigación aplicada a la minería (Murguía et al., 2023). En paralelo, algunas universidades se consolidaron como centros de excelencia vinculados a la minería, y con el tiempo surgió una variada oferta de maestrías y doctorados en disciplinas asociadas al sector (Scott-Kemmis, 2013; Urzúa, 2011). Ya en los ’90 se crearon los Centros de Investigación Colaborativa, basados en esquemas de cofinanciamiento público-privado orientados a la investigación aplicada, varios de los cuales trabajan en el sector minero (Murguía et al., 2023).

Las políticas de desarrollo de proveedores tomaron forma a partir de 1984 con la creación de la Industry Capability Network (ICN), una red de oficinas que vincula proveedores locales con grandes proyectos mediante bases de datos y asesoramiento técnico, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas (IGF, 2018b). En 2001 se adoptó el Australian Industry Participation (AIP) National Framework, que busca ampliar la participación de empresas australianas en grandes proyectos. Más adelante se lanzó el programa Buy Australian at Home and Abroad (BAHA), un conjunto de medidas destinado a mejorar la competitividad de los proveedores locales y conectarlos con oportunidades tanto en grandes proyectos domésticos como en cadenas globales de valor (IGF, 2018b).

Estas políticas de proveedores ayudaron a consolidar el sector METS (Mining Equipment, Technology and Services), que reúne a las empresas de equipos, tecnologías y servicios especializados para la minería. METS Ignited, uno de los Industry Growth Centres financiados por el gobierno federal australiano (en funcionamiento entre 2015 y 2023), buscó acelerar la comercialización de innovaciones, fortalecer las capacidades de los proveedores locales y facilitar su acceso a mercados internacionales (Murguía et al., 2023). Según la Encuesta Nacional METS 2020, el sector generó ingresos por unos AUD 114.000 millones y empleó a cerca de 198.000 personas; el 65% de las empresas relevadas exporta, con exportaciones estimadas en AUD 17.000 millones (Austmine, 2020).

En el caso de Noruega, las políticas de desarrollo productivo para el sector extractivo se remontan a comienzos de los años setenta, tras el hallazgo de los primeros campos petrolíferos en el Mar del Norte. En 1972, en línea con los principios de política petrolera adoptados por el Parlamento el año anterior, se estableció la empresa estatal Statoil para asegurar la participación directa del Estado en la explotación del recurso y promover el desarrollo de una industria petrolera nacional, objetivo que incluía la adopción y el desarrollo de tecnología mediante asociaciones con empresas multinacionales (Gjerde, 2013), y se facultó al Ministerio de Industria para intervenir en las licitaciones y condicionar el acceso al recurso a que los operadores extranjeros se asociaran con firmas noruegas, contrataran proveedores locales y transfirieran tecnología (Heum, 2008)

Hacia fines de los años setenta se introdujo el requisito de que al menos el 50% de la I+D asociada al desarrollo de campos petroleros se realizara en Noruega. Además, el sistema de concesiones utilizó los llamados “puntos de buena voluntad”, por los cuales la contratación de I+D a empresas e institutos de investigación noruegos era valorada favorablemente al evaluar futuras solicitudes de licencias. De este modo, se canalizaron recursos hacia institutos tecnológicos y de investigación aplicada que desarrollaron capacidades especializadas en petróleo y gas (Engen, 2009).

Posteriormente, la Ley del Petróleo de 1985 estableció la obligación de contar con una filial operativa en el país, preferencias por bienes y servicios noruegos cuando resultaran competitivos, capacitación de personal local y funcionarios, y presentación de planes de participación de proveedores noruegos (Banet, 2021). Si bien las obligaciones de contratar proveedores locales y realizar I+D fueron eliminadas a mediados de los años noventa, contribuyeron a crear un ecosistema productivo y tecnológico en torno al petróleo en Noruega (Banet, 2021; Engen, 2009; Heum, 2008).

Las estrategias actuales de desarrollo productivo en las economías ricas en recursos extractivos

La Figura 1 resume las principales características de las estrategias nacionales actualmente vigentes en torno a los recursos extractivos en las economías de referencia. Para cada país se indican el nombre y el período de la estrategia, sus objetivos y sus mecanismos e instrumentos principales. Se trata de ejercicios de planificación de largo plazo, con características y acentos específicos en cada caso. En términos generales, Australia, Canadá y Finlandia centran sus estrategias en la provisión de minerales críticos, el procesamiento y las cadenas de baterías (Finlandia también enfatiza objetivos de sostenibilidad). Suecia, por su parte, combina metas de competitividad, innovación y reducción de la huella climática con un fuerte énfasis en la seguridad de abastecimiento y la resiliencia. La estrategia noruega para el petróleo y el gas, finalmente, articula el régimen fiscal, la administración intertemporal de las rentas, la reducción de emisiones y el apoyo a la I+D.

Figura 1. Estrategias nacionales de recursos naturales: objetivos e instrumento

Dentro del marco de estas estrategias, los gobiernos implementan diversas políticas y programas concretos. El Anexo I los ordena en ocho áreas: I+D y generación de conocimiento; validación, demostración y adopción de tecnologías; desarrollo de proveedores; procesamiento y agregado de valor; recursos humanos y capacidades laborales; capacidades empresariales; internacionalización; y exploración y geociencia. Para cada programa se indican el país, sus objetivos y los mecanismos de intervención, clasificados en cuatro tipos: obligaciones regulatorias o condiciones de autorización; financiamiento, incentivos e inversión pública; bienes públicos, infraestructura y servicios de conocimiento; y articulación, matchmaking y acceso a mercados. Un mismo programa figura en más de un área solo cuando despliega mecanismos distintos en cada una, y en esos casos se listan únicamente los mecanismos correspondientes al área respectiva. Los símbolos ⚡ y ♻ señalan, respectivamente, los programas con objetivos vinculados a la transición energética o la descarbonización y a la economía circular o el reciclaje.

El relevamiento fue actualizado con información disponible a fines de agosto de 2026. La mayoría de los más de 30 instrumentos mencionados en el análisis continúa vigente; también se incluyen algunos programas concluidos —METS Ignited, PETROMAKS 2 y DEMO 2000— porque sus mecanismos siguen siendo pertinentes para la comparación. En Noruega, las líneas de apoyo correspondientes se canalizan actualmente a través de convocatorias más amplias del Research Council of Norway.

I+D y generación de conocimiento. Los instrumentos de este grupo promueven la I+D y la innovación sobre todo mediante financiamiento en distintas modalidades, varias de las cuales incluyen articulación entre actores públicos y privados. En Noruega, el programa PETROMAKS 2 otorgó subsidios competitivos a la investigación industrial, el desarrollo experimental y la demostración, con cofinanciamiento privado, y financió proyectos entre universidades y empresas; el programa PETROSENTER financia centros de investigación de largo plazo (NOK 80–120 millones por centro). En Canadá, el CMRDD (Critical Minerals Research, Development and Demonstration) aporta financiamiento federal y contribuciones no reembolsables a empresas y organizaciones para I+D, CanmetMINING provee laboratorios públicos y capacidad de ensayo a escala piloto); y el CBMI (Critical Battery Minerals Initiative) combina laboratorios públicos con contribuciones a PyMEs para I+D y equipamiento. En Finlandia, Business Finland otorga subvenciones y préstamos y financia proyectos de coinnovación entre empresas y universidades, mientras que el consorcio BATCircle3.0 reúne a universidades, al centro tecnológico estatal VTT y a empresas en proyectos conjuntos de reciclaje de baterías. En Suecia, Swedish Metals & Minerals financia I+D mediante convocatorias con cofinanciamiento público-privado. En Australia, el FMA Innovation Fund – Green Metals Priority otorga subvenciones para proyectos de innovación y despliegue en metales verdes. El programa australiano METS Ignited financió proyectos colaborativos de I+D con cofinanciamiento privado. Por último, en Canadá los Atlantic Accord Benefits Plans obligan a las empresas a destinar gasto a I+D en instituciones de investigación provinciales como condición de acceso a concesiones petroleras offshore.

Validación, demostración y adopción de tecnologías. En este caso los instrumentos utilizados incluyen financiamiento, provisión de bienes públicos e infraestructura, y mecanismos de articulación. En Noruega, DEMO 2000 financió con aportes no reembolsables prototipos y pruebas de campo de tecnologías desarrolladas por proveedores locales para los operadores petroleros del mar del Norte. En Finlandia y Canadá, GTK Mintec y CanmetMINING proveen plantas piloto e infraestructura pública donde las empresas pueden ensayar procesos a escala preindustrial antes de invertir en producción. En Suecia, el proyecto SUM/LKAB puso a disposición una mina —física y virtual— de pruebas, donde se desarrollaron y validaron soluciones autónomas, digitales y electrificadas junto a proveedores de equipos (ABB, Epiroc, Sandvik, Volvo CE). En Canadá, el programa MICA conecta nodos regionales, sitios de prueba y socios industriales, y acompaña la validación y las pruebas comerciales de nuevas tecnologías. El CMRDD, Business Finland y el FMA Innovation Fund – Green Metals Priority aportan financiamiento —contribuciones o subvenciones— para pilotos y demostraciones. PETROMAKS 2 cubrió también esta etapa, con subsidios al desarrollo experimental y la demostración.

Desarrollo de proveedores. Aquí encontramos casos de obligaciones regulatorias, mecanismos de articulación y provisión de infraestructura. En Australia, los planes AIP (Australian Industry Participation) son obligatorios para proyectos de inversión de al menos AUD 500 millones y los CAIP (Commonwealth Australian Industry Participation) para proyectos con apoyo federal de al menos AUD 20 millones: exigen a los grandes proyectos mineros dar a los proveedores locales oportunidad plena y razonable de competir por el suministro de bienes y servicios. La plataforma ICN/Gateway (Industry Capability Network) publica los paquetes de trabajo y las expresiones de interés de esos proyectos para conectarlos con proveedores. En Canadá, los Benefits Plans del sector petrolero offshore fijan compromisos de contratación y presencia local como condición de las concesiones, mientras que el programa MICA vincula PyMEs, mineras y centros de investigación. En Suecia, el proyecto SUM/LKAB permitió el desarrollo conjunto de soluciones con proveedores y la SME Network vinculó desafíos concretos de las grandes empresas con soluciones generadas por PyMEs.

Procesamiento y agregado de valor. Para promover estos objetivos los países utilizan mecanismos de financiamiento al sector privado y provisión de bienes públicos, infraestructura e inversión pública. En Australia, el CMPTI (Critical Minerals Production Tax Incentive) otorga un crédito fiscal reembolsable equivalente al 10 % de los costos de procesamiento y refinación de minerales críticos, mientras que el FMA Innovation Fund prevé hasta AUD 750 millones en subvenciones para escalar y desplegar tecnologías de metales verdes. En Canadá, el CMRDD financia tecnologías de procesamiento para desarrollar la cadena de valor y el CBMI provee laboratorios para procesar materias primas y material reciclado de baterías. En Finlandia se combinan cuatro instrumentos orientados a procesar y reutilizar minerales: la campaña Zero Waste Mining and Critical Minerals de Business Finland financia proyectos que reducen residuos y recuperan minerales de los descartes de la minería; la planta piloto pública GTK Mintec permite ensayar la concentración de minerales y la valorización de relaves; el consorcio BATCircle3.0 desarrolla refinación y reciclaje de materiales de baterías; y la compañía estatal Finnish Minerals Group realiza inversiones de capital a lo largo de la cadena de baterías.

Recursos humanos y capacidades laborales. En esta área se emplean obligaciones regulatorias, provisión de bienes públicos y servicios, y mecanismos de financiamiento. En Canadá, los Atlantic Accord Benefits Plans exigen, en las concesiones petroleras offshore, gasto en educación y capacitación y consideración prioritaria de trabajadores locales. En tanto, el Mining Industry Human Resources Council (MiHR) desarrolla estándares ocupacionales para la minería y el CMCP (Canadian Mining Certification Program) certifica competencias en oficios y ocupaciones del sector. En Australia, la estrategia laboral de 2021 organiza información y coordinación sectorial para la minería y la energía, y el consejo AUSMASA revisa los paquetes formativos y las herramientas de reconocimiento de aprendizajes previos del sector de recursos. En Noruega, Industrial PhD y PETROSENTER financian formación doctoral vinculada a la industria petrolera, mientras que la escuela doctoral NFiP ofrece cursos, seminarios y espacios de vinculación para doctorandos del sector; a ello se sumó, mientras estuvo vigente, la formación financiada por PETROMAKS 2. En Suecia, Swedish Metals & Minerals financia becas doctorales y consorcios de investigación entre la industria minera y la academia.

Capacidades empresariales. Esta área combina mecanismos de articulación y financiamiento. En Australia, METS Ignited incluyó aceleradoras, formación en gestión y acompañamiento comercial a PyMEs proveedoras de la minería. En Canadá, el programa MICA combina financiamiento federal, nodos regionales y pruebas comerciales con la vinculación a capital privado, para que las PyMEs tecnológicas puedan escalar sus soluciones y llegar al mercado.

Internacionalización. En este caso el mecanismo predominante es la articulación y el acceso a mercados. En Australia, METS Ignited empleó el METStech Passport y los SME Export Hubs para conectar proveedores con compradores en el exterior. En Finlandia, Team Finland y Mining Finland organizan ferias, delegaciones comerciales y encuentros con compradores. En Suecia, Team Sweden Mining, coordinada por Business Sweden, combina promoción comercial, financiamiento y garantías a la exportación con otros servicios de acceso a mercados.

Exploración y geociencia. Aquí se emplean incentivos y provisión de bienes públicos. El CMETC (Critical Mineral Exploration Tax Credit) de Canadá otorga a los inversores un crédito fiscal no reembolsable del 30 % sobre gastos elegibles de exploración de minerales críticos. Resourcing Australia’s Prosperity (RAP) dispone de AUD 3.400 M para que el servicio geológico genere información geocientífica precompetitiva de acceso público, que reduce el costo y el riesgo de la exploración privada.

Hasta donde sabemos, no existe evidencia rigurosa sobre el impacto de estas políticas (en gran medida porque la mayor parte de ellas son recientes). Una forma indirecta y parcial de abordar la cuestión de sus impactos es observar si las políticas nacionales mencionadas tienen algún correlato tecnológico (patentes). La Figura 2 compara el peso de cada país en el patentamiento vinculado a petróleo y gas con el que tiene en la producción mundial de esos recursos durante 2000–2023. Para el numerador se utiliza la base Patents – technology development de la OECD y la taxonomía IEA (International Energy Agency)–EPO (European Patent Office). Se consideran familias simples de patentes con año de prioridad entre 2000 y 2023 y tamaño igual o superior a dos —es decir, invenciones para las que se solicitó protección en al menos dos jurisdicciones—. Las familias se asignan mediante conteo fraccional según el país de residencia de los inventores. Como aproximación al patentamiento relacionado con petróleo y gas, se seleccionan las tecnologías vinculadas al abastecimiento de combustibles fósiles y se excluyen las subcategorías correspondientes al carbón. Para el denominador se suma la producción de petróleo y de gas natural de cada país durante el mismo período, expresada en TWh, a partir de los datos de Our World in Data. El uso de una unidad energética común permite agregar ambos recursos. Un valor del indicador igual a uno significa que la participación del país en las patentes mundiales coincide con su participación en la producción mundial. Todos los países incluidos en la figura presentan valores inferiores a uno, aunque existen diferencias importantes entre ellos. Noruega registra una intensidad de 0,76 y Canadá de 0,66. Brasil se ubica en un nivel intermedio, con 0,34, mientras que México alcanza 0,15 y Colombia, 0,12. Venezuela y Argentina registran valores cercanos a 0,07. De acuerdo con estos resultados, la intensidad relativa de patentamiento de Noruega es aproximadamente once veces la de Argentina y la de Canadá, alrededor de nueve veces.

Por supuesto, este ejercicio no permite identificar ningún efecto causal de las políticas reseñadas más arriba sobre el patentamiento. Las diferencias observadas pueden reflejar también la historia productiva de cada país, las características de sus empresas, el capital humano disponible, la inserción internacional y otras características no observadas; además, las patentes capturan sólo una parte del conocimiento relevante para estas actividades. Sin embargo, el patrón es consistente con la idea de que la producción de recursos puede estar acompañada por grados muy distintos de acumulación tecnológica. En ese sentido, el contraste entre Noruega y Canadá y los productores latinoamericanos sugiere que las arquitecturas institucionales y de política aquí descriptas pueden mejorar la capacidad de generar conocimiento patentable alrededor de las industrias extractivas.

Figura 2. Intensidad de patentamiento en relación con la producción de petróleo y gas, 2000–2023

Algunas reflexiones eventualmente relevantes para el caso argentino

Como se señaló, la evidencia disponible no permite establecer con rigor los efectos de las políticas descriptas ni, con mayor razón, anticipar sus resultados futuros. La revisión sí permite documentar que los gobiernos de economías avanzadas con abundantes recursos extractivos han utilizado instrumentos específicos para procurar que su explotación genere impactos más allá de la producción primaria, las divisas y los ingresos fiscales. Esos instrumentos buscan fortalecer la investigación y la generación y difusión de tecnologías, desarrollar proveedores, promover el procesamiento de los recursos, ampliar las capacidades empresariales y el capital humano, mejorar el desempeño ambiental y favorecer la inserción internacional.

En términos económicos, estas intervenciones procuran responder a distintas fallas de mercado. En investigación y desarrollo, los derrames de conocimiento y la apropiabilidad limitada llevan a que el rendimiento privado de la inversión sea inferior al social, mientras que la incertidumbre y las asimetrías de información pueden restringir su financiamiento. Las actividades de prueba y demostración, por su parte, suelen requerir inversiones elevadas en instalaciones y equipamiento cuyos resultados pueden beneficiar a numerosas empresas, lo que dificulta su provisión individual. El desarrollo de proveedores puede verse limitado por problemas de información y coordinación: las grandes empresas desconocen las capacidades disponibles, mientras que los potenciales proveedores no invierten en tecnología, escala o certificaciones sin una demanda suficientemente previsible. La información geocientífica presenta características de bien público y puede ser provista en cantidades insuficientes por agentes privados. Asimismo, la movilidad de los trabajadores puede desalentar la inversión empresarial en formación especializada. Las dificultades de información para identificar oportunidades comerciales y requisitos de acceso pueden obstaculizar la entrada de las empresas en nuevos mercados, justificando la introducción de sistemas de información y otros mecanismos de apoyo a la internacionalización. Finalmente, las externalidades ambientales asociadas con las actividades extractivas justifican regulaciones e instrumentos destinados a inducir una mejor gestión de sus impactos.

Más allá de la corrección de estas fallas específicas, las políticas examinadas comparten un objetivo de transformación productiva: aprovechar las actividades extractivas para acumular conocimientos, capacidades humanas y competencias empresariales que puedan aplicarse tanto dentro de esas cadenas como en otras actividades. Al mismo tiempo, los instrumentos ambientales y sociales buscan reducir los costos asociados con la explotación de los recursos y distribuir más ampliamente sus beneficios, vinculándola con objetivos de desarrollo sostenible e inclusivo.

Estamos lejos de sugerir que estas experiencias constituyan modelos que la Argentina pueda copiar mecánicamente. Las diferencias en materia de capacidades estatales, estructuras productivas, demografía empresarial, capital humano, infraestructura, bases tecnológicas y marcos institucionales son factores que condicionan tanto la viabilidad de adopción de los instrumentos como sus posibles resultados. Sin embargo, si algún día este o algún otro gobierno decidiera ir más allá del actual marco de promoción de estas actividades (en gran medida anclado en el RIGI), estas iniciativas podrían servir como fuentes de aprendizaje para diseñar una estrategia de aprovechamiento más integral de los recursos extractivos con los que cuenta nuestro país. También ofrecen elementos para los gobiernos de las provincias donde se localizan los recursos, que muchas veces recurren predominantemente a instrumentos de compre y contratación local. En todo caso, las políticas aquí examinadas muestran que aprovechar la riqueza del subsuelo no es incompatible con promover objetivos de innovación, acumulación de capacidades y diversificación productiva.

Referencias

• Austmine (2020). 2020 National METS Survey. Austmine, Melbourne.

• Banet, C. (2021). “Local Content and Sustainable Development in Norway”, en D. S. Olawuyi (ed.), Local Content and Sustainable Development in Global Energy Markets, cap. 13. Cambridge University Press.

• Engen, O. A. (2009). “The development of the Norwegian petroleum innovation system: A historical overview”, en J. Fagerberg, D. C. Mowery y B. Verspagen (eds.), Innovation, Path Dependency and Policy: The Norwegian Case. Oxford: Oxford University Press.

• Gjerde, K. Ø. (2013). Oljelandet og ny næring langs kysten. Stavanger: Norsk Oljemuseum.

• Heum, P. (2008). Local Content Development: Experiences from Oil and Gas Activities in Norway. SNF Working Paper No. 02/08. Bergen: Institute for Research in Economics and Business Administration.

• IGF (2018a). Australia: Horizontal linkages — Positive spillovers through horizontal linkages. Case Study, IGF Guidance for Governments: Leveraging Local Content Decisions for Sustainable Development. Winnipeg: IISD.

• IGF (2018b). Australia: Upstream linkages. Fostering local procurement through regulation and local incentives. Case Study, IGF Guidance for Governments. Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development. Winnipeg: IISD.

• Murguía, D., Marín, A., Delbuono, V. y Freytes, C. (2023). Desarrollo de proveedores para el sector minero: desafíos institucionales y lineamientos estratégicos de política. Buenos Aires: Fundar.

• Scott-Kemmis, D. (2013). How About Those METS? Leveraging Australia’s Mining Equipment, Technology and Services Sector. Canberra: Minerals Council of Australia.

• Urzúa, O. (2011). The Emergence and Development of Knowledge Intensive Mining Service Suppliers in the Late 20th Century. Tesis doctoral, SPRU, University of Sussex.

Anexo I. Políticas de desarrollo productivo en sectores extractivos

Referencias: ⚡transición energética / descarbonización |♻ economía circular / reciclaje

1. I+D y generación de conocimiento

2. Validación, demostración y adopción de tecnologías

3. Desarrollo de proveedores

4. Procesamiento y agregado de valor

5. RRHH y capacidades laborales

6. Capacidades empresariales

7. Internacionalización

8. Exploración y geociencia

Fuente: elaboración propia en base a fuentes oficiales de cada programa.

¿Qué buscan hoy las empresas cuando publican una vacante en América Latina? Analizamos más de 1,2 millones de avisos de empleo publicados en Argentina (64 mil), Brasil (464 mil), Colombia (341 mil) y México (356 mil) entre diciembre de 2025 y junio de 2026, y encontramos algo que contrasta con buena parte del debate público: la inteligencia artificial (IA) aparece mencionada en apenas entre 0,6% y el 3% de las vacantes. Sin embargo, cuando aparece, casi nunca lo hace sola: viene acompañada de habilidades técnicas y, sobre todo, de habilidades socioemocionales.

La rápida difusión de la inteligencia artificial (IA) han venido alimentado expectativas —y también preocupaciones— acerca de cómo cambiarán los procesos productivos, qué tareas podrán automatizarse y cuáles serán las nuevas competencias que necesitarán los trabajadores. Sin embargo, más allá de las proyecciones sobre el impacto potencial de estas tecnologías, todavía sabemos relativamente poco acerca de cómo estos cambios comienzan a reflejarse en las decisiones concretas de contratación de las empresas, particularmente en América Latina.

Las vacantes de empleo publicadas en los portales laborales son una fuente valiosa para responder esa pregunta. A diferencia de otras fuentes de información, reflejan las competencias y conocimientos que los empleadores consideran necesarios al momento de contratar nuevos trabajadores, proporcionando una visión prácticamente en tiempo real de la demanda de habilidades.

La base de datos1 combina información proveniente de los principales portales tradicionales de empleo de cada país —ZonaJobs y Computrabajo en Argentina, Catho e Infojobs en Brasil, y Computrabajo en Colombia y en México— con vacantes publicadas en Workana, una de las principales plataformas de trabajo freelance de América Latina. Esta combinación permite captar tanto la demanda de trabajadores para empleos tradicionales como la creciente demanda de servicios profesionales en la “gig economy”.

Mediante técnicas de procesamiento de lenguaje natural identificamos las habilidades mencionadas en cada vacante y las clasificamos en tres grandes grupos: habilidades técnicas, habilidades socio-emocionales y habilidades relacionadas con inteligencia artificial. Las competencias socio-emocionales abarcan habilidades transversales, frecuentemente vinculadas a la inteligencia emocional y social. La categoría técnica no vinculada a la IA comprende conocimientos especializados en campos específicos, incluyendo habilidades computacionales ajenas al dominio de la inteligencia artificial. Finalmente, las competencias relacionadas con la IA refieren a aquellas asociadas al desarrollo y la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial.

A continuación, se detallan los hallazgos principales de este estudio.

Las habilidades como componente central de la demanda laboral

La importancia de las habilidades en las decisiones de contratación se refleja tanto en la proporción de vacantes que las mencionan (“margen extensivo”) como en el número de competencias requeridas por cada puesto (“margen intensivo”).

Cerca del 90% de las ofertas analizadas en el total de los portales solicita al menos una competencia específica y, en promedio, cada anuncio menciona entre 4.5 y 7 habilidades diferentes (Gráfico 1). Estas cifras sugieren que las empresas no buscan trabajadores definidos por una única competencia, sino perfiles capaces de combinar múltiples conocimientos y capacidades.

Gráfico 1

Proporción de vacantes que requieren habilidades y promedio de habilidades demandadas por país. 2025/2026

De acuerdo a la evidencia existente, tanto para países de la región2 como para países más desarrollados3, esta creciente complejidad responde a las transformaciones que experimenta la organización del trabajo. La digitalización de los procesos productivos, la incorporación de nuevas tecnologías y la necesidad de adaptarse a entornos más dinámicos han incrementado la importancia de trabajadores capaces de desempeñar tareas diversas y de interactuar con herramientas cada vez más sofisticadas. Adicionalmente, como consecuencia, las empresas tienden a describir con mayor detalle las competencias requeridas para cada puesto, dando lugar a perfiles ocupacionales más completos y exigentes que en el pasado.

Este fenómeno resulta particularmente marcado en Workana donde prácticamente todas las publicaciones especifican las habilidades requeridas y el número promedio de competencias solicitadas supera ampliamente al observado en los portales tradicionales (Gráfico 1). Ello refleja tanto el tipo de ocupaciones ofrecidas que se ofrecen en esa plataforma—más intensivas en tareas digitales y proyectos específicos— como la propia lógica de funcionamiento de estos mercados, donde buena parte del proceso de selección depende de la información contenida en la publicación del proyecto.

Las habilidades técnicas son las más requeridas

A pesar del creciente interés que despierta la inteligencia artificial, las habilidades técnicas tradicionales siguen ocupando un lugar claramente predominante: entre el 85% y el 92% de las vacantes analizadas requieren al menos una competencia técnica específica, la categoría más frecuente en los cuatro países (Gráfico 2).

Este resultado pone de manifiesto que, por el momento, las transformaciones tecnológicas no han desplazado la importancia de los conocimientos propios de cada ocupación. Las empresas continúan valorando, en primer lugar, las competencias directamente vinculadas con las tareas que deberán realizar los trabajadores. Estas habilidades difieren naturalmente entre ocupaciones —desde programación y análisis de datos hasta mantenimiento industrial, ventas, enfermería o gastronomía— pero todas ellas reflejan la persistencia de una fuerte demanda por conocimientos específicos del puesto de trabajo.

Gráfico 2

Categoría de habilidades demandadas por país. 2025/2026

Las habilidades socio-emocionales exhiben un papel transversal

Alrededor de siete de cada diez ofertas de empleo incluyen al menos una competencia socio-emocional (Gráfico 2), el segundo grupo de habilidades más demandado después de las técnicas. Comunicación efectiva, trabajo en equipo, responsabilidad, organización, proactividad y orientación al cliente aparecen de manera recurrente en prácticamente todos los países y sectores económicos.

A diferencia de las habilidades técnicas, cuya composición cambia considerablemente entre ocupaciones, las habilidades socio-emocionales muestran un patrón mucho más transversal. Si bien algunas competencias adquieren mayor relevancia en determinadas actividades —como la empatía en ocupaciones de cuidado o las habilidades comerciales en ventas—, en términos generales estas capacidades atraviesan buena parte del mercado laboral.

Esta evidencia refuerza una tendencia ampliamente documentada en la literatura internacional: las empresas valoran crecientemente trabajadores capaces de combinar conocimientos técnicos con competencias interpersonales y organizacionales. La capacidad para colaborar, comunicarse eficazmente o adaptarse a cambios organizacionales ya no parece ser un atributo complementario, sino un componente central de los perfiles laborales demandados.

La complementariedad entre habilidades es uno de los principales hallazgos

Las empresas rara vez demandan un único tipo de habilidad de manera aislada. La combinación de habilidades técnicas y habilidades socio-emocionales representa el perfil predominante en los cuatro países analizados y concentra la mayor parte de las vacantes cuando se las considera de manera combinada (Gráfico 2). No buscan solamente trabajadores que sepan hacer determinadas tareas; también esperan que puedan resolver problemas, interactuar con otras personas, adaptarse a nuevos contextos y desenvolverse en organizaciones cada vez más complejas. En otras palabras, el mercado laboral parece orientarse crecientemente hacia perfiles multidimensionales, donde distintos tipos de habilidades se complementan y potencian mutuamente.

La demanda de habilidades de IA refuerza la complementariedad entre competencias

Si bien las habilidades de IA representan una proporción muy reducida de las ofertas de empleo (0.6%-3%), rara vez son solicitadas de manera aislada (Gráfico 2). Casi siempre aparecen combinadas con habilidades técnicas y, especialmente, con habilidades socio-emocionales. De hecho, cuando una vacante requiere competencias de IA, el perfil más frecuente no combina únicamente habilidades técnicas e IA, sino que integra simultáneamente habilidades técnicas, socio-emocionales y de IA. Este patrón sugiere que, al menos en la actualidad, la IA parece sumarse a perfiles laborales cada vez más completos y multidimensionales, reforzando el carácter complementario de los distintos tipos de habilidades.

Las plataformas freelance muestran un perfil de demanda de diferente

En los cuatro países, las vacantes de Workana presentan una mayor incidencia de habilidades técnicas y, especialmente, de habilidades relacionadas con inteligencia artificial, mientras que las habilidades socio-emocionales aparecen con menor frecuencia que en los portales tradicionales (Cuadro 1). Esto refleja, por un lado, la composición ocupacional de cada fuente: mientras Workana concentra proyectos asociados principalmente a ocupaciones digitales, tecnológicas y creativas, los portales tradicionales cubren un espectro mucho más amplio de ocupaciones, incluyendo puestos administrativos, operativos y de atención al público; por otro, la propia naturaleza de los proyectos freelance, donde es esperable que ciertas características socio-emocionales tengan menos relevancia.

En definitiva, aunque la combinación de habilidades técnicas y socio-emocionales constituye el perfil predominante en ambos tipos de plataformas, Workana muestra una mayor presencia de perfiles que integran simultáneamente habilidades técnicas, socio-emocionales y de IA, reflejando la mayor intensidad tecnológica de este segmento del mercado laboral.

Cuadro 1

Categoría de habilidades requeridas según tipo de portal y país. 2025/2026

La demanda de habilidades presenta patrones diferenciados según los grupos ocupacionales

La especialización sigue siendo la norma: en las ocupaciones gerenciales y profesionales, las habilidades técnicas no relacionadas con IA están fuertemente asociadas con el conocimiento especializado de cada área -gestión y marketing en puestos directivos, ingeniería en técnicas, competencias médicas en salud, contabilidad y finanzas en administración, programación en TIC y conocimientos jurídicos en profesiones legales. Las habilidades socio-emocionales son más homogéneas, con Comunicación Efectiva, Pensamiento Analítico, Trabajo en Equipo y Colaboración como constantes, y el liderazgo destacándose entre los gerentes. Microsoft Excel y Microsoft Office aparecen de forma transversal en casi todos los grupos profesionales y administrativos.

En las ocupaciones de apoyo administrativo y servicios de atención (ISCO 41–43), las habilidades técnicas demandadas se concentran en procesos administrativos, gestión de información y atención al cliente. Microsoft Excel y Microsoft Office nuevamente constituyen competencias transversales, complementadas por habilidades específicas vinculadas con cada función: facturación y soporte administrativo, atención telefónica y relación con clientes en, y sistemas de registro y gestión de información. Las habilidades socio-emocionales mantienen como elemento común la comunicación efectiva, aunque con perfiles diferenciados: organización, responsabilidad y atención al detalle en tareas administrativas y de registro, y empatía y orientación al cliente en ocupaciones de servicio.

En los trabajadores de servicios y ventas, los conocimientos técnicos reflejan también una fuerte especialización ocupacional: preparación de alimentos, seguridad alimentaria y hotelería; gestión comercial y relación con clientes; y cuidados personales y competencias sanitarias. Las habilidades socio-emocionales se adaptan a la naturaleza de cada actividad, con mayor peso de trabajo en equipo y orientación al cliente en hotelería y ventas, y de empatía, paciencia y responsabilidad en cuidados personales.

Los grupos vinculados con oficios, producción y transporte muestran una correspondencia igualmente estrecha entre habilidades demandadas y contenido del trabajo. En las ocupaciones de construcción, metalurgia y electricidad predominan competencias técnicas específicas como albañilería, plomería, soldadura, electricidad, electromecánica y operación de maquinaria, mientras que las habilidades socio-emocionales más frecuentes son trabajo en equipo, responsabilidad, atención al detalle y resolución de problemas. Los operadores de plantas, máquinas y conductores presentan perfiles centrados en operación de equipos, líneas de producción, normas de seguridad y conducción profesional, acompañados por habilidades como responsabilidad, puntualidad y organización.

Finalmente, las ocupaciones elementales demandan principalmente competencias operativas relacionadas con limpieza, higiene, manipulación de materiales, logística y seguridad laboral, junto con habilidades socio-emocionales asociadas a responsabilidad, puntualidad, trabajo en equipo y cumplimiento de procedimientos.

La experiencia laboral sigue siendo un requisito central para acceder al empleo

Más allá de las habilidades, la experiencia laboral continúa desempeñando un papel central en las decisiones de contratación. En tres de los cuatro países analizados, alrededor del 85% o más de las vacantes requieren experiencia previa, una barrera importante para los jóvenes que buscan insertarse por primera vez en el mercado laboral. Aunque la incidencia es menor en Brasil, la experiencia continúa siendo un requisito presente en más de la mitad de las ofertas publicadas.

En cuanto a la educación, las empresas demandan principalmente trabajadores con educación secundaria o superior, mientras que las vacantes dirigidas a personas con bajos niveles educativos representan una proporción reducida de los anuncios publicados en los portales de empleo.

Educación y experiencia son complementarias, no sustitutas

Adicionalmente, la evidencia muestra que las empresas no consideran la educación formal y la experiencia laboral como atributos intercambiables. Por el contrario, las ofertas que requieren mayores niveles educativos también son, en general, las que con mayor frecuencia exigen experiencia previa. Este patrón sugiere que los empleadores valoran simultáneamente distintas dimensiones del capital humano: mientras la educación aporta conocimientos generales y capacidades transferibles, la experiencia laboral proporciona habilidades prácticas, conocimientos específicos del puesto y familiaridad con los procesos de trabajo.

Conclusiones

Las transformaciones tecnológicas asociadas con la digitalización y la inteligencia artificial están modificando el contenido del trabajo y, con ello, las competencias que demandan las empresas. Sin embargo, la evidencia presentada en este estudio muestra que estos cambios son más graduales y heterogéneos de lo que con frecuencia sugiere el debate público. A partir de más de un millón de ofertas de empleo publicadas en Argentina, Brasil, Colombia y México, el análisis aporta nueva evidencia sobre cómo se configura actualmente la demanda de habilidades en cuatro de las principales economías de América Latina.

Uno de los principales mensajes que emerge del trabajo es que las empresas buscan perfiles laborales crecientemente multidimensionales. La contratación ya no se basa en una única competencia o credencial, sino en la combinación de distintos atributos que se refuerzan mutuamente. Las habilidades técnicas continúan constituyendo el núcleo de la demanda laboral, pero aparecen sistemáticamente acompañadas por habilidades socio-emocionales y, cuando están presentes, por habilidades relacionadas con la inteligencia artificial. La educación formal y la experiencia laboral no parecen actuar como sustitutos, sino como dimensiones complementarias del capital humano que los empleadores valoran de manera conjunta.

En este contexto, la IA todavía representa una proporción reducida de los requerimientos explícitos de contratación. No obstante, su incorporación resulta claramente visible en determinados segmentos del mercado laboral y presenta patrones ocupacionales bien definidos. Lejos de observarse una difusión homogénea, las habilidades relacionadas con IA se concentran en ocupaciones con un mayor contenido digital y tecnológico, mientras que su presencia continúa siendo muy limitada en aquellas caracterizadas por tareas predominantemente manuales o por una interacción interpersonal intensiva. Incluso dentro de las ocupaciones donde la IA comienza a ganar relevancia, las competencias demandadas difieren sustancialmente según el contenido de las tareas, reflejando formas diversas de incorporación de estas tecnologías en los procesos productivos.

La comparación entre los portales tradicionales de empleo y las plataformas de trabajo freelance refuerza esta idea. Ambos segmentos comparten una base común de habilidades técnicas y socio-emocionales, pero difieren en la intensidad con que demandan competencias digitales y de inteligencia artificial, reflejando tanto la distinta composición ocupacional de los puestos ofrecidos como la diferencia en la naturaleza de la relación laboral ofrecida en cada tipo de portal.

Desde la perspectiva de las políticas públicas, estos resultados ponen de relieve la importancia de promover sistemas de educación y formación capaces de desarrollar perfiles integrales, combinando conocimientos técnicos específicos, competencias digitales y habilidades socio-emocionales. Al mismo tiempo, la marcada heterogeneidad observada entre ocupaciones sugiere que las estrategias de formación y reconversión laboral deberían adaptarse a las características de los distintos segmentos del mercado de trabajo, en lugar de asumir una difusión uniforme de la inteligencia artificial.

Finalmente, el trabajo demuestra el potencial de las ofertas de empleo como fuente de inteligencia del mercado laboral para monitorear la evolución de la demanda de habilidades en tiempo casi real. Si bien estas fuentes presentan limitaciones —particularmente en economías con elevados niveles de informalidad—, constituyen una herramienta valiosa para identificar cambios emergentes en los perfiles ocupacionales y complementar la información proveniente de encuestas de hogares y registros administrativos. Integrar estas distintas fuentes permitirá comprender con mayor precisión cómo la inteligencia artificial y otras tecnologías están transformando la demanda de trabajo en América Latina.

El Gobierno nacional envió un proyecto de ley para modificar la Carta Orgánica del Banco Central, que describe los objetivos, atribuciones y diseño institucional del organismo, asemejándose a su ‘constitución’. En el último Informe de coyuntura macroeconómica del IIEP analizamos el proyecto, el cual prevé las siguientes modificaciones: 1) cambiar el mandato del BCRA, que pasa de comprender cinco elementos (estabilidad monetaria, estabilidad financiera, empleo, desarrollo económico y equidad social) a un único objetivo de preservar el valor de la moneda; 2) fortalecer su independencia, dificultando la remoción de los miembros del directorio y eliminando la presencia del Ministerio de Economía en él; 3) prohibir el financiamiento al sector público mediante Adelantos Transitorios; 4) dejar de transferir al Tesoro las utilidades contables que surjan de revaluaciones de sus activos.

A su vez, se anunciaron cambios en el mercado de capitales y de seguros, y una ley de ‘grillete fiscal’, cuyo proyecto todavía no está disponible. Esta última se asemeja a un shutdown o paralización de la mayoría de los gastos del Estado que se gatillaría toda vez que haya varios meses consecutivos con déficits fiscales. En este sentido, difiere de la versión estadounidense, en la cual se inspira, que disrumpe los servicios públicos frente a la falta de aprobación de las leyes de presupuesto, y no por los resultados fiscales observados.

El argumento para justificar la reforma del BCRA es el combate a la inflación, entendiendo que una mayor independencia operativa puede evitar la intromisión de las autoridades políticas sobre las decisiones que corresponden al Banco. El principal aspecto señalado es el financiamiento monetario del déficit: al limitar la injerencia del ejecutivo sobre la autoridad monetaria, se impediría que un Gobierno aumente sus gastos de forma incongruente con sus recursos y abuse de la emisión monetaria. En los últimos 20 años, el BCRA giró US$ 95.000 millones de Adelantos Transitorios en pesos, y más de US$ 200.000 millones si también incluimos transferencias de utilidades muchas veces basadas en una suba de la valuación contable de las reservas medidas en moneda doméstica.

Más allá de la excesiva emisión de pesos, el BCRA también asistió al Tesoro con más de US$ 80.000 millones para cancelar deudas externas desde 2005. Los distintos gobiernos también intervinieron en decisiones de política monetaria/cambiaria para reducir la tasa de interés a fines de 2017, crear el Programa de Incremento Exportador (conocido como dólar soja) en 2022 e incluso durante esta gestión, que se atribuyó la eliminación de las LEFIs.

Teniendo en cuenta esta experiencia, consideramos que fortalecer la independencia es una búsqueda positiva y, aunque no tendrá resultados inmediatos, sí mejoraría la ejecución de políticas y sus resultados en el largo plazo. A nivel global, la separación creciente entre el Gobierno y el Banco Central ha sido la norma en los últimos 50 años, incluyendo a los países de nuestra región (Romelli, 2024). Argentina, en cambio, se alejó de esta dirección con las reformas de 2003 y 2012. La última de ellas significó un grave retroceso, incluyendo un mandato con cinco objetivos, la subordinación de la política monetaria a las decisiones del Gobierno y la ampliación de los límites para financiar al Tesoro. La reforma busca volver atrás con estos cambios, incluso sobreactuando la magnitud de la reversión. Por ejemplo, va más lejos que otros países de la región al establecer un mandato único, ya que Chile, Paraguay y Uruguay tienen objetivos adicionales a la estabilidad de precios, como la estabilidad financiera.

Otro diseño posible es el de la Reserva Federal de Estados Unidos. Dado que la política monetaria tiene efectos en igual sentido sobre la actividad económica y la inflación, este organismo balancea la disyuntiva entre afectar al producto y sobrecalentar la economía con un mandato dual. Así, busca en simultáneo la estabilidad de precios y el máximo empleo. De este modo, prioriza impulsar el crecimiento cuando este es bajo y bajar la inflación cuando la misma supera un valor de referencia.

Consideramos que haber elegido un mandato único en lugar de uno dual puede ser problemático si se combina con el anunciado ‘grillete fiscal’. Como los ingresos públicos son procíclicos (suben durante las expansiones y caen en las recesiones), la nueva regla de equilibrio presupuestario permanente obligaría a recortar gastos durante las crisis. Esto impediría al fisco estimular la actividad económica cuando más se necesita, algo que tampoco hará el Banco Central. En un escenario de contracción de la oferta agregada (en el que suben los precios y cae el producto), el nuevo mandato único del BCRA llevaría al organismo a una política contractiva, sin considerar los efectos de la misma sobre la actividad. Para peor, la caída de la recaudación llevaría al Tesoro a ajustar los gastos públicos, agravando innecesariamente la crisis.

La inflación baja es un bien público que el Estado debe proveer y por eso celebramos la potencial mejora de la autonomía del BCRA. No obstante, la suavización del ciclo económico también lo es. Si ni la autoridad monetaria ni la fiscal atienden el nivel de la actividad económica, ¿quién hará políticas contracíclicas para estabilizar los vaivenes del producto?

El ratio de irregularidad de las financiaciones a las familias con el sistema bancario formal (deudores que observan atrasos con riesgo medio, alto o irrecuperable) se estima que se situó en junio de 2026 en un 12,7% de la cartera, frente a 9,3% en diciembre de 2025 y 2,5% en diciembre de 2024.

El cuadro es más severo entre los proveedores no financieros de crédito (PNFC), que incluye emisores no bancarios de tarjetas. Allí la irregularidad alcanzó 26,9% en febrero (último dato disponible), que se desagrega en un 34,1% en préstamos personales y 19,4% en tarjetas de crédito. Estos proveedores no son marginales, financian a más de 12 millones de personas, con una participación mayoritaria de las fintech. Los PNFC, con un mayor espacio para atender segmentos poco cubiertos por la banca tradicional, han quedado expuestos a un riesgo mayor, lo que amerita buscar algunas razones detrás este resultado.

El shock crediticio

El comienzo del proceso puede fecharse al inicio de la desinflación observada durante la primera mitad de 2024. La rápida reducción de la incertidumbre y el aumento del horizonte de planeamiento financiero despejó el camino para un despegue del crédito privado en pesos (todos los datos a continuación surgen de los informes del BCRA).

A lo largo de 2024, este indicador creció 49,4% interanual en términos reales; los préstamos al consumo aumentaron 70%, con una expansión de 144% en los personales y de 41% en las tarjetas. Desde julio hasta diciembre se incorporaron, en términos netos, 1,3 millones de deudores al sistema financiero ampliado.

El proceso continuó durante 2025. En diciembre, casi 20 millones de personas registraban algún financiamiento, equivalentes a 55% de la población adulta, y el saldo promedio real por deudor había aumentado 25% en el año. El crédito digital llegó a 6,7 millones de usuarios y sumó dos millones de deudores en un año.

El contexto macro

La vuelta del crédito a las familias no representó una mera aceleración dentro de un mercado maduro, sino la reapertura de una oportunidad que durante años había estado ausente o muy restringida. Esta novedad suele activar usualmente el consumo postergado, como la compra de durables, las reformas del hogar, o algún gasto postergado de salud.

Las buenas noticias en términos de actividad e ingresos reforzaron aquella decisión de endeudarse. Los salarios reales comenzaron a recuperarse durante el segundo trimestre de 2024, activando expectativas favorables en los ingresos familiares. Pero en realidad, los ingresos se percibieron mejorados gracias al rezago típico de los salarios reales con relación a la inflación. Cuando la inflación desacelera con rapidez, el poder adquisitivo se recupera en los meses siguientes, ya que el salario suele ajustar de acuerdo con la inflación pasada. Estas son circunstancias en las que las previsiones de futuro tienden a mejorar. Y desde luego, la prociclicidad del crédito retroalimenta los efectos positivos al promover el consumo, validando en lo inmediato las expectativas positivas.

Esta recuperación, sin embargo, pronto probó ser transitoria. En la primera mitad de 2025 el crecimiento ya había perdido potencia, la cantidad de ocupados empezó a caer, y los salarios reales se estancaron. Por otra parte, la creciente asimetría de la dinámica de ingresos entre sectores y condiciones de actividad, implicaron una distribución heterogénea de la mejora de ingresos para cada familia endeudada.

Podría presumirse que, del lado de la oferta de crédito, las tasas nominales activas habían descendido lo suficiente como para incentivar la demanda de nuevos préstamos. Pero si bien la tasa nominal bajó en 2024 de la mano de un recorte de la tasa de política del BCRA de 100% a comienzos de año hasta 40% en mayo, el traslado a las tasas de consumo fue desigual. La tasa anual promedio de los préstamos personales cayó de aproximadamente 137% en enero a 64% en junio y la tasa de las tarjetas descendió bastante menos: de 119% a 102%. A fines de 2024, los préstamos personales pagaban cerca de 71% y las tarjetas casi 89%. Aun con expectativas de inflación al alza, estos números significan tasas reales elevadísimas, de entre 20% y 50% anual según la especie. Las predicciones de mayor inflación necesarias para compensar estos costos financieros no estaban en ningún radar del análisis.

Esto significa que la toma de crédito de los hogares no se basó únicamente, como en el pasado, en la oportunidad objetiva de aprovechar tasas negativas netas de inflación, sino en la reaparición de la oportunidad novedosa de acceso al crédito con expectativas favorables del ingreso familiar y, seguramente, con un fuerte contenido publicitario de los oferentes. Aún así, no es descabellado pensar que algunos hogares proyectaron hacia el futuro la experiencia previa de inflación elevada y subestimaron la persistencia real de las cuotas de los créditos.

Racionalidad financiera y mora

La actitud oficial frente a la suba en los indicadores de mora familiar consistió en insistir en la naturaleza privada de los contratos celebrados, establecidos bajo plena autonomía de las partes. Así, cualquier circunstancia inesperada que haya impedido completarlo debía y debe ser negociada estrictamente entre los involucrados, sin intervención estatal.

El argumento de la soberanía contractual es aceptable en principio, pero asume que las decisiones individuales pueden ser suficientemente eficaces para considerar racionalmente la evolución de las condiciones futuras para efectivizar la devolución de los créditos. En particular, esta tarea puede ser afectada por limitaciones cognitivas que propician errores de decisión, documentadas por la Economía del Comportamiento. Veamos algunas de ellas.

Extrapolación de expectativas. La recuperación transitoria del salario y de la actividad pudo ser interpretada como el inicio de una trayectoria persistente. La idea, en su versión macro, ha sido promovida por nuestro colega y maestro Daniel Heymann. En el tema que nos ocupa, D’Acunto, Weber y Yin (2024) utilizan datos de transacciones, registros crediticios y encuestas, y encuentran que los hogares estadounidenses tienden a extrapolar en exceso los shocks positivos de ingreso: elevan el gasto y la deuda y posteriormente exhiben una mayor tasa de incumplimiento.

Aprendizaje e ilusión monetaria. Las expectativas de inflación dependen en parte de la inflación vivida por cada persona, y las experiencias recientes reciben un peso desproporcionado (Malmendier y Nagel, 2016). En Argentina, una larga historia de nominalidad alta pudo consolidar la expectativa de que la dinámica de precios reduciría rápidamente el peso de las cuotas fijas. La ilusión monetaria agrega otra dificultad: las personas comprenden parcialmente las magnitudes reales, pero sus juicios están influidos por la representación nominal más saliente (Shafir, Diamond y Tversky, 1997). La cuota inicial, el monto acreditado y la tasa nominal son visibles; la trayectoria esperada de la cuota sobre el ingreso real exige un cálculo adicional y depende de un régimen macroeconómico incierto.

Alfabetización financiera. La evidencia indica que los costos financieros compuestos suelen evaluarse como si crecieran linealmente. Stango y Zinman (2009) muestran que los hogares con mayor sesgo tienden a subestimar tasas implícitas, endeudarse más y ahorrar menos. Varios trabajos de Annamaria Lusardi (2025, 2015) establecen una relación estrecha entre baja alfabetización relacionada con las deudas, el uso de formas costosas de financiamiento y el sobreendeudamiento.

Framing (encuadre). Los contratos financieros suelen presentarse con intenciones publicitarias, haciendo énfasis en la cuota a pagar con relación al monto de préstamo. En cambio, el costo financiero total, las comisiones, los seguros y las condiciones de refinanciación tienden a ser menos salientes. En un experimento de campo con ofertas reales de crédito, Bertrand y colaboradores (2010) hallaron que modificaciones aparentemente periféricas del mensaje publicitario alteraban significativamente la demanda, en magnitudes semejantes a las que surgían de una reducción importante de la tasa.

Contabilidad mental. La teoría de la contabilidad mental (Thaler, 1985) sostiene que las personas organizan ingresos, consumos y obligaciones en cuentas separadas, en lugar de consolidarlos en un único balance. Es común que los gastos de tarjeta de crédito se asocien a gastos corrientes, pero los préstamos suelen tener por objeto un gasto puntual excepcional. La aparición de las cuotas permite transformar mentalmente esa compra en un gasto corriente más. Si bien cada cuota parece manejable dentro de su propia categoría, su aparición conjunta a fin de mes suele traer sorpresas. Cuando esos saldos no se pagan, se producen deudas en gastos que “se volvieron” corrientes, y que crecen a tasas elevadísimas, produciendo problemas financieros serios.

Anclaje en el pago mínimo. El pago mínimo de una tarjeta es una regla contractual arbitraria, pero también puede actuar como referencia psicológica. Stewart (2009) mostró que explicitar un pago mínimo reduce el pago elegido por consumidores que, en su ausencia, habrían cancelado una suma mayor.

Vulnerabilidad financiera y pobreza

La lista recorrida es solo una muestra de sesgos referidos a las finanzas, pero la problemática puede ser más grave para el caso de los hogares vulnerables. Si bien este grupo no necesariamente muestra sesgos de personalidad más intensos, enfrenta un entorno en el que estas desviaciones producen daños mayores. En su libro Scarcity, Mullainathan y Shafir (2013) muestran que la escasez obliga a focalizar en lo urgente, descuidando decisiones que, eventualmente, podrían contribuir a sortear la pobreza estructural. Esto sugiere que los costos de una decisión que a posteriori demostró ser equivocada podría afectar en el largo plazo con mayor fuerza las finanzas y la condición de vida de los más pobres.

La mayor exposición de los hogares vulnerables surge, además, de la arquitectura del mercado. Suelen recibir préstamos de menor monto, mayor costo y menor plazo, deben recurrir muchas veces a proveedores informales y utilizan el crédito para consumos menos postergables (como los necesarios para la supervivencia). Cuando el crédito se flexibiliza, estos sectores se exponen a una multiplicidad de ofertas que no tenían en el pasado, quedando más a merced de tretas publicitarias en vehículos financieros de fácil acceso.

Más allá del riesgo sistémico

La política prudencial financiera debe considerar múltiples dimensiones. Una preocupación macro relevante proviene del potencial riesgo sistémico de las obligaciones impagas. Por ahora, la elevada cobertura mediante previsiones y los niveles de capital indican que el deterioro no amenaza la solvencia agregada del sistema.

Pero esto no significa dejar de considerar los problemas sociales que afectan a grupos particulares. En un país con insuficiente profundidad y experiencia financiera, la capacidad de muchas familias de ejercer decisiones verdaderamente soberanas (entendiendo por esto la capacidad efectiva de decidir con información comprensible y una evaluación razonable de los riesgos) puede ser limitada. La educación financiera puede ayudar, pero es un proceso lento y difícil, y la evidencia disponible sugiere que la información aislada es insuficiente cuando el problema central es falta de ingreso o liquidez (Beshears et al., 2018).

Esto no debe interpretarse como un llamado a restringir el acceso financiero de los hogares vulnerables. La inclusión financiera es un objetivo fundamental de toda política, porque permite a los hogares cubrirse frente a la (todavía elevada) inflación, y realizar inversiones que contribuyan a una efectiva movilidad social, entre otras ventajas. Pero esta inclusión debe contar, a diferencia de lo que se escucha en estos días, de un rol central del Estado para informar y explicar el funcionamiento de las herramientas financieras, identificar la relación entre el estado de la macro y problemas micro de repago, establecer mecanismos de reestructuración para dificultades transitorias, y eventualmente cubrir el rol de prestamista a través de los bancos públicos allí donde el sector privado no llega.

Usualmente la justificación de no intervención se fundamenta en el mantra del “riesgo moral”, que afirma que algunos hogares podrían tener menores incentivos a evaluar cuidadosamente futuros créditos, porque anticipan que una parte del costo será absorbida por terceros. El riesgo moral es una consideración válida, pero su impacto es más intenso cuanto más previsible, generalizada e incondicional sea la asistencia. Una intervención focalizada, excepcional y sujeta a condiciones específicas contribuye a moderar sus costos.

En suma, la hipótesis más probable de lo sucedido es que la mora actual constituye una consecuencia rezagada de la normalización crediticia iniciada en 2024, ocurrida en un contexto institucional y cognitivo particular, donde la economía aún no se ha estabilizado del todo, la expansión digital carece de regulaciones suficientes, y algunos hogares se hallan en circunstancias límite donde se ven obligadas a tomar crédito a costos difíciles de calcular. Las finanzas conductuales permiten explicar cómo la nueva oportunidad de endeudarse fue percibida, evaluada y administrada de manera desigual por las familias. La experiencia podría servir para activar políticas precautorias que, considerando las decisiones reales de las personas, eviten circunstancias similares en el futuro.

Referencias

• Banco Central de la República Argentina (BCRA). Informe sobre Bancos, varias ediciones.

• Banco Central de la República Argentina (BCRA). (2026). Informe de Proveedores No Financieros de Crédito, segundo semestre de 2025.

• Banco Central de la República Argentina (BCRA). (2026d). Informe de Inclusión Financiera, segundo semestre de 2025.

• Bertrand, M., Karlan, D., Mullainathan, S., Shafir, E., y Zinman, J. (2010). What’s advertising content worth? Evidence from a consumer credit marketing field experiment. The Quarterly Journal of Economics, 125(1), 263-306.

• Beshears, J., Choi, J. J., Laibson, D., y Madrian, B. C. (2018). Behavioral household finance. NBER Working Paper 24854.

• D’Acunto, F., Weber, M., y Yin, X. (2024). Subjective income expectations and household debt cycles. NBER Working Paper 32715.

• Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). (2026a). Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos. Primer trimestre de 2026.

• Lusardi, Annamaria (2025), “Improving Financial Literacy: From Corporate Finance to Personal Finance”, CEPR Discussion Paper No. 20924.

• Lusardi, A., y Tufano, P. (2015). Debt literacy, financial experiences, and overindebtedness. Journal of Pension Economics and Finance, 14(4), 332-368.

• Malmendier, U., y Nagel, S. (2016). Learning from inflation experiences. The Quarterly Journal of Economics, 131(1), 53-87.

• Mullainathan, S., & Shafir, E. (2013). Scarcity: Why having too little means so much. Times Books.

• Shafir, E., Diamond, P., y Tversky, A. (1997). Money illusion. The Quarterly Journal of Economics, 112(2), 341-374.

• Stango, V., y Zinman, J. (2009). Exponential growth bias and household finance. The Journal of Finance, 64(6), 2807-2849.

• Stewart, N. (2009). The cost of anchoring on credit-card minimum repayments. Psychological Science, 20(1), 39-41.

• Thaler, R. H. (1985). Mental accounting and consumer choice. Marketing Science, 4(3), 199-214.

En las últimas semanas volvió a instalarse en la agenda pública la discusión sobre el financiamiento de los estudiantes extranjeros en las universidades públicas argentinas. Antes de analizar quién debe pagar y cuánto, es necesario identificar la magnitud del fenómeno, evaluar los costos que conlleva y los beneficios que se generan y reconocer que su distribución dentro del sistema universitario es profundamente desigual.

Los datos muestran que los estudiantes extranjeros representan una proporción relativamente baja de la matrícula universitaria argentina, aunque están muy concentrados en algunas instituciones y carreras, particularmente relacionadas con la Medicina. También dan cuenta de que su presencia impulsa la actividad económica y la recaudación tributaria, así como los vínculos internacionales y la formación de capital humano. Estos elementos obligan a abordar la discusión desde una perspectiva que contemple no solo los costos que supone la gratuidad universitaria para estos estudiantes, sino también los beneficios que aquellos generan, así como también su distribución en términos institucionales y de disciplinas.

Una presencia acotada y desigual

Conviene comenzar por una distinción básica internacionalmente adoptada. Un estudiante extranjero es una persona cuya nacionalidad es diferente de la del país en el que estudia. Un estudiante internacional, en cambio, es quien se trasladó a otro país específicamente para cursar estudios. Ambas categorías no son equivalentes. Algunos extranjeros llegaron a la Argentina durante su infancia, migraron con sus familias o se instalaron por motivos laborales u otros, y luego comenzaron una carrera universitaria. Además, la residencia temporal, transitoria o permanente es una condición migratoria que puede cambiar durante la trayectoria académica y no modifica la nacionalidad del estudiante. Por eso, el número de estudiantes extranjeros es necesariamente mayor que el de estudiantes internacionales en sentido estricto. Las estadísticas universitarias argentinas registran principalmente la nacionalidad otorgando mayores precisiones sobre los extranjeros que sobre los internacionales.

La distinción también es relevante desde un punto de vista administrativo. Para cursar carreras completas, los estudiantes extranjeros deben acreditar ante las instituciones una situación migratoria admitida, con algún grado de residencia en el país. La nacionalidad, la condición migratoria y el motivo por el cual una persona decide trasladarse o instalarse en el país constituyen, por lo tanto, dimensiones diferentes para profundizar el análisis.

En 2023, último año con datos oficiales publicados, había 126.589 estudiantes extranjeros en carreras de grado, pregrado y posgrado de universidades argentinas. Alrededor de tres cuartas partes estudiaban en instituciones públicas. La entonces Secretaría de Políticas Universitarias contabilizó en ese año un total de 82.797 estudiantes de pregrado y grado en instituciones universitarias estatales, equivalentes al 4,1% de la matrícula de esos niveles. En el posgrado, cuyos programas son arancelados, la proporción más que se duplicaba: los estudiantes extranjeros representaban cerca del 10% de la matrícula total y el 9,1% de la correspondiente al sector estatal.

A su vez debe contemplarse que no todos los extranjeros matriculados en los programas bajo análisis llegaron al país para estudiar. En Curcio, Leone y Simonini (2025) se estima que la proporción de estudiantes extranjeros movilizados para cursar carreras completas de grado en universidades públicas en el país es del 41,2% de los extranjeros inscriptos1, o sea que el sistema universitario nacional contó con sólo 34.078 estudiantes internacionales de grado en universidades públicas en 2023 (apenas el 1,7% del total de estudiantes de esos niveles en ese año).

La incidencia, sin embargo, varía considerablemente entre las ramas de estudio. En carreras vinculadas con Ciencias de la Salud, los estudiantes extranjeros representan el 10,9% de la matrícula estatal de pregrado y grado; en Ciencias Aplicadas, la participación se reduce al 3,1%; en Ciencias Humanas, al 2,3%; en Ciencias Básicas, al 2,2%; y en Ciencias Sociales, al 2,1%. La presencia extranjera no constituye, por lo tanto, un fenómeno generalizado con la misma intensidad en toda la universidad pública, sino que se encuentra fuertemente concentrada en las carreras ligadas con la medicina.

Luchilo (2024) muestra además, que el fenómeno sobre las carreras de medicina se concentra en pocas instituciones. La UBA, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Rosario y el Instituto Universitario de Ciencias de la Salud Fundación Barceló reunían más del 80% de los estudiantes internacionales de Medicina en 2022.

Proporción de estudiantes de pregrado y grado en universidades estatales argentinas
según nacionalidad y rama disciplinaria (2023)

En términos agregados no se trata de una presencia masiva. El 4,1% de estudiantes extranjeros de grado en universidades públicas argentinas se sitúa muy por debajo del promedio de 7,4% entre los países miembros de la OCDE. La proporción es cercana a la correspondiente a España (4%) y resulta sustancialmente menor a las de Francia, Alemania, Canadá o el Reino Unido donde dichas relaciones alcanzan al 9,7%, 12,7%, 21,2% y 23,4% respectivamente (OCDE, 2025b).

La UBA y la concentración en algunas disciplinas

La Universidad de Buenos Aires recibe una parte significativa de los estudiantes extranjeros del país. Su evolución presenta dos rasgos centrales: una expansión en los últimos años y, al igual que a nivel nacional, una fuerte concentración en determinadas disciplinas. Entre 2017 y 2023, la cantidad de estudiantes extranjeros de grado y pregrado se duplicó, al pasar de 18.891 a 38.185. En el resto del país, la cantidad de estudiantes extranjeros también creció significativamente, aunque a un ritmo algo menor. Como resultado, la participación de la UBA en el total de extranjeros de las universidades estatales pasó del 41% en 2017 al 48% en 2022. A partir de 2023, la matrícula de extranjeros UBA comenzó a bajar, pasando a 35.758 estudiantes en 2024 y a 32.748 en 2025. En este último año con datos agregados disponibles, los extranjeros representaban el 10,9% de los estudiantes de la universidad en pregrado y grado.

Estudiantes extranjeros de pregrado y grado en la UBA. Total y proporción en universidades estatales argentinas (2017-2025)

La composición por nacionalidad permite precisar aún más esta concentración. En el conjunto del sistema universitario argentino, Brasil era en 2022 el principal país de origen de estudiantes de otras nacionalidades, con 24.219 estudiantes equivalentes al 19,7% del total de extranjeros. En la UBA, en 2023, los brasileños eran 6.944 y representaban el 18,2% de la matrícula extranjera, apenas por debajo de los estudiantes de origen peruano, que alcanzaban el 18,6%. Brasil no era, por lo tanto, el principal origen de la UBA en su conjunto, aunque sí uno de los dos grupos claramente predominantes.

El promedio UBA de estudiantes extranjeros UBA, sin embargo, oculta diferencias muy importantes entre unidades académicas. En la Facultad de Medicina la ratio alcanzaba al 26% y en Odontología el 20% del total de estudiantes en 2025. En Ingeniería representa el 12%, levemente por encima del promedio de la universidad. En el otro extremo, la participación es cercana al 4% en Derecho y Filosofía y Letras (en línea con el promedio nacional). La presencia extranjera, por lo tanto, no se distribuye uniformemente: se concentra especialmente en carreras vinculadas con la salud.

La presencia brasileña se vuelve especialmente significativa al observar la carrera de Medicina en la UBA. En 2023, los extranjeros representaban el 38,3% de sus estudiantes y los brasileños, por sí solos, el 14,1% de la matrícula total de la carrera. Ninguna otra nacionalidad alcanzaba una participación comparable, a diferencia de la situación para la UBA en su conjunto. La concentración, entonces, no es solamente institucional y disciplinaria: también presenta un componente marcado según el país de origen en este caso específico.

La Facultad de Medicina de la UBA también explica buena parte de la evolución reciente. Entre 2024 y 2025, su matrícula extranjera disminuyó de 20.692 a 17.979 estudiantes. Esa reducción de 2.713 personas representa alrededor del 90% de la caída total registrada por la UBA en esos años. Los datos preliminares de 2026 sugieren que la reducción se continúa profundizando. Los ingresantes de esa facultad con residencia temporal, transitoria o precaria representan el 6,1% de los inscriptos en dicha unidad académica. En consecuencia, la participación extranjera de la matrícula de la Facultad de Medicina se situaría en torno al 24% en el año en curso.

Para el promedio de la UBA, los extranjeros con residencia temporal, transitoria o precaria representaron el 2,5% de los ingresantes (70 mil). Por debajo del registro mencionado en Medicina, que es el de mayor proporción, se sitúan Odontología (4,1% de los ingresantes) e Ingeniería, (2,7%). En las demás facultades los nuevos extranjeros representan proporciones inferiores al 2% de los ingresantes en 2026.

Proporción de estudiantes extranjeros de pregrado y grado en la UBA según unidad académica (2025)

La caída abrupta de estudiantes internacionales en la UBA puede deberse, entre otras razones, al encarecimiento del costo de vida en el país, sumado a la mayor exigencia de acreditación de idioma español para aspirantes provenientes de países no hispano hablantes que opera desde finales de 20232.

Los datos presentados señalan, en suma, que no existe una presión homogénea sobre todo el sistema universitario ni sobre todas las facultades. El fenómeno combina una presencia relativamente baja en numerosas disciplinas con niveles muy elevados en algunas carreras especialmente vinculadas con las ciencias de la salud y con origen brasileño de manera predominante.

Por qué vienen a estudiar a la Argentina

La llegada de estudiantes internacionales responde a una combinación de factores. Las universidades argentinas cuentan con reconocimiento académico, ofrecen carreras con financiamiento público y presentan condiciones de ingreso menos restrictivas que las existentes en otros países de la región. También influyen, en el caso de los países vecinos, la proximidad geográfica, los vínculos culturales, las redes familiares, las posibilidades de inserción laboral y el atractivo de ciudades universitarias como Buenos Aires, La Plata y Rosario, entre otras.

En el caso de Brasil se agrega un factor institucional específico. El acuerdo bilateral migratorio vigente entre la Argentina y Brasil establece un mecanismo facilitado para que los nacionales de ambos países transformen residencias transitorias o temporarias en permanentes y regularicen su situación migratoria. Si bien no se trata de una residencia automática, el régimen reduce las barreras administrativas para instalarse en el país y puede haber contribuido a facilitar trayectorias educativas de larga duración. El Acuerdo sobre Residencia del Mercosur y las normas aplicables a sus Estados asociados también favorecen la movilidad regional; la particularidad del caso brasileño reside en la existencia de este instrumento bilateral complementario que profundiza las facilidades migratorias.

En cuanto al peso de los estudiantes extranjeros en Medicina, las restricciones de acceso en los países de origen son especialmente importantes. En Brasil por ejemplo, durante 2022 se presentaron alrededor de 963.500 aspirantes para menos de 47.000 vacantes. En promedio, ingresó solamente uno de cada veinte candidatos. En las universidades públicas brasileñas, la competencia fue incluso mayor (Luchilo, 2024). La Argentina aparece así como una alternativa para una demanda educativa que los sistemas universitarios de origen no logran absorber.

La elevada presencia brasileña, particularmente en Medicina, puede explicarse así por la combinación de varios factores: las fuertes restricciones de acceso en el sistema universitario de origen, la ausencia de cupos equivalentes en numerosas instituciones argentinas, el financiamiento público de los estudios y un marco migratorio bilateral que facilita la residencia. La expansión fue, en gran medida, espontánea. Esa ausencia de planificación explica que el debate se haya concentrado en cómo reaccionar frente a los estudiantes que ya están aquí, en lugar de preguntarse qué tipo de internacionalización necesita el país.

Los estudiantes internacionales también generan recursos

Los estudiantes internacionales no son solamente usuarios de servicios educativos. Durante varios años viven en la Argentina, alquilan viviendas, compran alimentos, utilizan transporte, contratan servicios, realizan actividades culturales y reciben visitas de familiares y amigos. En Curcio, Leone y Simonini (2025) se estima que los gastos realizados por los estudiantes internacionales y las visitas asociadas generaron en 2023 un impacto económico de aproximadamente $455.512 millones (unos USD 1.470 millones al tipo de cambio oficial promedio de ese año equivalentes a 0,24% del PIB). Además, solo por IVA e Ingresos Brutos, la recaudación atribuible a esos consumos ascendió a alrededor de $67.041 millones (USD 216 millones3). La estimación no incluye otros impuestos nacionales, provinciales y municipales que también se originan directa o indirectamente en relación con esas actividades.

Desde esta perspectiva, la educación internacional puede considerarse una exportación de servicios: el servicio se presta dentro del país, pero una parte importante de los recursos utilizados para financiar la estadía proviene del exterior. La OCDE estima que los ingresos directos por exportaciones vinculadas con estudiantes internacionales superaron los 110.000 millones de euros en sus países miembros en 2019.

Por otra parte, la contribución no se agota en el consumo. La OCDE identifica entre los beneficios para los países receptores la formación de redes sociales y comerciales con los países de origen y la posibilidad de incorporar posteriormente investigadores y profesionales altamente calificados. La presencia de estudiantes internacionales también constituye una señal del atractivo y de la calidad percibida del sistema universitario del país receptor.

Quienes permanecen en el país después de graduarse pueden convertirse en una fuente de trabajadores calificados con externalidades significativas. La experiencia internacional muestra que los antiguos estudiantes constituyen una vía importante de ingreso a la migración laboral. En varios países, sus tasas de empleo de largo plazo son similares a las de los migrantes que ingresaron directamente por motivos laborales y presentan menores niveles de sobrecalificación los de otros grupos migratorios. Es decir, tienen una probabilidad más baja de desempeñarse en puestos que requieren un nivel educativo inferior al que efectivamente poseen. Ello supone un mejor aprovechamiento de las capacidades adquiridas y reduce la pérdida de capital humano asociada a la inserción en empleos por debajo de su calificación.

Esto es particularmente relevante para la Argentina. Cuando un graduado extranjero se queda, trabaja y paga impuestos en el país, la inversión realizada en su formación se incorpora al sistema productivo y fiscal local. Desde el punto de vista económico, lo decisivo no es su nacionalidad, sino el lugar donde desarrolla posteriormente su actividad profesional. Un argentino formado con recursos públicos que emigra puede representar una pérdida fiscal comparable a la de un extranjero que se gradúa y regresa a su país.

Innovación, redes y diversidad en las aulas y en los centros de investigación

La internacionalización también genera beneficios menos visibles en el corto plazo, pero relevantes para el desarrollo universitario. En el caso de Estados Unidos, Chellaraj, Maskus y Mattoo (2008) encontraron una asociación positiva entre la presencia de estudiantes extranjeros de posgrado y la producción futura de patentes, tanto dentro como fuera de las universidades. Se trata de un resultado específico para estudiantes de posgrado y para el sistema estadounidense, pero muestra un mecanismo importante: atraer estudiantes avanzados puede ampliar la capacidad de investigación y creación de conocimiento del país receptor.

La diversidad también puede beneficiar a los estudiantes locales. Luo y Jamieson-Drake (2013), utilizando información de tres cohortes de graduados, encontraron que los estudiantes domésticos que mantenían una interacción más intensa con compañeros internacionales reportaban un mayor desarrollo en distintas dimensiones personales e intelectuales. La internacionalización, por lo tanto, no beneficia exclusivamente a quienes se trasladan: también puede enriquecer la experiencia educativa de quienes permanecen en su país.

Se deben considerar también la creación de redes académicas, la cooperación entre instituciones, la circulación internacional del conocimiento y la reputación que adquiere una universidad capaz de atraer estudiantes de otros países. En Curcio, Leone y Simonini (2025) se destaca que esos vínculos fortalecen el capital humano, la proyección global de las universidades y las relaciones regionales de cooperación científica.

Los beneficios mencionados no aparecen automáticamente. Para que la diversidad produzca una verdadera internacionalización es necesario promover la interacción académica, facilitar la integración y evitar que los estudiantes extranjeros permanezcan aislados de la comunidad universitaria local.

Los costos tienen escalas variables y no son iguales en todas las carreras

Por el lado de los costos, en el mencionado estudio del IIEP se señala que incorporar un estudiante adicional en los cursos ya instalados suele ser considerablemente menor que el costo promedio por alumno. Las universidades tienen edificios, autoridades, infraestructura y parte de su planta docente independientemente de que un curso tenga algunos estudiantes más o menos. Por esa razón, en muchas carreras el costo marginal es reducido. De hecho, la presencia de una matrícula mayor permite distribuir los costos fijos entre más estudiantes y aprovechar economías de escala. El costo promedio no debe confundirse, entonces, con el costo que efectivamente genera cada nuevo ingreso.

Pero tampoco es razonable suponer que el costo marginal siempre es cero. Cuando se supera la capacidad existente, es necesario abrir nuevas comisiones, contratar docentes, ampliar laboratorios o incorporar lugares de práctica. Esto es especialmente importante en Medicina, Odontología, Veterinaria, Ingeniería y otras disciplinas que requieren equipamiento, hospitales, trabajo en grupos reducidos y supervisión intensiva. Medicina y Odontología constituyen entonces casos particulares no solo por la elevada concentración de estudiantes extranjeros, sino también por las características de su enseñanza. En estas facultades la expansión puede requerir recursos adicionales y justificar un tratamiento presupuestario específico a ser considerado.

El problema a resolver

La sociedad argentina no puede cerrar sus universidades a los estudiantes extranjeros ni ignorar sus restricciones presupuestarias. Necesita formular mejor el problema a resolver.

Cobrar o excluir según la nacionalidad es una respuesta simplista para una dificultad mucho más compleja (además de requerir un cambio normativo en el esquema actual que prohíbe el arancelamiento en los niveles de grado y pregrado en universidades estatales). No resuelve los problemas generales de acceso, abandono, duración de las carreras, calidad educativa, infraestructura ni distribución de los recursos. Tampoco reconoce los beneficios económicos, académicos y estratégicos de la internacionalización.

Es legítimo discutir las reglas de acceso a la universidad. Pero ese debate debería alcanzar a todos los estudiantes sin distinción de nacionalidad y basarse en criterios académicos transparentes, en la capacidad de las instituciones y en el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades, prestación de servicios de calidad y distribución justa del financiamiento.

En relación con el financiamiento las universidades requieren recursos que contemplen la matrícula efectivamente atendida, la regularidad y el avance de los estudiantes, las diferencias de costo entre disciplinas y los saltos de capacidad que requieren abrir cursos, ampliar laboratorios o incorporar prácticas profesionales.

Del mismo modo, las becas y ayudas económicas deberían asignarse principalmente según las condiciones socioeconómicas y las trayectorias educativas. Dos estudiantes con las mismas necesidades y el mismo desempeño no deberían recibir un trato diferente únicamente por el color de su pasaporte.

Finalmente, la internacionalización debe dejar de ser un fenómeno espontáneo. La Argentina necesita mejores estadísticas que posibiliten diagnósticos más precisos, coordinación entre las políticas universitarias y migratorias, acuerdos con otros países, mecanismos de integración lingüística y académica, políticas para diversificar las disciplinas que reciben estudiantes y estrategias para facilitar la permanencia de los graduados que puedan aportar en áreas con escasez de profesionales o vacancias de oportunidad en el país.

La discusión no debería comenzar preguntando cuánto cobrarle a alguien por el lugar donde nació. Se trata de construir una universidad abierta, exigente, inclusiva y financieramente sostenible. El problema no es el exceso de internacionalización. Es la falta de planificación para aprovecharla y financiarla de forma adecuada.

Referencias

• Chellaraj, G., Maskus, K. E., & Mattoo, A. (2008). The contribution of international graduate students to US innovation. Review of International Economics, 16(3), 444–462.

• Curcio, J., Leone, J. y Simonini, F. (2025). Análisis del impacto económico de los estudiantes internacionales en las universidades nacionales en la Argentina (Documento de Trabajo del IIEP N.º 107). Instituto Interdisciplinario de Economía Política, Universidad de Buenos Aires–CONICET.

• Luchilo, L. (2024). Estudiantes internacionales en carreras de medicina en universidades argentinas: Tendencias recientes. Debate Universitario, 16(25), 78–95.

• Luo, J., & Jamieson-Drake, D. (2013). Examining the educational benefits of interacting with international students. Journal of International Students, 3(2), 85–101.

• OECD. (2019). Benchmarking higher education system performance. OECD Publishing.

• OECD. (2025a). Education at a glance 2025: OECD indicators. OECD Publishing.

• OECD. (2025b). International migration outlook 2025. OECD Publishing.

Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP Baires), Área Macro

El PBI alcanzó un máximo histórico y acumula siete trimestres consecutivos al alza. Sin embargo, la mejoría no es pareja. Según estimamos en el último Informe de coyuntura macroeconómica del IIEP, pocos sectores concentran el crecimiento, que se centra en algunas regiones del país y no se traduce en empleo. Los agregados cuentan una historia; el mapa, otra.

La actividad económica creció por séptimo trimestre consecutivo, alcanzando un nuevo récord. Mientras que por el lado de la demanda los principales motores del PBI son el consumo y las exportaciones, el lado de la oferta presenta una importante heterogeneidad que vale la pena analizar.

La descomposición sectorial nos indica que el patrón de crecimiento es dispar desde que la economía comenzó a recuperarse en la primera mitad de 2024. Así, mientras que la minería, el agro y la intermediación financiera son los sectores más dinámicos, y superan largamente sus valores previos a la crisis, otros todavía no repuntan. Estos tres que lideran el crecimiento representaron en 2025 el 16% del Valor Agregado Bruto -VAB- de la economía y apenas un 9% del empleo privado registrado. Incluso, dos de estos tres están destruyendo empleo, a pesar de la expansión de su actividad.

La contracara son el comercio, la industria manufacturera y la construcción, que concentran el 38% del VAB y el 44% del empleo registrado, pero todavía no recuperaron sus niveles previos a la crisis. Peor aún, su actividad sigue cayendo. Así, el promedio de los sectores esconde una realidad dual. Donde la producción crece de forma más dinámica, no se genera empleo; y donde se concentra el empleo, la producción no despega.

Esta asimetría tiene también consecuencias geográficas. Dado que las actividades que impulsan la recuperación (en particular, el agro y la minería) se desarrollan lejos de los principales centros urbanos, muchas regiones no salieron de la recesión. En el Informe más reciente de coyuntura macroeconómica del IIEP, utilizamos la distribución geográfica del empleo privado por rubro como ponderador de la apertura sectorial del EMAE, para calcular el nivel de actividad por provincia. Estimamos que apenas 12 provincias tienen niveles mayores a los de 2022, mientras que las otras 12 todavía se encuentran por debajo, siendo el conurbano bonaerense el área más rezagada.

La dinámica productiva reciente, que muestra una estructura económica más volcada a las actividades extractivas y menos a la industria, presenta resultados ambiguos para la macroeconomía. Por una parte, tuvo un efecto positivo para el frente externo, ya que el boom exportador en un contexto de precios internacionales favorables llevó al Banco Central a comprar más de USD 12.500 millones en lo que va del año, de los que logró retener casi USD 6.000 millones tras pagos de deuda. Por el contrario, la pata floja es la laboral, que muestra una pérdida de 328 mil asalariados registrados respecto a agosto de 2023 (252 mil de ellos, del sector privado).

Durante muchos años, la falta de crecimiento era uno de los principales problemas de la economía argentina. Hoy, el desafío no es crecer, sino que este crecimiento sea difundido para traccionar los ingresos laborales. Después de casi dos años de recuperación, la mejora de las variables agregadas es incuestionable. La duda que persiste es si su falta de efecto sobre el empleo y los salarios representa una etapa transitoria o una nueva problemática duradera.

Por Nicolás Bertholet (IIEP-UBA) y Kevin Corfield (UBA)1

Argentina es, probablemente, el laboratorio más completo del mundo para estudiar qué pasa con los precios cuando se mueve el dólar. Pocos países acumulan, en apenas dos décadas, tantas devaluaciones2, regímenes cambiarios distintos y episodios de inflación alta como para poder preguntarse, con datos, algo que la intuición de cualquier argentino ya sospecha: que una devaluación no siempre se traslada a precios de la misma manera. A veces parece trasladarse rápido y de forma casi automática a la inflación, a veces tarda, y en algunos momentos da la sensación de que “no pasa nada”, al menos por un tiempo.

Ese fenómeno tiene nombre técnico —exchange rate pass-through, o ERPT— y contamos con una extensa literatura que analiza el tema y con algunos trabajos relevantes para Argentina3. Entender cuánto y cómo se traslada una depreciación del tipo de cambio a los precios internos no es un ejercicio académico abstracto: de eso depende, en buena medida, la credibilidad de cualquier programa de estabilización, el diseño de la política monetaria y, en última instancia, el poder de compra de los salarios. En esta nota estimamos el ERPT para Argentina entre 2004 y 2019, pero con una pregunta adicional, poco explorada para el caso local: ¿el traslado a precios es siempre igual, o depende de si la economía está en expansión o en recesión, la inflación es alta o baja o el dólar sube o baja?

Qué hicimos: el enfoque empírico

Para estimar el traslado del tipo de cambio a la inflación usamos el método de proyecciones locales propuesto por Jordà (2005), que se volvió el estándar en la literatura reciente de macro empírica precisamente porque es flexible para capturar efectos no lineales sin tener que asumir una estructura rígida como la de un VAR tradicional.

Los datos cubren el período 2004–2019 con frecuencia mensual: el índice de precios al consumidor (CEPED), el tipo de cambio nominal (BCRA, Comunicación A3500) y el nivel de actividad económica a través del EMAE (INDEC). Toda la inflación se mide como variación acumulada del IPC, y el tipo de cambio como primera diferencia logarítmica.

Lo que encontramos

El pass-through total: alto y persistente

El primer resultado, que sirve de referencia para todo lo demás, es contundente: el traslado del tipo de cambio a precios en Argentina es alto y supera con creces al de otros países de la región, donde la media es de apenas un 14% después de 12 meses4 (Borensztein y Queijo von Heideken, 2016). El efecto inmediato —en el mismo mes de la devaluación— es de magnitud moderada, cercano al 20% de la depreciación. Pero el efecto no se agota ahí: sigue creciendo de forma prácticamente monótona durante todo el primer año, hasta estabilizarse recién alrededor del octavo mes, con un traslado acumulado que llega a ubicarse un poco por encima del 70% a los doce meses5.

Ese patrón —un traslado que arranca relativamente bajo y se acumula con el correr de los meses, sin revertirse— es consistente con la literatura sobre economías emergentes con historia inflacionaria.

¿Importa el ciclo? Sí, y bastante

El resultado más novedoso del trabajo aparece cuando se separa la muestra entre meses de expansión y de contracción económica. Siguiendo la metodología de Gonçalves et al. (2024) estimamos el ERPT para ambos estados de la economía6. El pass-through no es el mismo en ambos casos: es sistemáticamente mayor durante los períodos de auge que durante las recesiones. El efecto acumulado a doce meses se ubica en torno a 40% durante las recesiones, frente a un valor cercano a 80% durante las expansiones, es decir, aproximadamente del doble.

La interpretación económica es intuitiva: cuando la demanda interna está firme, las empresas tienen más margen —y más incentivos— para convalidar en sus precios el aumento de costos que implica una devaluación, porque saben que el consumo puede absorberlo. En una recesión, en cambio, la debilidad de la demanda actúa como un freno: subir precios al ritmo del dólar implica el riego de perder ventas, así que buena parte de las firmas prefiere licuar margen antes que trasladar todo el shock cambiario y el correlato de aumento de sus costos a los precios.

Devaluar no es lo mismo que apreciar

De manera análoga, separamos el efecto de las depreciaciones del de las apreciaciones —siguiendo la metodología de Bunce y Carrillo-Maldonado (2023)—, y dividimos la muestra entre meses de inflación “alta” y “baja” según la mediana histórica de la serie, para testear si existe un umbral a partir del cual el pass-through se activa con más fuerza.

Separar las depreciaciones de las apreciaciones del tipo de cambio confirma una asimetría que la literatura internacional ya había documentado en otros países, pero que rara vez se había cuantificado para Argentina con esta metodología: cuando el dólar sube, el traslado a precios es rápido, significativo y acumula un 60% de forma sostenida durante todo el año. Cuando el dólar baja —algo mucho menos frecuente en la historia argentina reciente— la estimación muestra que el efecto sobre la inflación es prácticamente nulo durante los primeros meses, y sólo se vuelve negativo (es decir, la apreciación “desinfla” precios) recién hacia el final del horizonte de un año, y no es significativo estadísticamente. Este resultado debe tomarse con cautela: hubo relativamente pocos episodios de apreciación nominal en la muestra, y los más significativos fueron posteriores a importantes saltos cambiarios, implicando un sobreajuste (overshooting) cambiario con una posterior corrección a la baja7.

En otras palabras: los precios suben rápido cuando el dólar sube, pero no bajan con la misma velocidad ni fuerza cuando el dólar baja. Cualquier consumidor puede reconocer en su vida cotidiana la rigidez a la baja de los precios frente a apreciaciones del tipo de cambio.

El umbral inflacionario: con poca inflación, el dólar no contagia

El último resultado conecta con buena parte de la discusión actual sobre desinflación en Argentina. Cuando dividimos la muestra entre meses de inflación “baja” y “alta” respecto de la mediana histórica de la serie8, el contraste es marcado: en el régimen de inflación baja, el pass-through es débil y estadísticamente no significativo —las bandas de confianza incluyen ampliamente al cero durante todo el horizonte—, mientras que en el régimen de inflación alta el traslado es rápido, significativo y se ubica algo por arriba del 40% hacia el final de los doce meses.

Esto sugiere algo importante para el diseño de política: el pass-through no es algo fijo en la economía argentina, sino que depende del contexto nominal en el que ocurre la devaluación. En un escenario de inflación ya licuada y expectativas relativamente ancladas, un movimiento del tipo de cambio contagia mucho menos a los precios que en un escenario de alta inflación, donde cualquier shock cambiario tiende a convalidarse rápido. Es, en cierto sentido, una buena noticia por partida doble: bajar la inflación no sólo reduce la inflación en sí misma, sino que también reduce la sensibilidad de los precios a futuros movimientos del dólar.

Reflexión final

El conjunto de resultados deja un mensaje relativamente claro: en Argentina, el pass-through cambiario es alto, persistente, y marcadamente no lineal. No es un parámetro único, sino que cambia según el momento del ciclo económico, según el signo del movimiento cambiario y, sobre todo, según el régimen de inflación vigente. Una devaluación en medio de una expansión con inflación alta es, en este marco, el escenario en el que más rápido y con mayor intensidad se traslada a los precios; una devaluación en un contexto recesivo y con inflación relativamente baja, en cambio, tiende a diluirse mucho más con el tiempo.

La implicancia de política es directa: el manejo del tipo de cambio no puede pensarse de manera uniforme a lo largo del ciclo. Las mismas correcciones cambiarias que en un contexto de inflación elevada y demanda firme pueden derivar en una rápida convalidación de precios, en un contexto de inflación baja y actividad débil tienden a tener un correlato inflacionario mucho más acotado. Para un país que viene de intentar, una y otra vez, anclar expectativas después de procesos devaluatorios, la evidencia de esta asimetría —ligada tanto al ciclo como al régimen de inflación— es un insumo relevante a la hora de calibrar la velocidad y el momento de futuros ajustes cambiarios.

Quedan, claro, preguntas abiertas para una próxima etapa de este trabajo: profundizar en los mecanismos sectoriales detrás de estas asimetrías, explorar el rol de las expectativas de inflación de manera explícita, y extender el análisis a episodios más recientes, donde la convivencia de alta inflación con sucesivos intentos de desinflación ofrece, una vez más, un terreno fértil para testear si estos patrones se mantienen.

Esta anécdota cumple 40 años, y nuestro país sigue enredado en su inflación crónica. Sin embargo, la incipiente estabilización y su consecuente efecto productivo nos llevan a hacernos nuevamente la pregunta japonesa. Aunque el boom de Vaca Muerta, la minería y el agro parecen resolver el costado cambiario del asunto, son sectores particularmente poco demandantes de empleo. En este sentido, resta responder la pata laboral: ¿a qué se van a dedicar los argentinos del futuro?

Inteligencia Artificial y empleo

Esta duda aparece en un contexto global que también se pregunta por el futuro del trabajo, debido al salto en la capacidad y adopción de la Inteligencia Artificial (IA). El rápido avance de estas herramientas está generando un creciente reemplazo de tareas que hasta ahora eran únicamente ejecutadas por humanos. Eso no implica que la IA esté sustituyendo la totalidad de una profesión u oficio, ni tampoco que vayamos a ser reemplazados por modelos de lenguaje que todavía tienen dificultades, por ejemplo, para contar. Sin embargo, esta tecnología está modificando las actividades que hacen a un puesto de trabajo y su vertiginoso crecimiento incrementaría la escala de este recambio, alterando la demanda por trabajadores de numerosos rubros.

Esta nota no pretende responder a algo tan amplio como las consecuencias de la IA sobre el mercado laboral, pero sí presenta algunas hipótesis competitivas sobre sus efectos plausibles. Una primera posibilidad es que el reemplazo de tareas humanas lleve a una disminución de la demanda de empleo, reduciendo el tiempo total de trabajo de equilibrio y aumentando su productividad (se podrán hacer más bienes y servicios con menos horas de trabajo). Esta hipótesis admite dos lecturas. Una visión benevolente indica que cada persona trabajará menos horas/días por semana y, en su versión más extrema, incluye un ingreso alto universal que podría volver al trabajo opcional. Una perspectiva más catastrófica de este mismo escenario -el de la reducción de la demanda de trabajo- postula que los salarios se abaratarán, al volverse el trabajo un factor productivo menos relativamente requerido. En esta distopía, las ganancias del salto tecnológico serán apropiadas por los dueños de las empresas que lo produzcan, generando efectos distributivos nocivos (un workshop reciente del FMI sobre el tema no descarta la ocurrencia de este fenómeno, al que denomina winner-takes-most).

Una historia alternativa es que no pase nada. Casi nunca pasa nada. En este caso, los trabajadores cuyos puestos de trabajo se vuelvan obsoletos se dedicarán a nuevos oficios o serán absorbidos por una mayor demanda en ocupaciones preexistentes (como las tareas de cuidado de gente mayor, cuya demanda crecerá por las tendencias demográficas y de la esperanza de vida). De ser así, las sociedades se adaptarán a los cambios del mundo del trabajo como pasó con los grandes saltos tecnológicos previos. Cuando surgieron la máquina de vapor, los cajeros automáticos o internet, la sustitución de trabajo por capital se vio compensada por una mayor demanda agregada, fruto del incremento en la productividad y la consecuente caída de los costos de producción en términos reales. Así, desaparecieron ocupaciones y otras nuevas se crearon, sin que se reduzca el empleo total.

Al consultarle a una IA, obtuve una tercera hipótesis, que recuerda las de Autor, Katz y Kearney y Acemoglu y Autor: "Una tercera vía es la de una profunda polarización de la estructura laboral. En este escenario, la inteligencia artificial no reemplazaría profesiones enteras, sino que actuaría como un 'copiloto' hiperproductivo, generando un efecto dual: por un lado, dispararía la prima salarial de quienes tienen el capital humano para complementar y dirigir a la IA; por el otro, erosionaría la demanda de tareas cognitivas rutinarias, que históricamente traccionaron la movilidad social de la clase media. El resultado es un mercado laboral en forma de U o de ‘vaciamiento del medio’, con alta demanda y salarios en la punta tecnológica y gerencial, y en la base para trabajos presenciales no automatizables. El verdadero desafío no sería entonces la escasez agregada de empleo, sino la desaparición de los peldaños intermedios de la escalera social." Como el propio Autor (acá solo y acá con Acemoglu y Johnson), luego la IA modificó su perspectiva, argumentando que: "la inteligencia artificial generativa posee una naturaleza distinta a la computación clásica. En lugar de automatizar la rutina, tiene el potencial de democratizar el conocimiento experto. Al actuar como un asistente avanzado, podría permitir que trabajadores de calificación media realicen tareas de alta complejidad que antes estaban reservadas para una élite profesional, ofreciendo una oportunidad histórica para revertir la polarización y reconstruir la clase media."

El cambio estructural doméstico

Volviendo a la actualidad argentina, la discusión internacional se superpone con una etapa de cambios locales muy marcados. La estabilización de la inflación todavía es muy endeble, habiéndose estancado, en el mejor de los casos, durante el último año. Si el programa se truncara, es imposible prever qué tendencias sectoriales seguiría nuestra economía. Pero, si volviera a su cauce, hay algunos elementos que permiten especular con qué puede depararle a nuestra estructura económica.

En primer lugar, los planes de estabilización duraderos generan apreciaciones sostenidas del tipo de cambio real. Este proceso, que se asemeja en el caso actual a otros planes de estabilización, desalienta la producción de los rubros transables, cuya rentabilidad disminuye. Incluso, al interior de la producción transable, estos programas elevan el peso de los sectores capital-intensivos en la canasta exportadora, ya que sus costos se abaratan respecto a los trabajo-intensivos. Esto afecta al nivel general de empleo, al menos en el corto plazo, hasta lograr una transición de trabajadores hacia sectores no transables.

Además, el diseño específico del programa actual tiene otros dos factores que van en igual sentido. Por un lado, incluye una apertura comercial que genera pérdidas duraderas de empleo en las industrias que compiten con importaciones.  Por otra parte, su implementación se ancla en una importante contracción fiscal, que incrementa el desempleo en el mediano plazo, tanto por la pérdida de puestos de trabajo públicos como por un efecto multiplicador sobre el empleo privado. Los dos elementos generan desempleados a la espera de la transición hacia nuevas ocupaciones.

A contramano, la propia estabilización podría implicar algunas ventajas sobre el mercado de trabajo. En primer lugar, existe evidencia de que las desinflaciones son expansivas y reducen la pobreza. En segunda instancia, aunque el ingreso de divisas por inversiones en el marco del RIGI se centre en sectores poco empleo-intensivos, podrían derramar en un impulso a sectores conexos. Estos dos factores elevarían la demanda agregada, impulsando la creación difundida de empleo. Por último, la reaparición del crédito a largo plazo podría tener un efecto directo en un rubro muy demandante de trabajo, la construcción.

Hasta el momento, los efectos negativos de la estabilización sobre el empleo parecen haber predominado sobre los positivos. En los últimos dos años, hubo un crecimiento muy acelerado de los rubros agropecuario, minero y financiero, que treparon 27%, en contraste con una magra evolución del resto de sectores, que sólo subió 2% (incluyendo algunos que no han tenido un mal desempeño, como hoteles y restaurantes). El peso en el PBI de los tres sectores que lideran el crecimiento es de 13%, mucho mayor a su relevancia en el total de empleo asalariado (algo menos del 6%). En consecuencia, se perdieron medio millón de empleos registrados desde noviembre de 2023 (más de la mitad de ellos, asalariados).[1]

Conclusiones

La economía argentina actualmente destruye puestos de trabajo en sectores que eran grandes empleadores sin generar, por ahora, su reemplazo. Estos resultados derivan del cambio productivo que motiva la nueva configuración macroeconómica. Encima de esta transición, el mercado laboral también enfrenta un segundo desafío simultáneo: el que presenta la incorporación de la IA y cuyo resultado todavía es incierto. La conjunción de ambos, junto con la incipiente discusión de políticas al respecto, dificulta discernir qué actividades se mantendrán rentables y cuáles generarán los empleos del futuro. Así, la respuesta a la pregunta japonesa tendrá que seguir esperando.

[1] Para más detalles sobre la evolución del empleo y las remuneraciones, ver informes de empleo y salarios del EDIL.

En días recientes se publicó un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que indicaba que Argentina había quedado última en el ranking de inversión extranjera directa (IED) entre las grandes economías de la región en 2025. La publicación despertó diversos comentarios, tanto en los medios como en las redes sociales, que comparaban esos datos con las cifras de IED recibidas por el país en gestiones previas de gobierno. Muchos de esos comentarios apuntaban a evidenciar la supuesta paradoja que emerge de contrastar el flaco desempeño de la IED en el actual gobierno, favorable a la inversión privada de cualquier origen, con el aparente mayor éxito en materia de atracción de IED de gobiernos previos con un discurso, y unas prácticas, menos amigables con la iniciativa privada y con las empresas multinacionales.

Se trata de otra muestra del juego que mejor sabemos jugar en las redes: hablemos sin saber. La variante específica en este caso sería: usemos datos sueltos sobre los cuales no tenemos idea respecto de cómo se construyen (o lo sabemos, pero nos conviene ocultarlo) para armar un relato que nos favorezca políticamente. Es un patrón que lamentablemente se repite en muchas otras áreas, un revoleo de números que se manejan con poco cuidado y se analizan de manera aún más precaria. Pasemos a explicar entonces por qué esas comparaciones de cifras agregadas de IED tienen poco sentido y por qué los supuestos “récords” de IED de años pasados son una ilusión óptica.

La medición de la IED y su evolución reciente en la Argentina

Para los lectores no familiarizados con los detalles del tema, digamos que la IED es una categoría del balance de pagos que contabiliza tres modos de financiación de proyectos de inversión transfronterizos: i) aportes o ampliaciones de capital (a través de bienes tangibles o intangibles) del inversor directo; ii) deudas con la matriz del exterior y otras transacciones intracorporación (transferencias accionarias, etc.); iii) reinversión de utilidades. Como casi todas las cifras que reflejan fenómenos económicos, las de IED están sujetas a distintas limitaciones metodológicas y pueden no reflejar necesariamente la magnitud real de los flujos de inversión transfronterizos y son un indicador imperfecto de la participación de empresas multinacionales en las economías de los países (para detalles sobre estas limitaciones se puede consultar este trabajo del BID). Todo esto no impide usar los datos oficiales sobre IED, solo invita a examinarlos de manera detallada e interpretarlos de forma cuidadosa, dos atributos que claramente no han abundado en el debate reciente sobre el tema en Argentina.

La fuente de datos sobre IED en la Argentina es la balanza de pagos calculada por el INDEC. Lamentablemente, a raíz de cambios metodológicos introducidos en 2017 (destinados a adaptarse a la nueva versión del Manual del Balance de Pagos del FMI publicada en 2009), la serie disponible con datos consistentes y comparables arranca en 2006. Sin embargo, a los fines de esta nota esta información es más que suficiente.

El gráfico 1 presenta la evolución del total de IED ingresada al país de 2006 a 2025. Lo primero que destaca son las amplias fluctuaciones de dicha variable, con picos en 2012 (USD 15.324 millones) y 2023 (USD 24.757 millones) y valores mínimos en 2009 (en torno a USD 4.017 millones), 2016 (USD 3.260 millones) y 2025 (USD 3.134 millones). El promedio para el período 2006-2025 ronda los USD 9.500 millones.

Ahora bien, cuando desagregamos la serie en los tres componentes que explican la IED observamos comportamientos claramente diferentes a lo largo del tiempo (gráfico 2). Los aportes de capital promedian apenas USD 2.300 millones para el período 2006-2025, y registran un máximo en 2012 (USD 4.861 millones) y dos años con egresos netos de capital: 2014 (USD 112 millones) y 2025 (USD 260 millones). La reinversión de utilidades, en tanto, aportó en promedio algo menos de USD 5.000 millones anuales, con un máximo de USD 8.058 millones en 2015 y un mínimo en 2008 (USD 396 millones). Finalmente, la evolución más llamativa es la de instrumentos de deuda, que en promedio aportan poco menos de USD 2.200 millones (período 2006-2025), y registran un máximo de USD 15.327 millones en 2023 y un mínimo negativo de USD 4.732 millones en 2016.

En el gráfico 3 observamos cómo fueron cambiando las participaciones relativas de los tres componentes de la IED en el período analizado. Entre 2006 y 2011 los aportes de capital representaron el 38% del total del ingreso de IED durante ese período. Entre 2012 y 2015 su participación bajó a 21%. Durante la administración Macri volvió a subir a 34% y se hundió a solo un 10% en el período de Alberto Fernández. Solo para tener un punto de comparación regional, entre 2015-24 los aportes de capital representaron menos de 20% de la IED en Argentina, contra alrededor de 30% en México, 50% en Chile y Colombia, 60% en Brasil y 70% en Perú (cálculos basados en datos de CEPAL).

En paralelo, la reinversión de utilidades, que había explicado un 37% del total de IED entre 2006 y 2011, aumentó su peso relativo a 70% entre 2012 y 2015, mantuvo ese nivel durante esa administración y luego decayó a 40% en el gobierno de Alberto Fernández. Enseguida veremos que hay un tercer actor que explica esta caída.

Las razones de la errática trayectoria de la IED en la Argentina

Es evidente que la errática evolución del ingreso de IED al país, y en particular de las series de reinversión de utilidades y préstamos intra-empresa, es difícil de explicar a partir de la dinámica del clima de negocios en la Argentina; solo para dar un ejemplo obvio, el récord de 2023 es anómalo (o más bien risible) en un contexto de caída del PBI y de incertidumbre sobre el resultado de las elecciones de aquel año y el tipo de modelo de política económica que prevalecería a partir del año siguiente. Las causas de las fluctuaciones en las series están en otro lado, y hay que buscarlas en las restricciones que comenzaron a enfrentar las filiales de multinacionales desde 2011 en adelante para acceder al mercado oficial de cambios (como parte del llamado “cepo”).

Para 2012 ya se había establecido la obligatoriedad de solicitar autorización del Banco Central para comprar dólares destinados a pagar importaciones o girar utilidades al exterior (en la práctica estas últimas operaciones quedaron fuertemente restringidas a partir de aquel año). Estas restricciones se levantaron con la administración Macri, pero retornaron hacia el final de aquel período y fueron profundizadas por el gobierno de Alberto Fernández, con particular dureza a partir de 2022, cuando se limitó severamente el acceso a divisas para pagar importaciones, obligando a las filiales de multinacionales a endeudarse con sus casas matrices para adquirir los insumos y equipos requeridos para seguir operando en el país.

Mientras que en 2006-2011 el ratio de reinversión de utilidades (utilidades reinvertidas en el país sobre utilidades totales de las filiales) fue de cerca de 33% (promedio simple para el período), saltó a 85% entre 2012-2015, volvió a bajar a 72% durante la administración Macri y rebotó hasta un astronómico 92% en los años del gobierno de Alberto Fernández (Cuadro 1). Dado que ni el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ni el período de Alberto Fernández fueron de bonanza económica (todo lo contrario), vamos a descartar que mágicamente se haya despertado el apetito por reinvertir utilidades de las multinacionales: no se trató de decisiones voluntarias, sino de cuasi-prohibiciones. Así, el primer pico de IED observado en 2012 deriva de un salto en la IED de USD 4.500 millones, explicado en un 80% por la mayor reinversión de utilidades (explicada a su vez por la aparición del cepo) -la tasa de reinversión de utilidades registró un verdadero salto de 31 a 75% entre ambos años (gráfico 4).

La comparación con datos de otros países de la región nos ayuda a enmarcar el proceso argentino en el contexto regional (Cuadro 1). Allí vemos dos cosas: a) que, en los países comparados (excluida la Argentina), la tasa de reinversión de utilidades no supera el 70% y, salvo México —y algunos valores puntuales de Colombia—, está por debajo del 50%; b) que las tasas de reinversión fluctúan relativamente poco, con la excepción de Colombia (no incluimos los promedios de Brasil para los dos primeros períodos porque hay varios años sin datos y otros con tasas de reinversión negativas). 

Veamos ahora qué ocurrió con el componente de préstamos intra-empresa, con foco en dos momentos. El primero, 2016, uno de los dos años con menor ingreso de IED en los últimos 20 años. Allí salieron algo más de USD 4.700 millones por cancelación de deudas acumuladas, explicado por la remoción de las restricciones cambiarias. Fue esa salida la causa básica del bajo nivel de IED de dicho año, ya que los aportes de capital crecieron 180% frente al año previo. El otro momento interesante es 2022-23. Entre 2021 y 2022 la IED recibida por la Argentina pasó de USD 6.660 a USD 15.200 millones, y luego aumentó a USD 24.757 millones en 2023. Como se dijo antes, claramente es absurdo suponer que en años tan complicados económica y políticamente para la Argentina el apetito de las multinacionales por invertir en el país se haya despertado de forma súbita. Pero por suerte el misterio es fácil de develar. Más del 90% del salto 2021-22 se explica por el aumento de las deudas de las filiales con sus casas matrices y en el caso del aumento 2022-23 el aporte de ese componente se acerca al 70%. Nuevamente, son las restricciones cambiarias de aquel momento las que explican el supuesto “récord” de IED.

Como es sabido, el actual gobierno ha levantado paulatinamente las restricciones que enfrentan las empresas para acceder al mercado oficial de cambios, aunque no de manera total hasta el momento (en particular, se les dio bonos a las empresas que no habían podido remitir utilidades o tenían deudas acumuladas con sus matrices previo a 2025, mientras que la remisión de utilidades solo quedó liberada a partir de ejercicios contables comenzados en enero de 2025). En el contexto de esa progresiva normalización las tasas de reinversión de utilidades han ido cayendo a niveles más “normales” (70% en 2024 y 51% en 2025), y en 2025 se registró una salida neta en concepto de deuda intra-empresa, por un motivo similar al observado en 2016. Esta salida explica parte de la fuerte caída de la IED entre 2024 y 2025, pero lo principal es que el componente aporte de capital reflejó un egreso neto de USD 260 millones, resultado, seguramente, de decisiones de venta por parte de empresas multinacionales que se han retirado total o parcialmente del país (un tema que discutimos en una nota previa de este mismo blog).

En síntesis

Cerramos la nota con dos comentarios. El primero, seguramente destinado al olvido en un contexto en el cual los debates se suceden unos a otros sin mucha profundidad y con mucho insulto, es que si uno va a usar números para defender posiciones políticas o ideas económicas, es prudente saber cómo se calculan y qué tienen detrás. Tal como hemos visto, las cifras de IED consolidan varios conceptos que es necesario desagregar si se quiere entender las causas que están detrás de la evolución del ingreso de inversiones a un país. El segundo, más de fondo, es que la Argentina, tal como analizamos en la mencionada nota previa de este blog, ha venido perdiendo relevancia para la IED y para las multinacionales. Esto, por supuesto, es lo esperable en el contexto de una economía que lleva 15 años de estancamiento y que ha experimentado una fuerte inestabilidad regulatoria en distintos ámbitos. En particular, la introducción en distintos momentos de “cepos” cambiarios resulta en pan para hoy y hambre para mañana: los dólares no se van, pero tampoco entran, porque nadie en su sano juicio pone dinero en un lugar en el que no sabe si luego los va a poder sacar.

Queda fuera del foco de esta nota, entre otras cosas porque el autor no es futurólogo, lo que pueda ocurrir en años venideros, algo que dependerá de muchos factores, incluyendo la continuidad o no del actual modelo económico y el mayor o menor éxito que tenga el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ha sido analizado en otras entradas de este blog (https://alquimiaseconomicas.com/2026/03/25/la-expansion-progresiva-de-la-cobertura-del-rigi-de-la-ley-bases-a-los-decretos-reglamentarios/ y https://alquimiaseconomicas.com/2024/05/02/cuando-von-mises-captura-al-estado-el-regimen-de-incentivo-a-las-grandes-inversiones-rigi/). Mientras esperamos las nuevas olas, al menos tratemos de entender bien de dónde venimos. 

La legalización del cannabis avanza a nivel global

Desde hace tiempo venimos comentando en este blog acerca de los resultados de las experiencias de legalización del cannabis en distintas partes del mundo (entre las más recientes, una nota de 2020 sobre la evidencia a nivel global, otra de 2024 sobre Canadá y otra sobre Uruguay también de ese año). Hasta el momento, la producción, venta y consumo de dicha sustancia para uso “recreativo” es legal, con distintos modelos regulatorios en cada caso, en Canadá, Uruguay y en 24 estados de los EEUU más el Distrito de Columbia (aunque en este último caso no hay ventas comerciales, solo está permitido el autocultivo) y tres territorios de dicho país (Guam, Islas Marianas del Norte e Islas Vírgenes). Adicionalmente, hay experiencias piloto de legalización en Suiza y Países Bajos (donde, como el lector seguramente sabe, funcionan desde hace décadas los llamados coffee shops, en los cuales se puede comprar legalmente cannabis para uso en el local pero la producción de dicha sustancia sigue siendo ilegal, por lo cual hay una política de tolerancia -o “vista gorda”- sobre la procedencia del cannabis que se vende en dichos negocios). También hay casos de legalización del autocultivo, o del funcionamiento de clubes cannábicos en España, Alemania, Luxemburgo, Malta, la República Checa y Sudáfrica, así como en el Territorio de la Capital Australiana (Canberra).

Cabe aclarar, para los lectores no familiarizados con el tema, que la legalización no persigue únicamente objetivos económicos (crear mercados, generar puestos de trabajo formales, recaudar impuestos), sino también sociales. Entre estos últimos podemos mencionar los siguientes: i) bajo prohibición, los consumidores no pueden conocer con certeza la calidad, composición o seguridad de lo que compran, porque acceden a través del mercado ilegal, con riesgos sanitarios por adulteración o contaminación; ii) asimismo, los usuarios están expuestos a riesgos asociados a la interacción con proveedores potencialmente violentos o a verse involucrados en episodios de violencia; iii) en esos sistemas, consumidores problemáticos o quienes atraviesan episodios agudos pueden rehuir la consulta a servicios de salud por temor a estigmatización o sanciones; iv) la legalización permitiría, en principio, evitar el procesamiento y eventual encarcelamiento de consumidores por ofensas menores y reasignar recursos hacia delitos más graves. Cabe agregar, además, que existe evidencia de disparidades raciales en la probabilidad de arresto o acusación por posesión de cannabis, y que los antecedentes por este tipo de delitos pueden acarrear consecuencias graves como estigmatización, quiebre de vínculos familiares, reducción de oportunidades laborales y pérdida de derechos civiles.

Como es natural, este movimiento ha despertado el interés por examinar los impactos de estas iniciativas, existiendo ya algunas centenas de estudios de carácter académico, reportes oficiales y otro tipo de documentos sobre el tema. La literatura sobre legalización del cannabis busca responder un conjunto de preguntas que, como anotaremos enseguida, resultan difíciles de contestar con precisión: ¿Aumenta el consumo cuando se levanta la prohibición, y entre qué grupos poblacionales? ¿Qué ocurre con el mercado ilegal? ¿Cuáles son los efectos sobre la salud de la población (e.g., consumos problemáticos, episodios agudos, trastornos mentales severos)? ¿Qué ocurre con los accidentes de tráfico? ¿Y con la criminalidad?

Ahora bien, como se señaló en las notas previas de este blog, los resultados de estos estudios están sujetos a distintas limitaciones y la comparabilidad entre ellos se dificulta por el uso de metodologías heterogéneas y de distinto nivel de rigor, algo que frecuentemente está condicionado por la disponibilidad de datos. Veamos algunas de ellas (el lector ansioso puede saltear este párrafo).

Una limitación clave es que, dado que el grueso de los estudios se basa en encuestas (hay métodos alternativos, pero por ahora su uso es limitado —por ejemplo, la búsqueda de metabolitos de cannabis en aguas residuales—), las respuestas de los participantes pueden variar sistemáticamente antes y después de la legalización. Cuando se legaliza el consumo de una sustancia, podría disminuir el porcentaje de personas que miente sobre dicho consumo (en términos técnicos, habría un menor nivel de subreporte). Por otro lado, las legalizaciones pueden ser endógenas y reflejar preferencias previas de los ciudadanos del país o estado que las adopta: si, por ejemplo, en los estados de EE. UU. que legalizaron el uso recreativo del cannabis ya existía una legalización “de facto” por tolerancia social, es posible que los impactos marginales sean acotados. Todo esto dificulta la identificación causal adecuada de los efectos de la legalización. Estas dificultades también se extienden a otras áreas de interés, como la salud (p. ej., en un contexto de legalización los consumidores problemáticos o quienes sufren episodios agudos podrían acudir con mayor probabilidad a una consulta o a una guardia, en comparación con contextos de prohibición). Incluso aparecen posibles fuentes de confusión en el caso de los accidentes vehiculares (p. ej., una mayor detección de conductores bajo efectos del cannabis podría deberse a una mayor frecuencia de testeos tras la legalización). Asimismo, la validez externa de los resultados es limitada, ya que los contextos culturales, históricos, sociales y políticos pueden afectar de manera sustantiva los impactos observados en distintas sociedades.

Los efectos también pueden diferir fuertemente según la forma que adopten las iniciativas de legalización (p. ej., canales de producción y comercialización, sistemas impositivos, disponibilidad de productos con mayor o menor potencia —contenido de THC[1]— y con distintas presentaciones —como comestibles o bebidas—, accesibilidad a los puntos de venta, habilitación o no de mecanismos de publicidad, etc.). Si bien existe un continuo de posibles modelos de legalización, suele distinguirse entre enfoques más “comerciales” (más permisivos en canales de venta, presentaciones, potencia, etc.) y otros más restrictivos, orientados a mitigar consecuencias sociales negativas del prohibicionismo (muchos estados de EE. UU. caen en el primer modelo, al igual que varias provincias canadienses, mientras que Uruguay es un ejemplo del segundo). La evidencia sobre impactos, como veremos, sugiere que estos distintos modelos generan resultados bastante diversos.

Finalmente, la mayoría de las iniciativas estudiadas son relativamente recientes, mientras que nosotros estamos interesados en sus efectos de largo plazo; por tanto, es necesario esperar más tiempo para tener la película completa. Así, por un lado, podría haber, por ejemplo, un efecto “novedad”, que lleve a aumentos transitorios del consumo que luego se estabilicen o retraigan con el paso del tiempo, a la vez que la propia maduración de los mercados regulados podría derivar en cambios en los precios (i.e. a mayores escalas y niveles de competencia, aquellos caerán y la demanda en el mercado legal podría subir aún más). En tanto, estas eventuales dinámicas, junto con la propia acumulación de evidencia sobre los impactos sanitarios, económicos y sociales de la legalización, podrán llevar a la redefinición de las normativas vigentes, algo que obviamente, a su vez, alterará los futuros patrones de uso. En suma, se trata de experiencias inéditas que se van construyendo sobre la marcha y de las cuales queda mucho todavía por aprender.

¿Qué nos dice la evidencia sobre la legalización del cannabis?

Si el lector no se desalentó con el resumen de las limitaciones metodológicas y analíticas de los estudios sobre el tema, podemos pasar ahora a revisar la evidencia más reciente sobre los impactos económicos, sanitarios y sociales de la legalización del cannabis aprovechando la publicación reciente de dos surveys sobre el tema. El primero de ellos compara resultados en cinco jurisdicciones con distintos modelos regulatorios —Países Bajos, España, estados de EEUU, Uruguay y Canadá—. El segundo se limita a los casos de EEUU y Canadá. Vamos a complementar el análisis con algunos trabajos muy recientes que examinan temas específicos no cubiertos por los surveys. Cabe advertir que el tamaño de la producción académica es muy desigual por país, siendo abundante en EEUU (y con prevalencia de diseños cuasi-experimentales sólidos) y muy escasa en Uruguay, España y Países Bajos (estudios principalmente descriptivos o con marcos temporales cortos), mientras que Canadá es un caso intermedio. Organizamos la presentación de resultados en cuatro áreas: consumo, mercados ilegales, salud y arrestos/criminalidad.

Consumo. La legalización se asocia con un aumento en la prevalencia de uso en adultos en la mayor parte de los estudios, aunque hay que ser cuidadoso al interpretar estos resultados dado el posible subreporte pre-legalización. Las magnitudes estimadas varían mucho entre estudios, con rangos del 10 al 25% (en general se refieren a prevalencia anual o mensual, esto es, cantidad de personas sobre población total que usaron cannabis para fines recreativos en el último año o mes previo a las encuestas de consumo), pero con bajos niveles de confiabilidad por los problemas de identificación mencionados. El principal driver de los incrementos del consumo parece venir más del margen extensivo que del intensivo, ya que surge de grupos con uso históricamente bajo (e.g., adultos mayores) que empiezan a consumir (o a declarar consumo) y no tanto del aumento de la frecuencia o intensidad de uso de los consumidores pre-existentes (ver también este trabajo). Tampoco hay evidencia sólida de que la legalización haya impactado sobre la edad de inicio al consumo, ni sobre el llamado “consumo problemático” (e.g., dependencia, continuidad en uso pese a efectos adversos) o sobre el uso intensivo/diario, aunque algunos estudios en EEUU muestran alguna evidencia de efectos en ese sentido; también hay algún trabajo que sugiere que el mayor consumo de cannabis puede venir de la mano de un menor uso de otras sustancias más dañinas, pero por ahora no hay resultados concluyentes en esa área.

En tanto, no hay evidencia sólida respecto de aumentos en el consumo de adolescentes en términos de iniciación o prevalencia general; sin embargo, vale mencionar un estudio sobre el caso de Ontario (Canadá) que documenta aumentos en el uso diario y en síntomas de dependencia en ese grupo poblacional tras la legalización (nótese que Ontario implementó un modelo de legalización muy permisivo y “comercial”). Esto es importante ya que, según la evidencia científica disponible, es en las primeras décadas de vida (en las cuales todavía ocurren procesos importantes de desarrollo neurológico y cerebral) donde pueden producirse los mayores daños persistentes sobre la salud derivados del consumo de cannabis. Si bien naturalmente la venta a adolescentes está prohibida en todas las experiencias de legalización (la edad mínima para comprar legalmente se sitúa entre 18 y 21 años según los casos), el enforcement de esas disposiciones depende fuertemente de los controles sobre los puntos de expendio. Por otro lado, un trabajo para Canadá muestra que la legalización de comestibles y extractos cannábicos que se publicitan de forma atractiva para los jóvenes puede generar un mayor consumo de esos productos en adolescentes.

Mercado ilegal. La legalización desplaza gradualmente al mercado ilegal, pero el avance de ese proceso depende fundamentalmente de los precios relativos entre ambos mercados (lo cual en gran medida es resultado del sistema impositivo que se adopte tras la legalización), de la densidad de puntos de venta legales y de las restricciones de acceso al mercado formal en términos de potencia y presentaciones. En este sentido, el mercado ilegal persiste particularmente entre quienes toman decisiones de consumo más sensibles a los precios y en aquellos que demandan variedades de mayor potencia.

Salud. Se identifican aumentos en la utilización de servicios de salud relacionados con cannabis en varias jurisdicciones, incluyendo visitas a urgencias y hospitalizaciones. No obstante, ese incremento puede reflejar una mayor búsqueda de atención por parte de consumidores que antes evitaban los servicios de salud por temor a consecuencias legales. Estos efectos, a su vez, son más consistentes y mayores en los estados de EEUU con modelos comerciales más permisivos en cuanto a potencia y presentaciones del cannabis legal. Por su parte, no se identifican efectos robustos sobre la incidencia de trastornos psicóticos u otras condiciones mentales severas. Un estudio reciente sugiere que la legalización no ha llevado a un aumento de los casos de maltrato infantil y que, de hecho, puede haber generado una reducción en episodios de maltrato severo. En cambio, sí hay trabajos que muestran que han aumentado los casos de intoxicación o envenenamiento infantil cuando se legalizan comestibles basados en cannabis. Otro estudio también reciente encuentra que la legalización tiene efectos negativos sobre la salud vía menor ejercicio y patrones de nutrición menos saludables. En contraposición, otra investigación reporta efectos positivos vía menores tasas de suicidio, especialmente en adultos blancos con bajos niveles de educación. En una línea relacionada, un estudio sobre impactos en el mercado laboral no encuentra que la legalización afecte de manera clara las posibilidades de empleo o los ingresos salariales de los trabajadores (algo que en teoría podría ocurrir debido a posibles efectos sobre motivación, salud o capacidad cognitiva); de hecho, el estudio reporta aumentos en los niveles de empleo agrícola, uno de los impactos esperables de la legalización. Por último, de la revisión de la literatura tampoco surge evidencia clara respecto del impacto de la legalización del cannabis sobre la cantidad de accidentes de tráfico.

Arrestos/criminalidad. La reducción de arrestos vinculados al cannabis es el resultado más robusto y consistente encontrado en la literatura sobre el tema, especialmente entre poblaciones en las cuales se concentraban desproporcionadamente esos episodios (e.g., personas de raza negra, de grupos socioeconómicos vulnerables, de pueblos indígenas). En cuanto a efectos sobre otros tipos de delitos (e.g., contra la propiedad) no hay evidencia sólida sobre el tema.

En suma, la evidencia más reciente aquí presentada no cambia sustancialmente las conclusiones de las notas previamente publicadas en este blog; no llegó el Apocalipsis que muchos temían pero tampoco apareció el Paraíso. Los cambios generados por la legalización son más bien modestos y parecen diferir según los modelos de legalización adoptados. Aquellos de carácter más comercial con fines de lucro tienen mayor efectividad para desplazar el mercado ilegal y generar empleos e ingresos fiscales, pero están asociados con mayores daños en materia de salud (por la posibilidad de publicidad, la oferta de productos de alta potencia o más diversificada, etc.). En cambio los modelos más restrictivos tienen menor capacidad para desplazar el mercado ilegal, aunque generan menores efectos adversos sobre la salud. Como siempre, hay que elegir entre alternativas y hay trade-offs entre objetivos.

Reflexiones finales para el caso argentino

Según la última Encuesta Nacional sobre Consumos y Prácticas de Cuidado desarrollada conjuntamente por el Observatorio Argentino de Drogas (OAD) de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la prevalencia de vida (personas que probaron la sustancia al menos una vez en la vida) del consumo de cannabis de uso recreativo fue de 21% en 2022 (población de 16 a 75 años en los 31 aglomerados urbanos cubiertos por la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC). La prevalencia anual fue de 10,3% y la mensual de 6,7% (estos a menudo se consideran como usuarios “habituales” de cannabis en los trabajos sobre el tema). Estos datos obviamente pueden estar afectados por el mencionado problema del subreporte, algo que puede acentuarse en el caso argentino debido a que la encuesta es de carácter presencial en el hogar. En todo caso, el consumo de cannabis es una práctica extendida en el país y la tolerancia social hacia el mismo ha ido en ascenso a lo largo del tiempo.

Sin embargo, la Ley 23737/89 de estupefacientes sigue fijando penas para la producción, comercialización, distribución y tenencia de cannabis (aunque la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través del llamado fallo Arriola, declaró inconstitucional la penalización de la tenencia de cannabis para consumo personal en el ámbito privado, ese criterio aun no fue incorporado al ordenamiento legal). En tanto, la Ley 27350/2017 excluyó al cannabis de uso medicinal de esa tipificación y en 2021 se creó el REPROCANN (Registro del Programa de Cannabis), que permitió el autocultivo y el cultivo solidario de cannabis para fines medicinales (el actual gobierno endureció los controles sobre este mecanismo debido a temores por su posible uso para fines recreativos).

En este contexto, el debate sobre la legalización del cannabis recreativo en Argentina sigue pendiente. En el pasado circularon versiones de que el proyecto de reforma del Código Penal incluiría la despenalización del consumo y la tenencia personal en pequeñas cantidades, pero hoy no sabemos si esta iniciativa se concretará. Las dudas se acrecientan considerando que, salvo en el plano económico, las credenciales libertarias del actual gobierno son selectivas. En cualquier caso, dado que el señor Presidente es admirador de Murray Rothbard, le sugeriría que lea lo que el propio Rothbard escribió en 1973 en un texto llamado “For a New Liberty: The Libertarian Manifesto”, el cual seguramente conoce: “The case against outlawing narcotic and hallucinogenic drugs is far weaker than the case against Prohibition, an experiment which the grisly era of the 1920s has hopefully discredited for all time”. Esta posición es por supuesto consistente con el liberalismo más clásico, que sostiene que el esquema prohibicionista no solo interfiere con las libertades individuales, sino que genera mercados negros que traen aparejados costos elevados en materia de criminalidad y violencia, tal como lo muestra otro economista muy apreciado por el Presidente, Gary Becker, en un artículo seminal.

Dicho esto, esta nota es un aporte para actualizar el conocimiento que emerge de la evidencia disponible sobre distintas experiencias de legalización del cannabis recreacional, diferentes en objetivos, modalidades e impactos, algunas de ellas muy cercanas geográficamente. La esperanza es que, cuando ese debate llegue al país, se base en datos y no en humo.

Contexto
El nivel de actividad económica se encuentra actualmente en una meseta que resume un paisaje heterogéneo. La industria, la construcción y varias actividades de servicios exhiben diversos grados de contracción o muy escaso crecimiento. La agroindustria, la minería y el petróleo se expanden a buen ritmo. En este contexto, el gobierno ha hecho
trascender que mantendrá los objetivos del programa y que no hará modificaciones en el diseño de política económica. Por otro lado, las encuestas de opinión señalan que el bajo nivel de ingresos es una preocupación central. Dado este escenario parece pertinente preguntarse si es factible reactivar la actividad mediante un aumento del salario real a través de una mayor flexibilidad de la negociación paritaria. Este es un recurso al que apeló el gobierno en el primer semestre de 2024 y es una de las razones que podría esgrimirse para habilitar la pregunta anterior. Obviamente, una medida de ese corte debería evitar presiones inflacionarias porque ello perjudicaría un objetivo de primer orden para el oficialismo y que complicaría al extremo el resto del programa económico.

Lo que sigue es una indagación destinada a responder ese interrogante. El análisis se concentra en el comportamiento del tipo de cambio real multilateral (TCRM) y los salarios reales desde 2017 a febrero 2026, y profundiza particularmente el período de gestión de la actual administración. Si bien este recorte analítico es parcial porque supone enfocar el problema dejando fuera otras herramientas de política, facilita una primera aproximación que permite incorporar lo que ha venido ocurriendo en la relación entre el TCRM y los salarios reales en la experiencia reciente. ^[3]

Es útil comenzar por una breve reseña descriptiva. Tal como se observa en el gráfico I, a lo largo de la década se pueden distinguir claramente dos subperíodos. El período que va desde Dic 2016 hasta Nov 2023 (P1) se caracteriza por un TCRM mayor al observado entre Dic 2023 y Feb 2026 (P2). A su vez, el promedio de los salarios reales de P1 es mayor a P2.

Cabe señalar que en P2 el tipo de cambio más apreciado convive con un salario real inferior a P1. Esto parece contradecir el razonamiento habitual acerca de la relación inversa entre el tipo de cambio y los salarios. La indagación de esta cuestión requiere detenerse en otros aspectos sobre los que se volverá más adelante.

En cuanto a los salarios reales, después de haber alcanzado un máximo en 2017, el sendero inicia y sigue una trayectoria declinante a lo largo del período. En los 10 años transcurridos el salario real nunca recuperó el nivel inicial y se ubicó, en promedio, 17% más bajo que el registro de partida. En marzo de 2024 el salario llegó al mínimo de la serie: 62,05. El nivel de Feb 2026 es similar al que se registró en Nov 2023.
Respecto del TCRM, el nivel promedio de P2 es 11,8 inferior a P1 y su trayectoria exhibe una elevada volatilidad . Tal como se adelantó arriba, esta apreciación del peso que tuvo lugar en P2 permitió una recuperación de los ingresos a partir de niveles mínimos, pero se vio acompañada porun deterioro adicional en el nivel promedio del salario real: la caída es de 17,2% con relación a P1. Contrariamente a lo esperado, el peso más apreciado que predominó en P2 no dio lugar a una mejora del nivel promedio de los salarios con relación a P1.

Tal como se observa en el gráfico 2, en P2 conviven dos fenómenos destacables. De un lado, después de una abrupta depreciación del TCRM en Dic 2023 le sigue el sendero opuesto: apreciación real. Este movimiento del TCRM está influido por el manejo del gobierno del tipo de cambio nominal y la elevada inflación que le siguió a la devaluación inicial. Como se apuntó arriba, el sendero del TCRM en P2 tiene una volatilidad elevada que puede explicarse por los sucesivos ajustes del esquema cambiario que aplicó el gobierno.

De otro lado, los salarios reales acusaron el impacto de la devaluación, pero gradualmente se fueron recomponiendo como resultado de la política salarial y la apreciación del tipo de cambio. Sin embargo, el aumento de los salarios respecto de los mínimos del primer trimestre de 2024 fue insuficiente para recuperar los ingresos salariales al nivel observado en P1.

A partir del registro de marzo de 2024, la recuperación del salario real a lo largo de P2 operó a una tasa promedio de 0,8% mensual. No obstante, ese promedio sintetiza dos subperíodos diferentes: el aumento más acelerado del primer semestre de 2024, con una disminución de su ritmo desde la segunda mitad de ese año.

Interpretación del subperíodo P2:
La fuerte devaluación inicial de diciembre 2023 fue seguida por un aumento de los precios transables (T) y no transables (NT). Este último conjunto incluye los precios regulados. A partir de allí se verificó una trayectoria diferente entre T y NT.

En el ambiente incierto y de alta volatilidad macroeconómica que caracterizó el inicio del programa de estabilización en diciembre 2023, los productores de NT aprovecharon la devaluación y la caída inicial del salario real para aumentar sus márgenes.[4] La recomposición salarial posterior a junio 2024 fue trasladada a precios a través del mark-up. A esto se sumó el aumento de los precios regulados. El gobierno aplicó una recomposición de tarifas de energía y transporte para reducir los subsidios y, por esta vía, procurar una reducción del gasto y déficit público. Esta herramienta fue una parte importante del programa fiscal desde el inicio del gobierno.

En cambio, los sectores ligados a T, si bien recompusieron inicialmente los márgenes debido a la devaluación, posteriormente se produjo una reducción de estos por el triple efecto de la política cambiaria, el aumento del salario real y la inflación de NT. La apertura complicó la situación de algunas de las actividades T orientadas al mercado interno: menores márgenes y menor actividad.

La interpretación anterior es una hipótesis preliminar que requiere ser investigada. El examen sistemático de la misma llevaría a formalizar la dinámica de T y NT para posteriormente observar los datos de cómo han evolucionado de los precios de uno y otro sector. Esa tarea excede la finalidad de esta nota.

Conclusiones.
En el primer semestre de 2024, en un contexto de mayor inflación y de fuerte ajuste fiscal el gobierno aplicó una cierta flexibilidad en la negociación paritaria que permitió la recuperación de los salarios del sector privado. Si se observa la trayectoria seguida hasta aquí, resulta difícil apelar ahora a la misma solución.

Por un lado, los transables ya han estado reduciendo sus márgenes vía apreciación cambiaria. Una suba salarial exigiría una corrección alcista del tipo de cambio, opción que está descartada dentro del menú de política económica. Por otro lado, el gobierno está obligado a preservar el valor real de las tarifas para resguardar el frente fiscal. A su vez, en la medida que todavía subsiste la inflación inercial, el resto de los NT tenderán a preservar su mark up. Un intento de corrección salarial se trasladaría a los precios.

Para evitar este efecto, la política monetaria y fiscal debería ser más contractiva, lo cual perjudica el objetivo inicial postulado al inicio de impulsar la actividad económica.
En resumen, dado los objetivos del gobierno, es previsible que la política económica siga el curso actual, tanto en el terreno fiscal, monetario y cambiario -TCRM en los niveles actuales, sin márgenes para apreciar (porque despertaría expectativas acerca de la sostenibilidad del tipo de cambio) ni tampoco para devaluar(inflación). Esto no excluye que la política salarial procure alguna señal de desindexación (backward looking) si la negociación paritaria lo permite. Pero muy probablemente tendría una efectividad limitada, por cuanto la inflación inercial todavía subsiste. En el mejor de los casos, todos los instrumentos deben apuntar a anclar las expectativas.

El resultado de lo anterior es que existen muy escasas posibilidades de recuperar el consumo en el corto plazo por vía de la recuperación de ingresos y el camino de la política salarial descubre flancos débiles. Es previsible entonces que el gobierno insista en su objetivo de reducir la tasa de inflación, aunque ello demore la reactivación del consumo. Entretanto, deberá evitar que se instale un clima de pesimismo frente a una economía que ofrece escasas perspectivas de mejoras rápidas y de amplio alcance.

[1] Investigador invitado IIEP, FCE-UBA.
[2]  Agradezco la lectura y los comentarios de S. Katz, G. Palazzo y A. López. Como es usual, el texto es de mi exclusiva responsabilidad.
[3] Una breve aclaración para ahorrar citas bibliográficas que exceden al limitado propósito de esta nota.
La focalización analítica en la relación tipo de cambio y salarios tiene una larga tradición en la literatura referida a la economía argentina. Un par de referencias históricas ineludibles a modo de ejemplo son: Díaz Alejandro, C. (1963), "A Note on the Impact of Devaluation and the Redistributive.
Effects", Journal of Political Economy, vol. 71; Canitrot, A. (1975), “La experiencia populista de distribución de ingresos” Desarrollo Económico, Vol. 15, No. 59. (Oct. - Dic), pp. 331-351. Olivera, J.H.G., “Equilibrio social, equilibrio de mercado e inflación estructural”, Desarrollo Económico, Vol 30, No. 120. (Ene-Mar), pp. 487-493. A estas referencia puede sumarse una larga lista de autores inscriptas en similar tradición analítica: D. Heymann, R. Frenkel, M. Rapetti, J. Fanelli, P. Gerchunoff, para citar sólo algunos. El denominador común es que han puesto atención en esta relación para explicar el
fenómeno de la puja distributiva, la dinámica del nivel de actividad y las singularidades de la
estabilización económica en el caso argentino.

[4]  En un trabajo aún no publicado, S. Katz plantea una descomposición del TCR en tres componentes: el
TC deflactado por salarios, el ratio de productividades relativas y el ratio de márgenes brutos relativos.
El análisis confirma que en el período referido se produjo un aumento de los márgenes.

La Ley de Modernización Laboral constituye la mayor transformación en la política laboral argentina, al menos, en las últimas dos décadas. Su objetivo ha sido claro desde el comienzo del debate legislativo (y, en rigor, ya había sido suficientemente desarrollado en los instrumentos que funcionaron como sus antecesores, el Decreto de Necesidad y Urgencia 70 de diciembre de 2023 y la Ley Bases de 2024), en buena medida porque el equipo económico de la actual gestión se ocupó de transmitirlo a la sociedad de forma clara y directa: se trata de un cambio en la regulación laboral orientado a reducir en una magnitud considerable el costo no salarial del empleo formal, con el objetivo de promover su creación y expansión.

El gobierno busca, de este modo, quebrar una tendencia próxima a cumplir 15 años en nuestro país: el estancamiento del empleo formal privado. En diciembre de 2025, se registran en Argentina 6,2 millones de empleos formales en relación de dependencia en el sector privado, un número apenas ligeramente superior al observado en enero de 2012. Dado que en ese tiempo la población argentina creció aproximadamente un 16%, lo que tenemos es un significativo proceso de degradación en la calidad del empleo creado, explicado mayormente por puestos asalariados informales y cuentapropismo con escaso o nulo grado de protección laboral.

La reforma laboral reduce el costo de crear empleo formal en numerosos aspectos: reduciendo los montos de indemnización por despido (en paralelo a la creación del Fondo de Asistencia Laboral), aumentando la duración del período de prueba, limitando el alcance tanto de la negociación colectiva como de la acción sindical, aumentando los márgenes de discrecionalidad de las empresas en cuestiones como la duración de la jornada laboral o de los períodos vacacionales, entre otros muchos mecanismos (para un análisis pormenorizado de estos cambios, puede consultarse Beccaria y Maurizio, 2026).

En esta nota pretendo abordar la cuestión del efecto esperado de esta reforma en términos de aumento del empleo formal privado. ¿Cuántos puestos de trabajo esperamos que se creen en 2026, como consecuencia de esta política? ¿Cómo y cuándo podremos medir este impacto? No realizaré aquí un repaso pormenorizado por la literatura internacional disponible, pero sí corresponde mencionar que existen antecedentes locales muy relevantes que sugieren que el impacto de la reducción del costo no salarial sobre el empleo formal es, en el mejor de los casos, moderado (Cruces, Galiani y Kydiba, 2010; Hopenhayn, 2001; Lauletta, 2023). Sin embargo, dado que esta reforma laboral puede considerarse la más ambiciosa de la historia moderna argentina, tampoco es claro que estos resultados previos deban replicarse en este contexto.

Sostengo que el efecto de la reforma puede dividirse en dos partes, una que operará como salto discreto y otra que podemos pensar como un proceso continuo. Veamos cada una por separado. En primer lugar, tenemos un salto discreto. Desde el momento en que la ley entró en vigencia, el costo relativo de un puesto formal (vis-à-vis uno informal) se redujo drásticamente. Una empresa que desea contratar un empleado hoy sabe que podrá despedirlo a un costo mucho menor al que regía hasta el año pasado, que podrá mantenerlo en período de prueba durante el doble de tiempo y que no deberá pagarle horas extra en caso de que, de forma excepcional, necesite que el trabajador extienda su jornada laboral. Estos cambios ya son una realidad al momento de escribir esta nota, de modo que, si estos costos efectivamente ejercían un desincentivo considerable a la contratación formal (como sostienen los expertos que diseñaron y redactaron la reforma), este ya ha desaparecido y, por lo tanto,

no hay muchos motivos para pensar que el aumento en el empleo formal deba hacerse esperar.

Naturalmente, podríamos pensar que existe cierta demora en la incorporación de la nueva información, o fricciones internas en las decisiones de gestión de personal de las empresas, que retrasen el impacto algunos meses. No parece extraño pensar que debemos esperar al menos uno o dos trimestres hasta observar el salto completo. Pero corresponde recordar que, según la evidencia disponible (Maurizio, 2015), la creación de empleo formal se da principalmente a través de la formalización de empleados ya contratados de manera informal. Si estos empleados (al menos, en buena medida) ya existen y el costo de formalizarlos ya ha bajado sustancialmente, ¿por qué esperar para hacerlo? Si el costo no salarial (la variable de política) cambió de forma discreta, también debe hacerlo la variable de resultado.

Otra posibilidad no excluyente con la anterior es que la reforma laboral tenga un efecto de otro tipo, que sí se despliega a lo largo del tiempo. Ceteris paribus el nivel de empleo formal actual, es posible que las empresas estén más dispuestas a contratar de manera formal cuando la economía crezca. En otras palabras, es posible que la reforma afecte la elasticidad del empleo formal respecto del producto. Quizás los empleadores prefieran esperar a que aumenten sus ventas o sus ganancias para, ahí sí, contratar una cantidad de empleados formales mayor a la que habrían contratado en ausencia de la reforma. Si fuera así, solo veríamos crecimiento del empleo formal en 2026 si la economía también crece. Y los pronósticos económicos dicen que así será: el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de marzo ubica el crecimiento de este año en un 3,3% respecto del anterior.

¿Podemos decir algo sobre el tamaño esperado de estos efectos? Sobre el efecto discreto, no lo creo posible. La reducción de costo no salarial que se acaba de implementar es difícil de cuantificar ya que no tenemos una idea clara de cuánto valen para una empresa la flexibilidad en la jornada laboral o la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, por mencionar solo algunos de los elementos afectados de forma relevante.

Incluso si pudiéramos asignar un valor numérico a todos estos cambios (es decir, si pudiéramos establecer que equivalen, por ejemplo, a una reducción de costos de X o Y puntos porcentuales por cada peso de salario bruto que el empleador paga al trabajador), tampoco creo que eso fuera suficiente para obtener conclusiones, ya que el efecto de este costo sobre el nivel de empleo probablemente dependa del contexto (del régimen macroeconómico, de la estructura productiva, de otros atributos del mercado de trabajo), lo que me lleva a pensar que aplicar valores provenientes de estimaciones realizadas en el pasado no sería metodológicamente sólido. No me queda más remedio que concluir que no sabemos cuál será la magnitud del salto discreto, pero sí sabemos que, sea cual sea, la descubriremos pronto.

En cambio, sobre el efecto en la elasticidad empleo-producto sí creo que tenemos algo de libertad para la especulación. En un trabajo publicado en 2022 (escrito junto con Agustín Duarte Baracat y Azul Menduiña), estimamos esta elasticidad para Argentina usando datos del período 2007-2019. Notemos que esta ventana ya incluye una parte no menor del proceso de estancamiento mencionado al comienzo, de modo que no hay mayor problema en asumir que sus resultados son extensibles hasta 2025. ¿Qué encontramos en este estudio? Que la elasticidad empleo producto en Argentina no es para nada baja, su valor es de 0,75. Esto

implica que cada punto porcentual de crecimiento en el producto genera un aumento del empleo formal en 0,75 puntos porcentuales (para quienes, como yo, entienden mejor las cosas con números redondos: necesitamos crecer 4% para generar 3% adicional de puestos formales). Con un crecimiento económico de 3,3% en 2026, esto implica una expansión de 2,5% en el empleo formal, es decir 153.000 nuevos puestos de trabajo registrados.

¿Podemos pensar que, gracias a la reforma laboral, esta elasticidad va a aumentar? Sí, claro, esto es una posibilidad. Esta elasticidad no tiene por qué estar acotada por 1, porque el empleo formal puede crecer (y, de hecho, suele crecer) absorbiendo empleo previamente informal, de modo que es perfectamente posible que el empleo formal crezca más que el producto a la par de un aumento de la productividad. Nuevamente, me cuesta encontrar una base firme para sugerir un valor específico, pero un ejercicio optimista podría imaginar, por ejemplo, duplicar el valor actual.

Esto puede sonar exagerado pero quizás no lo sea tanto si consideramos que en 2005 el empleo formal creció 12,2% mientras el producto lo hizo en 8,9%, lo que supone un ratio de 1,4. Entonces, presionando un poco sobre el clima de optimismo reinante, asumamos una elasticidad de 1,5. Esto implicaría, entonces, 153.000 puestos que habría que sumar a la cuenta de empleo formal privado creado en 2026, para un total de 306.000 nuevos empleos, sin contar el salto discreto de magnitud incierta. En todo caso, cuesta creer que una elasticidad tan alta pueda sostenerse mucho tiempo. De hecho, el caso de 2005 fue claramente atípico: en 2006, el ratio cayó a 1,2 y luego a 1 en 2007. Es decir que este aumento de la elasticidad también implicaría cierto componente transitorio que esperamos que se revierta en años próximos.

Un aumento de más de 5 puntos porcentuales en el empleo formal (que no incluye, insistamos, el salto discreto) ciertamente suena impresionante para una economía que sufre las dificultades en que Argentina está inmersa hace más de una década. Pero conviene matizar este análisis recordando que se trata, fundamentalmente, de un cambio de única vez. Moderando un poco el optimismo para los próximos años, podríamos situar la elasticidad en un valor de 1. Eso, combinado con un proceso de crecimiento económico sostenido (¿otro ejercicio de optimismo en el pronóstico?) alcanzaría, en el mejor de los casos, para que la proporción de empleo formal en Argentina alcance los valores algo mayores observados actualmente en Brasil o Costa Rica, muy lejos todavía de los líderes regionales Chile y Uruguay.

El lado negativo de este ejercicio radica en que también impone cautela a la hora de evaluar resultados, pues el crecimiento económico proyectado supone, en condiciones normales, un piso relativamente alto de expansión del empleo. Dicho de otro modo, a cualquier aumento registrado este año en el empleo (y que se pretenda presentar como evidencia de un efecto positivo de la reforma), se le debe restar esos 153.000 puestos que el crecimiento habría creado en ausencia de la reforma. La dinámica reciente en el mercado de trabajo sugiere no dar por sentado que esto ocurrirá, ya que, de hecho, entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 se destruyeron casi 200.000 puestos formales, a pesar de que el producto por habitante creció.

Algunos expertos han expresado públicamente serias dudas sobre la capacidad de esta reforma de generar un aumento del empleo formal en ausencia de crecimiento económico. Amparadas en las estimaciones menos optimistas disponibles en la literatura, o bien en

marcos teóricos alternativos que desdeñan el efecto del costo no salarial sobre el empleo formal, estas posturas son escépticas de los mecanismos que describí hasta aquí. Si bien considero que esta desconfianza puede ser exagerada, tampoco creo que se la deba pasar por alto. Pero, incluso prescindiendo de estos niveles de escepticismo, el contexto actual tampoco permite ilusionarse mucho. Varios organismos ya han revisado hacia abajo sus predicciones de crecimiento económico para Argentina en 2026, mientras el panorama internacional se dificulta progresivamente para los mercados emergentes. Al momento de escribir esta nota, la noticia económica más reciente es la caída de 2,6% de la economía en febrero. El optimismo ya no es lo que era.

La evidencia empírica disponible sugiere que las expectativas de creación de empleo en un contexto como este deberían ser moderadas. Debemos esperar hasta comienzos de 2027 para contar con datos que permitan, al menos, un primer ejercicio de cuantificación de resultados (prescindamos, por el momento, de los desafíos que supondrá la identificación causal). La reforma laboral se encuentra, mientras tanto, presa en su laberinto.

*Es Investigador Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Profesor Adjunto en la Universidad de Buenos Aires. Obtuvo su Doctorado en Economía por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Se especializa en econometría laboral y economía laboral empírica, con investigación enfocada en movilidad social, distribución del ingreso, retornos a la educación y brechas de género. En el pasado, coordinó el Área de Datos del Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Desarrollo Productivo. Actualmente, dicta diversos cursos sobre métodos cuantitativos en universidades públicas y privadas.

Referencias

Beccaria, L. y Maurizio, R. (2026) Ley de Modernización Laboral. Un análisis pormenorizado de sus componentes principales. Serie documentos de trabajo del IIEP 114.

Cruces, G., Galiani, S. y Kydiba, S. (2010). Payroll taxes, wages and employment: Identification through policy changes. Labour Economics 17(4), p. 743-749.

Hopenhayn, H. (2001) Labor Market Policies and Employment Duration: The Effects of Labor Market Reform in Argentina. En: J. Heckman y C. Pagés (eds.), Law and Employment: Lessons from Latin America and the Caribbean. University of Chicago Press / NBER.

Lauletta, M. (2023). Payroll Taxes, Informality and Employment: Evidence from Argentina. Working paper.

Maurizio, R. (2015) Transitions to Formality and Declining Inequality: Argentina and Brazil in the 2000s. Development and Change 46, p. 1047-1079.

Trombetta, M., Duarte Baracat, A. y Menduiña, A. (2022) Crecimiento económico, empleo formal y estructura productiva. Revista de Economía y Estadística 60(1), p. 107-14

A fines de los noventa trabajaba en la Universidad Nacional de Quilmes donde tuve la suerte de coincidir varias veces con Beni, quién había sido mi profesor durante la Facultad. En alguna de esas ocasiones le manifesté mi deseo de sumarme a la CEPAL. En medio de la crisis del 2001, cuando a él lo nombran Director de la Oficina en Buenos Aires, me invitó a ir a trabajar con ellos, casi que pidiéndome disculpas por lo “poco que podía ofrecerme”, que era más que lo que ganaba a la fecha.

Esos años compartidos en la CEPAL fueron el mejor posgrado que pude tener. No solo por mi trabajo con Beni y Roberto, analizando la economía real y el sistema productivo argentino, y por la interacción con colegas del país y el exterior, más el acceso a textos y seminarios internos que no hubiera podido tener de otro modo sino, sobre todo, por los almuerzos. Aprendí más de economía almorzando, que en la Facultad, debo confesar. Y, si bien no estoy a la altura de quienes fueron mis maestros, lo poco que sé y comprendo de la economía se lo debo a ellos, en esos mediodías, principalmente. Mis almuerzos de formación comenzaron durante mi trabajo en la Universidad de Quilmes, junto a Porta y Lugones, quienes me cobijaron y enseñaron de economía pero, sobre todo, que el almuerzo era sagrado.

Durante mis años en CEPAL, de lunes a jueves salíamos religiosamente a almorzar Óscar, Adrián y Daniel más sus invitados, cuando tenía invitados. Daniel era un imán en ese sentido, ya que lo contactaban desde ministros y futuros presidentes, a investigadores y estudiantes, todos preocupados por la realidad económica del país. Los viernes tocaba pizza. Ellos se reunían religiosamente en Pizza Piola con ex ministros y equipos de gobierno; yo iba al Cuartito a clavarme una porción de fugazzeta.

El resto de la semana almorzábamos en el boliche de la esquina. La comida, no era lo más importante, a pesar del sibarita de Oscar, sino poder charlar. Los lunes sobre los partidos del fin de semana -principalmente River y Boca-; los martes de la serie del momento y, siempre, sobre economía real. Ellos me permitieron entender las complejidades del sistema económico argentino, los dilemas políticos que rodeaban los problemas del desarrollo y las dificultades de implementación de las soluciones más evidentes. Fueron casi 10 años, irrepetibles, que siempre extrañaré.

Un poco una obviedad, pero si se quería comprender los dilemas y tener una visión estructurada y completa de todo el campo de juego, era inevitable consultar a Daniel. La visión de Daniel era complementada con el conocimiento de Óscar de la gestión y política pública, con el manejo de la hacienda y las cuentas públicas. Adrián era quien sumaba la dimensión política y, también debo decir, quien oficiaba un poco de traductor, ya que para comprenderlo a Daniel había que entender a qué se refería cuando hacía ciertas reflexiones, donde él daba por sentado cosas que los demás no necesariamente teníamos claras.

Adrián fue un hermano mayor en esos años y ese ámbito. Él hacía varios años que trabajaba con Beni, y cuando yo llegué empezó a trabajar más seguido con Daniel, incorporando a su análisis la macro. Con mucha paciencia escuchaba mis dudas y corregía mis textos. Generalmente, lo que más hacía en sus correcciones era tachar palabras. Me enseñó a ser más concreto y hoy, cada vez que releo algún borrador que escribí y empiezo a tachar palabras me acuerdo de él. Aprendí rápidamente que si armabas algún tipo de proyecto con él -ya sea investigación, seminario o clases-, debías contemplar que te tocaría empujar el carro y prever que por algún motivo podía ser que a último momento se bajara. No es que no trabajara o no considerara importante la actividad, pero le costaba la exposición pública. Su bajo perfil no le hizo justicia a su agudeza en el análisis y así alcanzar un reconocimiento más allá de los que interactuábamos con él.

Si Adrián fue como un hermano, Óscar fue como un padre/amigo. Siempre generoso, regalando buen humor y diálogos honestos. Me abrió la puerta a su mundo, del que aprendí y aún hoy mantengo vicios. En el ámbito de la economía, me enseñó la importancia de las finanzas públicas, sobre las que tenía poca o ninguna idea ya que en la Facultad me había tocado cursarla con malos profesores y en circunstancias muy particulares. Me invitó a dar clases sobre el tema en la Carrera y varios posgrados, integrando equipos de lujo; me invitó a escribir documentos en igualdad de condiciones, que claramente no existía, y siempre discutió sobre los dilemas de la economía real tomándome como un par, lo que para poder estar a la altura me empujó a aprender y agudizar mi comprensión. Pero lo que más le voy a agradecer vino por el lado de lo importante en la vida, cómo disfrutar de lo cotidiano y distinguir lo importante de lo superfluo. La importancia de comer rico, ver una buena película, ir a la cancha a ver a River, escuchar buena música, juntarse con amigos, viajar para conocer nuevos lugares. Reírse y no tener miedo del ridículo. Lo que ejercía cada vez que se paseaba por la oficina con una caja en la cabeza, o algún otro tipo de disfraz. Y lo más importante, nada de eso invalidaba la seriedad y agudeza del análisis y trabajo. “Si vas a estudiar afuera, buscá primero el lugar del mundo donde valga la pena, y no donde esté el mejor profesor…¿qué vas a ir a hacer al medio de Minessotta??” “Evitá las personas que no tienen sentido del humor y no saben reírse de sí mismos”, son dos de sus frases que aún hoy retengo, entre otras. Mi escritorio está lleno de juguetitos y pavadas, característica que cualquiera que haya visitado alguna vez a Oscar reconocerá inmediatamente de dónde viene. Cada tanto salgo a dar una vuelta por mi oficina con alguna caja en la cabeza esperando ver las reacciones de los demás, porque me divierte y porque es un homenaje velado a su humor.

A Beni y Roberto los puedo seguir llamando para verlos y continuar aprendiendo. A Daniel, le debo una visita. Adrián y Óscar me acompañan todos los días. Siempre tendré esos almuerzos atesorados y estaré eternamente agradecido porque me hayan sumado, aún sin haber dado la talla.

*Senior Programme Specialist  Science, Technology and Innovation Policy Programme for Latin American and Caribbean, UNESCO

^[1] Estas líneas buscan revalorizar en los procesos de formación los espacios informales en los que se aprende y crece. Ya que varios de aquellos que me dieron la oportunidad se han ido el último año, me sentí obligado a ponerlo por escrito. Durante mis años en la CEPAL desde inicios del 2002 hasta mediados del 2011, pude trabajar con muchos grandes profesionales de nuestra disciplina. En este humilde texto recuerdo a Bernando Kosacoff, Roberto Bisang, Oscar Cetrángolo, Adrián Ramos y Daniel Heymann. También hago mención a Fernando Porta y Gustavo Lugones lateralmente, quienes también fueron protagonistas de mi formación, en etapas previas a mi paso por la CEPAL.

Marzo 2026

I. Introducción

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), instituido por la Ley 27.742 en julio de 2024, fue concebido como un instrumento excepcional destinado a atraer inversiones de gran escala en sectores estratégicos de la economía argentina. En su formulación inicial, el régimen se presentaba como un esquema cerrado, con una delimitación sectorial relativamente precisa y con exigencias de inversión elevadas. La trayectoria normativa posterior ha preservado las definiciones iniciales y las ha acompañado de una expansión progresiva de su cobertura.

Esta nota destaca cómo, desde su sanción, el RIGI ha experimentado una ampliación sistemática de su alcance a través de ajustes reglamentarios que ha extendido las actividades elegibles dentro de los sectores definidos por la ley. La dinámica normativa observada en el Decreto 749/24 —reglamentario del Título VII de la Ley 27.742— y en el Decreto 105/26 muestra cómo el Ejecutivo ha ido redefiniendo los contornos del régimen. El trabajo que sigue recorta aquí sus límites y no constituye una evaluación integral de este esquema.

Como se mencionó, el argumento central es que el RIGI ha transitado desde una formulación sectorial amplia pero relativamente estática hacia un régimen de aplicación progresivamente más extensivo y flexible, con implicancias económicas, fiscales y jurídicas que merecen atención. Tal como se discute al final, esta ampliación gradual de los beneficios promocionales del RIGI no es accidental sino que es compatible con la lógica y la economía política de este régimen.[2].

II. La arquitectura original: Ley 27.742 y delimitación sectorial inicial.

La Ley 27.742 estableció el RIGI como parte del denominado “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones”, incorporado en el Título VII de la norma.[3] El artículo 167 definió los sectores comprendidos: forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas.[4]

La técnica legislativa adoptada fue la enumeración de sectores. No se detallaron exhaustivamente las actividades comprendidas dentro de cada sector, sino que se optó por una categorización amplia. Este diseño generó un doble efecto de flexibilidad reglamentaria y laxitud interpretativa. Por una parte, el Ejecutivo quedó habilitado para precisar qué actividades concretas encuadraban dentro de cada sector y, por otro lado, la amplitud conceptual abrió la puerta a interpretaciones expansivas posteriores.

Desde el punto de vista económico, el diseño original contenía dos atributos definitorios. En primer lugar, el tamaño de la inversión -US$ 200 millones como escalón mínimo- y, en segundo término, un énfasis acentuado en que los proyectos estuvieran orientados a la exportación.[5] De partida, como señalamos en el trabajo citado arriba, el régimen tuvo como finalidad principal ser un vehículo para alentar la inversión. Aquí cabe una observación de importancia. El artículo 167 de la Ley Bases define varios objetivos que pueden perseguir los proyectos “indistintamente” (sic) -por ejemplo, promover el desarrollo económico, promover la competitividad de distintos sectores, favorecer la creación de empleo, fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales. Sin embargo, las normas reglamentarias no han operacionalizado ni definido los parámetros bajo los cuales se evalúan tales criterios. Tampoco se establecieron estos criterios en oportunidad de la creación de la Autoridad de Aplicación -el Ministerio de Economía- que a su vez delega la tarea en la “Unidad de Coordinación RIGI, cuya dirección es ejercida por la Secretaría de Energía y Minería.[6]  

En la práctica, en ausencia de la forma de instrumentación de los objetivos generales de la ley, se carece de los mecanismos destinados a materializar estos propósitos. Tampoco queda definido cómo se establece la coordinación con otras inversiones en el marco de una estrategia de desarrollo sectorial. La Autoridad de Aplicación tendría, en principio, la facultad de aplicación de este tipo de criterios porque la ley ofrece un marco suficiente general para hacerlo. Sin embargo, las normas publicadas no permiten establecer cómo se lleva a la práctica ese ejercicio, en el caso que exista este tipo de evaluación económica. En cambio, el énfasis está puesto en la consideración proyecto a proyecto, y las resoluciones aprobatorias sólo dan cuenta que las inversiones cumplen con el encuadre indicado, principalmente haciendo referencia a aspectos de la administración del régimen.

En términos jurídicos, el legislador optó por un esquema de habilitación amplia, trasladando a la reglamentación la tarea de operativizar el régimen. Este tipo de delegación normativa no es inusual en materia de regímenes promocionales. Sin embargo, como se ha indicado, las normas publicadas no permiten conocer cómo se ponderan los objetivos más amplios fijados en la Ley Bases. Esta observación tiene importancia si se repara que el RIGI ofrece importantes incentivos económicos y tributarios, y otorga estabilidad jurídica a largo plazo.

III. El Decreto 749/24: reglamentación y ampliación operativa

El Decreto 749/24 cumplió una función clave: transformó la enumeración sectorial de la ley en definiciones funcionales con contenido operativo.[7]

1. Infraestructura: una inversión complementaria del proyecto.

El decreto definió el término infraestructura en sentido amplio, incluyendo redes y sistemas para transporte y logística, servicios públicos, servicios de interés público (salud, educación, telecomunicaciones) e infraestructura asociada necesaria para el proyecto principal.[8]

Esta definición generó un efecto multiplicador. La infraestructura dejó de ser un sector autónomo para convertirse en una categoría transversal que puede “arrastrar” proyectos de otros sectores bajo su paraguas. Así, por ejemplo, un proyecto minero que incluya una línea eléctrica dedicada o infraestructura portuaria puede imputar esa inversión dentro del régimen como parte integral del proyecto. De este modo, el RIGI pasó a cubrir no solo la actividad productiva principal, sino también su infraestructura habilitante. Esta modificación es compatible con el propósito general del régimen que es, como se ha señalado, promover la inversión.

2. Energía y minería: consolidación de cadena de valor

En energía, el decreto incorporó la generación renovable y no renovable, almacenamiento, transporte, distribución y captura y almacenamiento de carbono (CCUS). Esta última inclusión no figuraba explícitamente en la ley y amplió la frontera tecnológica elegible.

En minería, la definición incluyó prospección, exploración, desarrollo y procesos contemplados en la Ley 24.196. La cobertura dejó de ser exclusivamente extractiva para abarcar fases previas y actividades de procesamiento.

La expansión aquí fue menos visible, pero igualmente significativa: se consolidó una interpretación amplia de “sector” que abarcaba la cadena de valor.

3. Tecnología: primera definición reglamentaria

El Decreto 749/24  definió tecnología como producción de bienes y servicios tecnológicos innovadores. La definición reglamentaria del sector tecnología introducida fue inicialmente restrictiva al exigir la producción de bienes y servicios tecnológicos innovadores. Sin embargo, el decreto no desarrolló una caracterización sustantiva de qué debía entenderse por “tecnológico” ni estableció criterios objetivos para delimitar el concepto de “innovación”. Esta ausencia resulta llamativa si se considera que el término “tecnología” puede abarcar desde desarrollos de alta intensidad en I+D —por ejemplo, microelectrónica avanzada, inteligencia artificial aplicada, biotecnología o industria nuclear— hasta mejoras incrementales en procesos digitales, software de gestión o automatización industrial.

La ambigüedad conceptual se torna aún más relevante cuando se analiza la categoría de “ampliación” de proyectos existentes.[9] En sectores tradicionales —minería, energía o infraestructura— la ampliación suele asociarse a parámetros físicos y cuantitativos relativamente claros: incremento de capacidad instalada, expansión de líneas productivas, aumento de volúmenes extraídos o procesados. En cambio, en el sector tecnológico el crecimiento puede materializarse de manera predominantemente cualitativa. Una empresa puede introducir una nueva generación de producto, migrar a una arquitectura tecnológica diferente o desarrollar una plataforma digital completamente distinta sin modificar sustancialmente su estructura física o su capacidad instalada.

El Decreto 749/24 no precisó si tales transformaciones cualitativas debían considerarse ampliaciones elegibles. Esa omisión dejó abiertas al menos tres interpretaciones: (i) una lectura restrictiva, con una exigencia de incremento material de capacidad productiva; (ii) una lectura intermedia, que requiriera inversiones significativas en activos vinculados a innovación; o (iii) una lectura amplia, según la cual la introducción de un nuevo producto tecnológicamente diferenciado pudiera calificar como ampliación, aun sin aumento proporcional de capacidad instalada.

Como veremos más adelante, el Decreto 105/26 intentó parcialmente resolver esa indeterminación en sentido expansivo al reconocer expresamente que, en el sector tecnología, la incorporación de un nuevo producto puede constituir ampliación válida.

IV. Decreto 105/26: prórroga, expansión selectiva y redefinición de elegibilidad

El Decreto 105/26 ha prorrogado la vigencia del RIGI por un año, haciendo uso así del plazo máximo otorgado en la ley Bases.[10] En 2027 caducará el régimen, a menos que una nueva ley extienda su vigencia.

Asimismo el mencionado decreto marcó un punto de inflexión en la evolución del RIGI. Sin modificar formalmente la ley, introdujo cambios sustantivos en la definición de las actividades comprendidas.

1. Hidrocarburos costa adentro: incorporación de “nuevos desarrollos”

En primer lugar, el decreto incorporó explícitamente dentro del sector petróleo y gas la “explotación y producción de nuevos desarrollos costa adentro”. Al introducir esta categoría el texto distingue entre áreas nuevas de aquellas que ya se encuentran en explotación. Formalmente, la norma parece circunscribir la elegibilidad a áreas que, al momento de la sanción de la Ley 27.742, no presentaran un “nivel de desarrollo significativo” y que, al momento de la solicitud, no contaran con inversiones en explotación o producción. Esta redacción sugiere una intención económica clara: focalizar el incentivo en inversiones de mayor riesgo geológico y financiero, es decir, aquellas que enfrentan mayores costos hundidos iniciales y mayor incertidumbre respecto del flujo futuro de producción. Sin embargo, la misma norma admite que un proyecto pueda estructurarse como unidad económica diferenciada respecto de desarrollos previos, siempre que no constituya mera continuidad de inversiones ya amortizadas. La coexistencia de estos dos criterios —situación del área y delimitación económica del proyecto— genera una zona intermedia donde la elegibilidad no depende exclusivamente del grado histórico de explotación, sino también de la arquitectura financiera y societaria adoptada.

El caso de Vaca Muerta resulta ilustrativo desde el punto de vista económico. Si se adopta una lectura estricta, los yacimientos con producción consolidada y flujo de caja positivo quedarían excluidos, en tanto no presentan el tipo de riesgo inicial que justificaría un tratamiento promocional excepcional. Sin embargo, Vaca Muerta es una formación extensa y heterogénea, con múltiples concesiones, distintos estadios de desarrollo y ventanas geológicas aún subexplotadas. Bajo una lectura funcional, un nuevo bloque dentro de la formación, una etapa adicional de desarrollo intensivo o una expansión con tecnología diferente podrían considerarse “nuevo desarrollo” si se lo configura como proyecto autónomo y cumple los umbrales de inversión.

Esta formulación tiene implicancias sobre la eficiencia del incentivo. Si bien el proyecto puede estar acompañado de los parámetros cuantitativos relevantes —por ejemplo, nivel mínimo de producción histórica, porcentaje de reservas desarrolladas o relación entre inversión previa y nueva— la determinación de elegibilidad dependerá en gran medida de la capacidad de demostrar la autonomía económica del proyecto. Desde una perspectiva de política pública, ello puede ampliar el alcance efectivo del régimen hacia fases de expansión dentro de cuencas ya rentables, lo cual significaría promocionar inversiones que de todas formas habrían de llevarse a cabo. La forma en que la Autoridad de Aplicación interprete este concepto será clave para determinar si el RIGI incentiva inversión incremental de alto riesgo o si termina subsidiando etapas de desarrollo que, en condiciones de mercado, podrían haberse realizado igualmente.[11]

2. Tecnología y “nuevos productos”: ampliación cualitativa

En el sector tecnología también se ha producido una novedad destacada. El decreto reconoció que, en este sector, la expansión no siempre se manifiesta como aumento de capacidad instalada, sino como desarrollo de nuevos productos.

La modificación introducida por el Decreto 105/26 debe interpretarse, en primer término, como una ampliación conceptual del perímetro del régimen. El decreto no solo reafirma que el sector comprende la producción de bienes y servicios tecnológicos innovadores, sino que desplaza el criterio de crecimiento desde un parámetro predominantemente cuantitativo —aumento de capacidad física o volumen— hacia uno cualitativo —incorporación de nuevos productos tecnológicamente diferenciados. Al reconocer que la ampliación puede configurarse mediante la producción de un “nuevo producto”, el régimen admite que la expansión económica en sectores intensivos en conocimiento no necesariamente implica mayor infraestructura física, sino transformación tecnológica del portafolio productivo. Esta redefinición amplía el universo potencial de proyectos elegibles, ya que habilita a empresas preexistentes a ingresar al RIGI mediante innovaciones sustantivas aun cuando no se modifique de manera proporcional la escala material de la planta. No obstante, cuando se analiza el tratamiento de esta materia a lo largo de las referencias de la ley y ambos decretos, se observa que ha quedado establecido un amplio perímetro que puede dar cabida a proyectos muy diversos. La decisión quedará sujeta a la interpretación de la autoridad de aplicación.

En este marco general, la inclusión expresa de la “movilidad en base a nuevas tecnologías” en la letra del decreto constituye una señal específica dentro de esa ampliación conceptual. La electromovilidad aparece así como un caso paradigmático de cómo opera el nuevo criterio: el desarrollo de vehículos eléctricos, sistemas de propulsión eléctrica o híbrida avanzada, plataformas de gestión digital de movilidad, infraestructura inteligente de carga o fabricación de baterías de nueva generación podrían estructurarse como proyectos tecnológicos elegibles. En términos económicos, la modificación parece anticipar —o al menos habilitar— inversiones vinculadas con la transformación del transporte y la integración de cadenas de valor asociadas a minerales críticos, energía y digitalización. Es razonable suponer que la mención explícita responde a expectativas de inversión en este campo, donde Argentina posee ventajas relativas en recursos como el litio y busca posicionarse en eslabones de mayor valor agregado.

No obstante, la ampliación conceptual del sector tecnología también plantea interrogantes sobre delimitación y adicionalidad. La expresión “movilidad en base a nuevas tecnologías” es amplia y puede abarcar desde ensamblaje de vehículos eléctricos hasta desarrollo de software embarcado o soluciones de gestión de flotas. La ausencia de parámetros técnicos objetivos —por ejemplo, intensidad mínima de I+D, diferenciación funcional verificable o proporción de valor agregado tecnológico— deja a la autoridad administrativa un margen considerable para determinar qué constituye innovación sustantiva. Desde una perspectiva económica, ello implica que el RIGI puede operar tanto como instrumento focalizado para capturar inversiones estratégicas en transición tecnológica, como también como mecanismo de apoyo a procesos de actualización productiva que podrían realizarse bajo condiciones de mercado. La efectividad del régimen en este sector dependerá, en última instancia, de cómo se interprete y operacionalice esa ampliación conceptual en la evaluación concreta de proyectos.

V. Los resultados.

Hacia comienzos de 2026, un año y medio después de la aprobación de la ley, el RIGI llevaba aprobados 10 proyectos por un monto total de inversión de us$ 20,1 mil millones (us$ 11,7 de activos computables), liderados por el sector energético. Se confirmó de esta manera el interés que en los meses previos a la sanción legislativa, habían mostrado distintos actores con fuertes intereses en el desarrollo energético, particularmente YPF. También se destacan varios proyectos mineros, incluyendo uno de minería del cobre, donde Argentina presenta gran potencial.

Si bien no hay parámetros de referencia para establecer comparaciones, los datos preliminares sugieren una respuesta relativamente rápida del sector privado en la presentación de proyectos, lo cual implicó una aprobación de 10 proyectos equivalentes a   casi 2% del PBI de activos computables en un plazo relativamente breve. De acuerdo a la normativa del régimen, que establece requisitos en tal sentido, la mitad de las inversiones habrán de concretarse en el plazo de dos años -2026 y 2027. Otra medida ilustrativa de la favorable acogida del RIGI viene dada por el hecho que poco después de la aprobación de la ley, se habían realizado expresiones de interés por casi us$ 56 mil millones y algo menos la mitad de este monto alcanzó la etapa de aprobación.[12] Lo anterior levanta la pregunta de cómo se explica que proyectos de considerable magnitud de inversión, se encontraran en etapa avanzada de los estudios de factibilidad a mediados de 2024, aun cuando el RIGI era en ese entonces un proyecto que había suscitado debate y cuyo trámite legislativo era incierto.

En otro orden, y aunque el contexto externo del año 2024 en el que se promovió la ley Bases era muy distinto, el acento que puso el régimen en la promoción de la energía y la minería probó ser efectivo con el vuelco del panorama geopolítico regional y global experimentado en 2025 (Baldwin, 2025.) En pocos meses, el interés por asegurar el funcionamiento de las cadenas de valor y garantizar el acceso a insumos críticos desplazó a otros objetivos comerciales y económicos. Los factores geopolíticos se tornaron dominantes (Carney, 2026) La orientación de la política exterior del gobierno decididamente alineada con EE.UU. encontró en el RIGI un instrumento operativo que le resultaba funcional. En fecha reciente, el acuerdo de comercio e inversiones que suscribió el gobierno con la administración Trump alude explícitamente a la importancia de asegurar el abastecimiento de recursos naturales.[13] En igual sentido debe leerse la adhesión del país a la iniciativa de minerales críticos que ha promovido el Departamento de Estado de los EE. UU.[14] Dado este nuevo marco de política es previsible que en el futuro crezca el interés por ampliar las inversiones mineras. El impulso oficial a la aprobación de una nueva ley de glaciares apunta en la misma dirección. Esta última, más allá de las controversias y cuestionamientos ambientales, ha sido largamente reclamada por las provincias y probables inversores.

Habiendo obtenido una respuesta favorable es comprensible que el gobierno no sólo haya extendido la vigencia del régimen sino, además, que la decisión se anticipó al plazo de vencimiento con la intención de despejar cualquier duda de parte de los inversores y alentar la presentación de proyectos.

PROYECTOS RIGI APROBADOS (2025-2026)

VI. RIGI: una política productiva sui generis.

La expansión progresiva del RIGI reabre la discusión sobre su naturaleza. Según hemos explicado en un trabajo anterior, el principal objetivo del RIGI es alentar la inversión en bienes transables y, tal como se observa en la definición de sectores de la Ley Bases, en actividades principalmente vinculadas a la explotación de recursos naturales. Lo cual cumple un propósito claro, pero pone de manifiesto sus limitaciones. El RIGI se aparta de un régimen promocional propiamente dicho, porque no identifica las externalidades que son capturadas individualmente por el proyecto. Estos fenómenos, donde la tasa de retorno social es mayor que el retorno privado está también presente dentro de la propia esfera de la explotación primaria.[1] Sin embargo, bajo el esquema definido por la Ley Bases, la promoción es asignada a proyectos de gran escala con la expectativa de derrames, pero sin una política específica en tal sentido. De otro lado, y a pesar que el RIGI está orientado al crecimiento de sectores de actividad con una definición amplia, incluyendo la infraestructura, se habilita la presentación de proyectos en ausencia de marcos o estrategias para el desarrollo de tales sectores. Es decir, la instrumentación opera caso por caso, no obstante que pueden existir complementariedades y necesidad de coordinación y secuencia entre inversiones que convergen a objetivos muy similares.

La ampliación de las actividades potencialmente beneficiarias ha ido así en línea con el objetivo inicial: promocionar la inversión y las exportaciones. Las limitaciones del RIGI apuntadas arriba siguen vigentes y, con las nuevas definiciones, también existe el riesgo que la promoción -y los costos fiscales asociados a la misma- sean destinados a proyectos que igualmente se habrían llevado a cabo.[2] Esto abre una ventana para la captura del régimen por parte de intereses privados.

No obstante lo anterior, la reglamentación ha habilitado proyectos de desarrollo tecnológico, con una mención expresa a nuevas formas de movilidad -puede leerse entrelíneas, todo aquello relacionado con la fabricación de vehículos eléctricos. Este concepto representa también una definición de importancia, dado que habilita al RIGI para apoyar inversiones que no están relacionadas con la explotación de recursos naturales no renovables hacia donde se sesgó inicialmente. Este es un cambio de perspectiva que permite superar una restricción que no tenía mayor justificación. Más aún, la cuestión levanta el interrogante si el listado de actividades es el mecanismo más idóneo. Preservando del énfasis puesto en la exportación y el escalón de inversión, la agroindustria, la industria -y no solo la siderurgia- y otros servicios transables, además del turismo, podrían generar proyectos a promocionar. Un avance en esa dirección permitiría orientar los beneficios del RIGI hacia productos diferenciados de exportación, lo cual disminuiría también los riesgos conocidos de los commodities -volatilidad de precios, clima, riesgo política.[3]

El análisis desarrollado hasta aquí muestra que el gobierno, más allá de su paradigma acerca del papel del estado, ha adoptado y expandido por vía de la reglamentación una política productiva promocional sui generis. Esta formulación tiene la ventaja respecto de anteriores experiencias que está orientada a la exportación. Pero subsisten importantes limitaciones: no se han desmontado regímenes de promoción que van en sentido contrario (Tierra del Fuego), la promoción no tiene en cuenta aspectos de innovación productiva -la excepción es el caso de la tecnología ya descripta-, se carece de orientaciones estratégicas para el desarrollo de los sectores lo cual impide resolver aspectos de coordinación y secuencia entre proyectos y, tal como se indicó, está puesto en tela de juicio la adicionalidad del RIGI -podría ocurrir que se incurren en costos fiscales para inversiones que de todas maneras habrían de tener lugar. En este contexto la autoridad de aplicación tiene amplios márgenes de decisión sobre qué se promueve y qué no. El esquema en su conjunto ofrece diversos ángulos para la generación de rentas para el sector privado -un problema clásico de las políticas de desarrollo productivo.  

A modo de conclusión.  

Tras la reciente prórroga, el RIGI se convertirá en una política promocional con una duración trienal. Inicialmente el esquema fue concebido como un vehículo para la inversión mientras la economía avanzaba hacia la normalización macroeconómica y las reformas. Bajo ese concepto podría aventurarse que en 2027 caducará la vigencia del régimen. Sin embargo, los beneficios del RIGI son sustanciales y es previsible que haya presiones para su renovación o su reformulación.

Si este fuera el caso, será conveniente realizar oportunamente una evaluación integral del RIGI, examinar los beneficios y limitaciones del régimen, para dar paso a una política de desarrollo productivo más balanceada. Paradójicamente, si bien el gobierno adhiere a una estrategia de reducir las funciones del estado a su mínima expresión, el hecho resulta claro -el RIGI es un instrumento de promoción estatal de gran calibre. Sin embargo, esa no es la cuestión relevante. Argentina necesita una política de desarrollo productivo orientada a la inserción internacional. Pero esta debe construirse con una mayor precisión acerca de qué se quiere promocionar y por qué, con parámetros claros acerca de cómo alcanzar estos objetivos  y debe ofrecer la ocasión para revisar viejos regímenes que, en el nuevo contexto, carecen de mayor justificación. El debate a enfrentar no es acerca de la necesidad de una política productiva sino cómo debe llevarse a cabo de manera que resulte eficaz desde el punto de vista económico, transparente y con el mínimo costo fiscal, con criterios claros de evaluación y con plazos acotados de vigencia temporal.   

Referencias bibliográficas.

Baldwin, R. 2025. The Great Trade Hack. CEPR.

Carciofi, R. 2024. Cuando von Mises captura al estado: el régimen de incentivos a las grandes inversiones, en Alquimias Económicas.   https://alquimiaseconomicas.com/2024/05/02/cuando-von-mises-captura-al-estado-el-regimen-de-incentivo-a-las-grandes-inversiones-rigi/

Carciofi, R. 2024 b/. RIGI: ¿la llave que abre la puerta al crecimiento? en Informe Trimestral de Exportaciones Argentinas. DESIP, IIEP, FCE-UBA. Noviembre. pp 14-24.

Carney, M., 2026. Special Address, Davos Forum

https://www.weforum.org/stories/2026/01/davos-2026-special-address-by-mark-carney-prime-minister-of-canada/

Gandini, N., 2026. Econo Journal. El detrás de escena de cómo una empresa india derrotó a Tenaris y se quedó con la provisión de caños del primer proyecto de GNL de la Argentina

https://econojournal.com.ar/2026/01/welstun-tenaris-gnl-southern-energy/

Hallak, J.C. y López, A. 2026. El lugar de Argentina en el mundo más allá de los recursos naturales: las oportunidades de agregación de valor a través de la diferenciación de productos y servicios. Serie Documentos de Trabajo, No. 112. IIEP.

Ministerio de Economía, 2024 a/. Resolución 814, Comité Evaluador de Proyectos. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/313237/20240903

Ministerio de Economía, 2024 b/. Resolución 1074/2024, Procedimientos para la Implementación del RIGI. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/315906/20241022

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 2026. Argentina y EE. UU suscribieron un acuerdo de minerales críticos.  https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/argentina-y-estados-unidos-suscribieron-un-acuerdo-de-minerales-criticos

USTR, 2026. United States of America-Argentine Republic Agreement on Reciprocal Trade and Investment. https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Releases/2026/US%20Argentina%20ARTI%20English%20Final%20February%202026.pdf

[1] Investigador invitado, IIEP-UBA.

[2] En un trabajo previo (Carciofi, 2024) analizamos las motivaciones que explicarían esta política de promociones y beneficios estatales dentro del planteo decididamente pro-mercado del gobierno.

[3] La Ley Bases contiene 8 títulos además del RIGI -emergencia económica, modernización laboral, reforma del estado, entre otros. Los temas se desarrollan a lo largo de 282 artículos, 62 de ellos dedicados al RIGI.  

[4] Para un análisis de los beneficios promocionales otorgados por el régimen, véase Carciofi, 2024 b/

[5] El artículo 172 introdujo adicionalmente una categoría de proyectos de exportación estratégica de largo plazo cuando los mismos sirven para ganar participación en mercados globales. En este caso se exige un escalón de inversión igual o mayor a los US$ 1000 millones de activos computables en cada etapa.

[6] Veáse Ministerio de Economía (2024 a y b). 

[7] El decreto 794 se publicó el 28 de setiembre de 2024 en el Boletín Oficial.

[8] Ver Anexo I, art.3, inciso n.

[9] Cabe aclarar que el régimen no está limitado a proyectos greenfield estrictos, sino que permite también ampliaciones de proyectos existentes, bajo determinadas condiciones. Este punto sería central en las modificaciones posteriores.

[10] El decreto 105 se publicó el 18 de febrero de 2026 en el Boletín Oficial.

[11] Pocos días después de la aprobación del decreto 105/26, el gobierno acaba de anunciar que Pampa Energía ha solicitado el RIGI para el upstream en su yacimiento Rincón de Aranda, lo que permitiría viabilizar la zona norte del bloque sumando más de 100 pozos adicionales. El proyecto contempla una inversión estimada de US$ 4500 millones destinada a la explotación de petróleo, plantas de tratamiento, oleoductos y gasoductos.

[12] Véase Carciofi, 2024 b/, pp. 20.

[13] Véase sección 5, USTR, 2026,

[14] Véase el comunicado de la Cancillería argentina sobre el tema, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 2026.

[15] Es ilustrativo en tal sentido el episodio que disparó el reclamo de la empresa Tenaris en la provisión de tubos sin costura para el proyecto de GNL que se instalará en Río Negro. Una de las razones alegadas por Tenaris fue que la creación de empleo local en la fabricación de los tubos representaba una ventaja a tener en cuenta respecto de la provisión importada. Este tipo de consideraciones está ausente en las reglas del RIGI. Véase, Gandini 2026.

[16] Uno de los considerandos del Decreto 749/2024 señala expresamente que el propósito del RIGI es apoyar “inversiones que de lo contrario no se realizarían.” El texto puede interpretarse como el uso de recursos fiscales y ventajas promocionales para mejorar la rentabilidad privada de un proyecto. No hay mención alguna a la rentabilidad social (externalidad del proyecto.)

[17] Además de estas vulnerabilidades asociadas a las commodities, Hallak y López (2026) plantean que la disponibilidad total de recursos naturales no renovables es insuficiente como para asegurar un sendero de crecimiento apoyado en los mismos. Destacan así la necesidad de ampliar la estructura productiva y el menú de exportaciones.

Desde la perspectiva de la economía global y del panorama político y económico de la Argentina, el año 2025 exhibe rasgos de singularidad. A lo largo de estos doce meses se ha producido un punto de inflexión en el funcionamiento del sistema internacional, en el que la geopolítica ha pasado a ocupar un lugar dominante en la definición de las políticas económicas. El cambio es de magnitud y puede caracterizarse, sin exageración, como un cambio de época. El orden internacional de posguerra, inaugurado en 1945 y sostenido durante aproximadamente siete décadas, ha dejado de operar como marco de referencia efectivo para la economía y la política global.

Lo que emerge en su lugar aún no presenta contornos definidos. Las características del nuevo orden en gestación —en materia comercial, financiera, monetaria y de seguridad internacional— permanecen abiertas, atravesadas por un elevado grado de incertidumbre. Esa indeterminación se manifiesta tanto en el plano de las reglas formales que habían sostenido la arquitectura anterior, como en el de las expectativas que orientan las decisiones en materia política y económica. La incertidumbre, más que una condición transitoria, parece haberse instalado como un rasgo estructural del horizonte visible.

El análisis sistemático de este proceso excede los límites de la presente nota. Sin embargo, resulta indudable que una serie de hechos ocurridos a lo largo de 2025 han tenido un impacto directo sobre la Argentina y que sus efectos continúan proyectándose hacia el corto y el mediano plazo. El propósito de este texto es ofrecer una reseña selectiva de algunos de esos acontecimientos, atendiendo a su relevancia tanto a escala global como para la economía argentina, y poniendo el foco en la interacción entre decisiones de política económica, reacciones de los mercados financieros y reconfiguraciones geopolíticas.

La selección de los hechos responde a tres criterios. En primer lugar, su importancia sistémica, en tanto expresan o aceleran transformaciones de mayor alcance. En segundo lugar, la vigencia de sus consecuencias, que se extienden más allá del momento en que ocurrieron y cuyo desenlace permanece abierto. Finalmente, el relato sigue un orden cronológico, sin pretensión de exhaustividad ni de jerarquización, con el objetivo de registrar una secuencia de eventos que, considerados en conjunto, contribuyen a iluminar el carácter singular del año 2025 y los desafíos que se abren hacia 2026.

2 de abril: “Liberation Day” y el giro de la política comercial de Estados Unidos.

El anuncio realizado el 2 de abril por el presidente Donald Trump, mediante el cual se estableció una política de aranceles recíprocos, marcó un quiebre explícito con el orden comercial internacional vigente hasta entonces. Si bien es cierto que los principios y reglas del comercio así como el edificio institucional construído alrededor de la OMC estaban en tensión desde hace tiempo, en 2025 el sistema se conmovió en sus cimientos. La política aplicada supuso abandonar de manera definitiva y abrupta el principio de Nación Más Favorecida, pivot del esquema multilateral de comercio.

Bajo el argumento de corregir supuestas asimetrías en el acceso a los mercados, la aspiración de reindustrializar al país y de reducir el déficit de cuenta corriente, Estados Unidos decidió aplicar una batería de aranceles a sus distintos socios comerciales (Eichengreen, 2025). A diferencia de 2017 -en el primer período de la administración Trump- donde el foco había estado puesto en China exclusivamente, en esta ocasión se hizo extensivo a todos los países, incluyendo a los vinculados por tratados de comercio preferencial, tal el caso de Canadá y México, reunidos bajo el marco del T-MEC.

Desde el punto de vista económico, la decisión implicó un cambio de régimen en la política comercial estadounidense (Baldwin, 2025). La justificación de la medida se apoyó en normas de excepción, cuyo principio de legalidad es aún motivo de consideración en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.[2] Los aranceles dejaron de ser un instrumento defensivo o sectorial para convertirse en una herramienta central de negociación bilateral y de presión geopolítica. Este giro introdujo un elevado nivel de incertidumbre en las cadenas globales de valor, afectó las decisiones de inversión y elevó los costos de producción en numerosos sectores.

3 y 4 de abril: reacción de los mercados y límites a la política económica.

La respuesta de los mercados financieros fue inmediata. En el transcurso de dos jornadas se registró una fuerte caída de los principales índices bursátiles de Estados Unidos, una depreciación del dólar y un descenso en los precios de los bonos del Tesoro. Esta combinación resultó particularmente significativa, ya que puso en evidencia una pérdida de confianza simultánea en los activos de riesgo y en los instrumentos considerados tradicionalmente como refugio. La doble conjunción de depreciación de la moneda y caída de precios de los bonos soberanos asemejó el comportamiento de los mercados en Estados Unidos, al cuadro típico de una economía emergente bajo stress financiero (Summers, 2025).

La magnitud de la reacción obligó a una rápida recalibración de la política anunciada. En los días posteriores se sucedieron reducciones parciales de los aranceles inicialmente previstos, lo que dejó en evidencia que incluso una economía central enfrenta restricciones cuando sus decisiones generan disrupciones financieras de gran escala. Aun así, el efecto estructural persistió: la tasa arancelaria efectiva de Estados Unidos se elevó desde niveles históricamente bajos, en torno al 2 o 3 %, hasta aproximadamente el 17 %, un incremento sin precedentes en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial.

11 de abril: Argentina, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

En este contexto internacional adverso, el 11 de abril el Fondo Monetario Internacional aprobó un programa de financiamiento para la Argentina por un monto de us$ 20 mil (IMF, 2025). El acuerdo incorporó un esquema de bandas cambiarias y un compromiso explícito de acumulación de reservas internacionales, con el objetivo de estabilizar expectativas y reducir la vulnerabilidad externa.

Desde el punto de vista técnico, el programa buscó compatibilizar disciplina macroeconómica con cierto grado de flexibilidad cambiaria, evitando los costos asociados a un anclaje rígido del tipo de cambio en un contexto de elevada volatilidad global. Desde el plano político y financiero, el acuerdo funcionó como una señal de respaldo institucional que contribuyó a moderar las tensiones en los mercados. Según lo señaló el informe del staff del FMI en oportunidad de elevar el programa al Directorio de la institución, la efectividad del esquema quedó condicionada a la capacidad de sostener el ajuste fiscal, recomponer el crédito y generar un flujo genuino de divisas a través del comercio y la inversión.

24 de septiembre: respaldo extraordinario del gobierno de Estados Unidos

El 24 de septiembre se produjo uno de los episodios más singulares del año, cuando el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció un respaldo directo a la Argentina (Bessent, 2025). La iniciativa incluyó la disposición a intervenir comprando pesos para evitar una escalada del tipo de cambio y el diseño de una línea de swap con participación del Tesoro estadounidense (UST). El monto de la intervención directa en sostén del peso antes de la elección del 26 de Octubre habría sido de us$ 2100 millones, a lo que corresponde sumar el swap de monedas también con el UST por us$ 20 mil millones. 

Además de los aspectos cambiarios y financieros, este respaldo debe interpretarse bajo la mirada de la administración Trump hacia América Latina. Argentina adquirió un valor estratégico que excede su peso económico relativo. El apoyo estadounidense operó como un prestamista de última instancia, reduciendo el riesgo de una crisis cambiaria abrupta y enviando una señal clara a los mercados financieros. La intervención del UST en el caso argentino escapa de los moldes conocidos en operaciones análogas, especialmente en América Latina. En el caso del salvataje financiero a México en la crisis del Tequila o los préstamos “puente” otorgados a Argentina en la década del 80, el Tesoro estadounidense actuó en estrecha coordinación con el FMI que, además, ejerció el liderazgo tanto del programa macroeconómico como de la relación con el país (Congressional Research Service, 2025.) Pero en el caso de Argentina en 2025, la modalidad de intervención fue diferente: el UST actuó por decisión propia, operó con relativa autonomía del FMI y sin la constitución de garantías específicas sobre los fondos en préstamo. El andamiaje tuvo el propósito específico de contrarrestar, según lo calificaron las autoridades, un ataque especulativo sobre el peso originado en el clima político electoral. Los resultados de la elección del 7 de setiembre habían sido muy desfavorables al gobierno y preanunciaban la pronta reunificación de la principal oposición. En ese contexto político, se acentuó el fenómeno de huída de los activos financieros domésticos. El supuesto de la decisión de política económica, compartida por el gobierno y el UST, fue que los mercados recobrarían la calma una vez que el episodio electoral llevara a la victoria del oficialismo. El corolario de este pronóstico era que el programa económico volvería a los cauces acordados con el FMI en el mes de Abril.    

26 de octubre: elecciones legislativas y reconfiguración política.

El triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas del 26 de octubre representó una reconfiguración significativa del sistema político argentino. Con el 40,7 % de los votos, el gobierno amplió de manera sustancial su representación en ambas cámaras del Congreso, mientras que el peronismo perdió el control del Senado por primera vez desde el retorno de la democracia en 1983.

Desde una perspectiva económica, el resultado electoral redujo la incertidumbre política en el corto plazo y fortaleció la capacidad del Poder Ejecutivo para avanzar con su agenda de reformas. Sin embargo, la consolidación política planteó un desafío adicional: transformar el capital electoral en capacidad efectiva de implementación, en un contexto social marcado por los costos del ajuste y por una economía real que aún muestra señales de debilidad.

CAMARA DE DIPUTADOS

Noviembre: el gobierno estadounidense publica el documento de “Estrategia de Seguridad Nacional”

En 1987 la administración Reagan dio inicio a una tradición consistente en la publicación en un único documento de los distintos elementos que configuran su estrategia de seguridad nacional (ESN). La práctica fue adoptada por los gobiernos que le siguieron. La intención ha sido responder a las demandas del Congreso en la materia, además de brindar algunas orientaciones para la coordinación de las diferentes agencias y oficinas gubernamentales con competencia en el tema. En razón del enfoque del texto, habitualmente formulado con un lenguaje técnico y dirigido hacia el interior de la estructura burocrática, las sucesivas ESN han pasado por fuera de la atención prensa y de la opinión pública. Más bien han sido materia de especialistas. La ESN publicada en noviembre pasado se aparta de esa tradición. Es un documento de extraordinaria importancia. Los debates y análisis acerca del contenido han ocupado extensos espacios en la prensa, círculos de opinión y, por cierto, también de la academia (Haas, 2025). Para los propósitos limitados de esta nota es suficiente con destacar tres aspectos principales del por qué de la relevancia de la ESN 2025. En primer lugar porque articula de manera consistente el planteo de política internacional y del lugar que ocupa EEUU en ese damero. En segundo lugar, porque permite ubicar las decisiones de política comercial como herramienta de reindustrialización y defensa del país, en el contexto del marco más amplio de la relación política con el resto de los socios comerciales. En tercer lugar, porque el documento consagra una prioridad de mayor orden al Hemisferio Occidental (Schenoni, 2025). Es una revalorización y actualización de la Doctrina Monroe -rebautizada como “Doctrina Donroe” a partir de este documento- y cuyo contenido sintetiza con claridad la siguiente frase: “Después de años de negligencia, los Estados Unidos reafirmarán y harán cumplir la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental” (The White House, 2025.) De esta manera, la ESN no sólo permite comprender la lógica con la que ha venido decidiendo la administración en distintas materias de política internacional sino que, en particular, permite entender las decisiones de política respecto de América Latina. En ese marco puede explicarse el salvataje financiero a la Argentina, el replanteo del arreglo comercial con México y Canadá (T-MEC) o, como ejemplo más nítido y reciente, la intervención en Venezuela realizada el 2 de enero cuyo desenlace es aún un interrogante abierto.

Diciembre: dólar, activos refugio e incertidumbre global

En 2025 se ha producido una depreciación del dólar del orden de 15% contra los socios comerciales. Asimismo se ha disparado el precio del oro que alcanzó cotizaciones máximas. Este comportamiento reflejó el impacto acumulado de la incertidumbre asociada a los vaivenes de la política comercial, las tensiones geopolíticas y las dudas sobre la consistencia de la política económica estadounidense. Comienza a instalarse la percepción sobre el riesgo del dólar y la búsqueda de otras reservas de valor. Al mismo tiempo, durante 2025 se ha afirmado la difusión y aplicación de la IA. Los gigantes tecnólogicos se han embarcado en cuantiosas inversiones que han disparado las valuaciones de las empresas. Se afirma así la percepción que se estaría gestando una burbuja de activos. Opiniones de expertos vienen señalando que en caso de un estallido de esa burbuja, sobrevendría una fuerte caída del nivel de actividad y estanflación (Gopinath, 2025).   

Diciembre: empleo registrado y perspectivas

El cierre del año dejó un dato preocupante en el plano doméstico. La caída del empleo asalariado registrado observada durante el primer semestre de 2024 no se revirtió a lo largo de 2025. Al mes de septiembre, la reducción acumulada rondaba los 200.000 puestos de trabajo.

Este desempeño plantea un interrogante central para la etapa que se abre. Si bien la estabilización macroeconómica constituye una condición necesaria para la recuperación del empleo, no resulta suficiente por sí sola. La creación de puestos de trabajo formales dependerá de la reactivación de la inversión, de la recomposición del crédito y de la capacidad del sector productivo para absorber mano de obra en un contexto de cambios estructurales profundos.

Reflexión final

El año 2025 confirmó que la economía mundial ha ingresado en un nuevo proceso: queda atrás el orden de post-guerra y se inaugura una nueva etapa plagada de interrogantes. Al inicio se señaló que podría calificarse como un cambio de época. La economía y la política internacional de estos doce meses pasados ha estado marcada por las decisiones que emanaron de la nueva administración estadounidense a partir del 20 de Enero. Si bien hubo dudas iniciales sobre los verdaderos alcances de la política arancelaria de Trump, la relación con los socios tradicionales y cómo se ubicaría frente a China y Rusia, el documento de ESN despejó los interrogantes. El texto es una expresión compacta y que permite reconstruir no sólo las decisiones iniciales sino la carta de navegación de cara al 2026. En el año que inicia aparecen nuevos desafíos. Entre ellos, y uno no menor, es el resultado de las elecciones de medio término en EEUU que acontecerán el próximo noviembre.

Para la Argentina, el alineamiento temprano e irrestricto con Trump, le rindió dividendos importantes al gobierno. La crisis cambiaria de los meses de setiembre y octubre, se pudo dominar por la intervención directa del Tesoro de los EEUU. El gobierno se asoma a un año sin pruebas electorales, lo cual le permite focalizar el grueso de la atención en el frente económico. La tarea que emprende es doble: consolidar la estabilidad macro y avanzar en reformas estructurales. Es plausible asumir que, pese a las turbulencias del contexto externo, Argentina no confrontará shocks negativos en el plano comercial (precios y cantidades) o en el terreno financiero. Si tal es el marco externo y la dirección de las políticas, el desafío estará puesto en la respuesta en materia de creación de empleo. Desde el punto de vista económico, este será un dato clave sobre el cual habrá de pivotear el gobierno y la oposición de cara a 2027.

Referencias

Baldwin, R. 2025. The Great Trade Hack. CEPR.

Bessent, S. 2025. https://x.com/secscottbessent/status/1970821535507026177?s=48&t=v3FGB5fFLlcgq1QIV1lAjg

Congressional Research Service, 2025. U.S. Financial Support to Argentina. R48780 https://www.congress.gov/crs-products

Eichengreen, B. 2025. The Global Public Good, en The Economic Consequences of the Second Trump Administration: A Preliminary Assessment. CEPR. Diciembre.

Gopinath, G. 2025. The Crash that Could Torch 35 Trillion of Wealth. https://www.economist.com/by-invitation/2025/10/15/gita-gopinath-on-the-crash-that-could-torch-35trn-of-wealth

Haas, R. 2025. Trump National Security Strategy Marks Dangerous New Era. https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-national-security-strategy-marks-dangerous-new-era-by-richard-haass-2025-12

IMF, 2025. Argentina: IMF Executive Board Approves 48 month, us$ 20 billion Extended Arrangement. https://www.imf.org/en/news/articles/2025/04/12/pr25101-argentina-imf-executive-board-approves-48-month-usd20-billion-extended-arrangement

Schenoni, L. 2025. El Corolario Trump a la luz de la irrelevancia latinoamericana. La Nación. https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/el-corolario-trump-a-la-luz-de-la-irrelevancia-latinoamericana-nid16122025/

Summers, L. 2025. “Trump’s tariffs will harm the US and global economy, Lawrence H. Summers says” – Peterson Institute for International Economics
https://www.piie.com/newsroom/short-videos/2025/trumps-tariffs-will-harm-us-and-global-economy-lawrence-h-summers-says

The White House, 2025. National Security Strategy. Noviembre.

[1] Investigador invitado, IIEP, FCE-UBA

[2] A diferencia de los aranceles aplicados en la primera presidencia de Trump (que se basaron mayormente en la Sección 232 para seguridad nacional o la Sección 301 para prácticas desleales), en 2025 se ha apoyado mayormente en el uso de las facultades conferidas por la ley de medidas económicas de emergencia internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés). La legalidad de la medida se encuentra a consideración de la Corte Suprema.

Allá por Agosto de 2014, junto con un grupo de colegas vinculados a la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la UBA, creamos un sitio destinado a promover el debate de ideas en torno a "los problemas económicos en general", con un interés especial por aquellos "de nuestro país y la región". La consigna del blog, que llamamos Alquimias Económicas, fue, desde sus inicios, abandonar toda tentativa de representación institucional en favor de la diversidad y el pluralismo de argumentos y opiniones (fundadas en evidencia académica, pero evitando "tecnicismos innecesarios"), buscando siempre trascender la audiencia de los colegas en procura de "alcanzar a un público que trascienda los límites de nuestra disciplina".

Oscar Cetrángolo estuvo dentro de ese grupo fundador y hasta sus últimos días siguió aportando insumos a este blog (su última entrada, sobre federalismo fiscal, corresponde al 22 de octubre de 2025, cuando la maldita enfermedad que se lo llevó ya había mermado su físico, pero no su capacidad de trabajo, su entusiasmo por participar en el debate público y la agudeza de su pensamiento). La primera entrada que publicó Oscar es del 7 de agosto de 2014 y su título es revelador de una de sus obsesiones, sobre la que escribió repetidamente en Alquimias: "Parche a parche, ¿qué camino se hace al andar?". En efecto, escribiera sobre temas tributarios, gasto público, federalismo fiscal, salud, educación o sistema previsional, Oscar siempre insistió en el hecho de que en las últimas décadas la Argentina se caracterizó, entre otras ignominias, por la acumulación de "reformas" parciales, y muchas veces mal encaminadas, que no resultaban más que parches transitorios ante la imposibilidad de dar debates serios y profundos en búsqueda de consensos duraderos sobre las mejoras formas de abordar los problemas de fondo de cada una de esas áreas De paso notemos que el título de aquel posteo también nos remite a otro de sus grandes intereses, la música, pasión que compartimos (lo mismo que la del cine) y sobre la cual discurrimos largamente tanto en el programa de radio que condujimos junto con Norberto Lema en Radio UBA (Partida Doble), así como en la "Oficina J" de la FCE-UBA, que cohabitamos también con Roberto Bisang y Javier Curcio.

Oscar se fue, y sé que lo hizo con amargura frente a la persistente decadencia de la economía argentina, y también frente al franco deterioro del nivel del debate público sobre muchos de los grandes temas acerca de los que investigó durante su larga y prestigiosa carrera. Pero nunca perdió el sentido del humor, con el que alegró siempre las charlas en la Facultad y en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política, IIEP, del cual fue también miembro fundador y pilar de su desarrollo posterior. Tampoco, y a pesar de su desencanto con la evolución de la cosa pública en el país, perdió su voluntad de opinar y debatir, siempre de forma directa y a veces cruda, pero con una gran honestidad intelectual y desde el conocimiento profundo de los problemas que trataba (contra lo que él llamaba con gran inventiva irónica "economistas de amplio espectro").

Esta es la primera nota que escribo en este blog que no va a pasar previamente por la lectura de Oscar. No me va a corregir errores ortográficos o gramaticales, no me va a hacer comentarios relevantes ni me va a sugerir títulos ocurrentes. Lo vamos a extrañar mucho pero lo vamos a recordar siempre.

Pablo J. Mira*

Inflexiones

Hacia 2011, la economía argentina llegaba al final de las dos últimas experiencias de crecimiento alto y sostenido que conoció en los últimos 50 años. La primera fue la expansión de los años noventa bajo el régimen de convertibilidad. La segunda fue la recuperación posterior a la crisis de ese mismo régimen en 2001–2002.

En ambos casos, la resurrección tomó ventaja de la capacidad inutilizada y del desempleo heredados. En los noventa, un motor adicional fue la estabilidad garantizada por el regreso del financiamiento externo, y la subsecuente aparición del crédito interno (Heymann, 2000); en los 2000, el default de la deuda pública y un shock positivo de términos de intercambio propiciaron las condiciones para una expansión de varios años (Ocampo, 2007).

Se trató de dos episodios de alto crecimiento, pero transitorios, y con desenlaces diferentes. El ciclo de la convertibilidad terminó en una crisis abrupta, asociada a inconsistencias macroeconómicas, muy especialmente en el frente externo, a las que contribuyeron reformas estructurales como la del sistema previsional (Damill, Frenkel y Juvenal, 2003). La fase posterior a 2003, en cambio, fue perdiendo vigor de manera más gradual: desde 2011 se aceleró la inflación, se erosionaron los superávits fiscal y externo y se postergaron inversiones clave. No hubo una explosión inmediata, pero las dificultades se fueron acumulando hasta desembocar en un estancamiento persistente (Damill, Frenkel y Rapetti, 2015).

Estas diferencias en el modo en que concluyeron ambas experiencias ofrecen una clave útil para leer el libro que aquí se reseña. Las explosiones suelen ser interpretadas como la necesidad de reconsiderar completamente el funcionamiento de la economía, con poco tiempo o espacio para reflexionar acerca de sus problemas de fondo. Los procesos de deterioro progresivo, en cambio, tienden a poner de relieve debilidades estructurales específicas y abren la posibilidad de identificar con mayor claridad las oportunidades y las restricciones de una estrategia de desarrollo.

La metáfora de un automóvil problemático puede ilustrar el punto. Si en un momento el motor del coche estalla, la conclusión natural es que nada en el auto funcionaba bien, y que la solución pasaba por reemplazarlo. Si en cambio lo que se observa son fallas recurrentes, el diagnóstico exige abrir el capot y distinguir qué piezas fallan, cuáles son reparables y cuáles deben reemplazarse. Pensando el desarrollo económico argentino se inscribe en esa tarea de mecánico: analiza las limitaciones de diseño que empezaron a quedar expuestas desde el punto de inflexión de 2011.

Oteando el desarrollo desde la meseta

El volumen compila trabajos de investigadoras e investigadores vinculados al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), creado también en 2011. No se presenta como un plan de desarrollo ni como una colección de recetas, sino como un conjunto de aportes a una agenda de debate, todo debidamente aclarado en la introducción.

El libro reúne diez capítulos, más un prólogo, una introducción y un epílogo, sobre un abanico amplio de temas: tributación, gasto social, inserción internacional y regional, políticas de competencia, energía, minería, bioeconomía, agro 4.0, economía del espacio y cambio climático. Esa aparente dispersión es también una oportunidad. Leído desde el punto de inflexión de 2011, el libro puede verse como un intento de cartografiar capacidades de desarrollo más que de concentrarse en análisis sectoriales puros.

Más allá del contenido, el libro se beneficia de una muy buena edición. La organización general es clara, los capítulos tienen un orden coherente, y la introducción y el epílogo combinan con eficacia el material general. Todo esto convierte a Pensando en una obra de lectura, pero también de consulta. En lo formal, la diagramación obedece una estética sobria, y las tablas y gráficos se presentan a todo color tanto en la versión en papel como en la electrónica. En términos de escritura, se trata de autores de enorme trayectoria y experiencia en los temas desarrollados, que logran combinar rigor académico con una vocación divulgativa que autoriza a la obra a intervenir en la discusión pública.

La introducción y el epílogo recorren los capítulos del libro, pero no pretenden realizar un ejercicio que los vincule explícitamente. A fin de direccionar esta agenda, en esta reseña señalamos algunas posibles conexiones, distinguiendo cuatro tensiones y un mapa de capacidades que parecen emerger de los artículos en su conjunto.

Tensión 1: Estado ambicioso, resultados desiguales

La primera tensión es la de un Estado aspiracional que no consigue traducir su tamaño en logros satisfactorios y homogéneos. Oscar Cetrángolo muestra cómo el sistema tributario combinó, a lo largo de cuatro décadas, impuestos “tradicionales” (IVA, ganancias) con figuras heterodoxas (retenciones, impuesto al cheque, gravámenes de emergencia) que nacieron como transitorias y se volvieron permanentes. Complementariamente, Javier Curcio y Ariela Goldschmit documentan un nivel de gasto social sobre el producto comparable al de muchas economías avanzadas, con resultados en términos de equidad y garantía de derechos muy por debajo de esos referentes. En su diagnóstico, la superposición de regímenes contributivos y no contributivos, la fragmentación institucional y las desigualdades federales lleva a que la calidad de las prestaciones dependan excesivamente del lugar de residencia y de la situación laboral.

La desconexión entre el esfuerzo fiscal agregado y los resultados sociales efectivos no fue inevitable. En materia impositiva, la Argentina perdió varias oportunidades de converger hacia un esquema más simple y progresivo, en línea con las agendas de reforma tributaria que la CEPAL o el propio Cetrángolo vienen proponiendo hace años (Cetrángolo y Gómez Sabaini, 2012).

Las propuestas que se bosquejan en estos capítulos apuntan a recomponer ese vínculo entre esfuerzo y resultados. La orientación es desplazar gradualmente la carga hacia impuestos más progresivos y menos distorsivos, ordenar el mapa del gasto social para que proteja mejor a quienes hoy quedan peor cubiertos, y revisar las reglas previsionales.

Tensión 2: mundo inestable, estrategia indefinida

Una segunda tensión aparece en los capítulos dedicados a la inserción internacional. La Argentina es una economía pequeña y abierta, fuertemente condicionada por la disponibilidad de divisas, que llega a la inflexión de 2011 con una historia extensa de crisis de balance de pagos. Sin embargo, el país no termina de definir una estrategia sostenida respecto de cómo quiere integrarse al mundo en un contexto de cadenas globales que se están reconfigurando, de nuevas tensiones geopolíticas y de transición climática.

Ricardo Carciofi parte justamente de esa transformación del escenario externo: cadenas de valor más cortas o regionalizadas, disputas entre potencias que mezclan comercio, tecnología y seguridad, nuevas reglas asociadas a las emisiones de carbono. En ese marco, la clásica dicotomía “apertura versus protección” resulta cada vez menos útil. Lo que está en juego es cómo articular política comercial, políticas productivas e integración financiera en un contexto en el que los márgenes de maniobra son acotados, pero no inexistentes.

Gustavo Svarzman, a su vez, revisa la historia del Mercosur y se pregunta para qué sirve hoy el bloque. La respuesta no es obvia ni en términos económicos ni políticos. Por un lado, el mercado regional sigue siendo relevante para muchas manufacturas argentinas; por otro, los vaivenes de las políticas comerciales y cambiarias dentro del propio bloque han erosionado parte de ese potencial. Argentina necesita una región que funcione como plataforma de aprendizaje y diversificación, pero no termina de decidir qué lugar quiere ocupar en esa arquitectura.

El aspecto común de estas aproximaciones es que la discusión sobre la inserción internacional no puede limitarse a negociar aranceles o a firmar acuerdos ad hoc. Obliga a preguntarse cómo se conectan esas decisiones con los perfiles productivos que se quieren promover, con las capacidades tecnológicas que se busca desarrollar, con las restricciones ambientales que habrá que respetar. Para Argentina, mal que nos pese, el mundo es a la vez una oportunidad y una amenaza, pero los decisores no han logrado traducir esa ambivalencia en una estrategia explícita.

Tensión 3: recursos abundantes, divisas escasas

La tercera tensión atraviesa los textos sobre energía y minería. La Argentina es un país con recursos naturales abundantes pero convive con una restricción externa crónica y con recurrentes crisis de balanza de pagos. La promesa de Vaca Muerta y de una minería metalífera en expansión convive con un historial de volatilidad cambiaria y con potenciales conflictos socioambientales.

Alejandro Einstoss y Julián Rojo exploran los dilemas de la política energética en este contexto: necesidades de inversión colosales en generación, transporte y distribución; tensiones entre objetivos fiscales, tarifas y señales de largo plazo; presiones, internas y externas, para acelerar la transición hacia una matriz más limpia. Diego Murguía, por su parte, analiza las condiciones para un desarrollo estratégico de la minería metalífera, haciendo foco en la competencia por inversiones con otros países, en los conflictos territoriales y en la exigencia de mejorar la gobernanza de los proyectos.

El dilema de la especialización en la explotación de recursos naturales es un tema tradicional y recurrente. Los mismos sectores que se presentan como vía rápida para aliviar la escasez de divisas pueden reforzar enclaves con escasos encadenamientos productivos, si no se articulan con estrategias de diversificación e innovación. Y aun así, tampoco es obvio que esa holgura de divisas se verifique, pues las decisiones de inversión que se tomen hoy definen trayectorias de emisiones y de uso del suelo que condicionan la posibilidad de cumplir con compromisos climáticos y con demandas locales de protección ambiental.

El libro sugiere algunos criterios para navegar esa tensión, que incluyen exigencias de contenido local razonables, marcos regulatorios estables pero exigentes en materia ambiental, y articulación con políticas de ciencia y tecnología. Como siempre, estas recomendaciones generales constituyen en sus detalles de implementación desafíos en sí mismos, tanto en términos de aceptación política y social como de las capacidades de los ejecutores.

Tensión 4: tecnología de punta, difusión limitada

La cuarta tensión remite a la coexistencia de islas de alta sofisticación tecnológica con un entramado productivo heterogéneo y, en muchos casos, atrasado. Roberto Bisang retoma su línea de trabajo sobre bioeconomía para mostrar que la Argentina ha desarrollado capacidades científicas y empresariales en biotecnología, genética e insumos avanzados (véase, por ejemplo, Bisang, 2014). Jeremías Lachman, Andrés López y Paulo Pascuini, a su vez, ilustran el potencial del agro 4.0 y de la economía del espacio, basados en sensores, satélites, plataformas de datos y servicios intensivos en conocimiento.

La existencia de islas dinámicas en un mar de rezazo es algo natural en economías en transformación, pero Argentina parece estar en una etapa previa, donde la transición no parece haber tenido efectos decisivos a nivel macro. El interrogante es entonces hasta qué punto esos núcleos pueden traccionar al resto del tejido productivo o, por el contrario, habrán de consolidarse como enclaves sofisticados que conviven con un entorno de transformaciones limitadas. La literatura sobre cambio estructural sugiere que el desarrollo implica, tarde o temprano, la desaparición o reducción relativa de sectores de baja productividad y la expansión de actividades más complejas (McMillan y Rodrik, 2011). La experiencia argentina reciente muestra más superposición que reemplazo, en un entorno social y político especialmente conflictivo.

Los textos apuestan a que estos sectores de frontera puedan cumplir un papel de “locomotoras” del desarrollo, pero solo bajo condiciones exigentes: políticas activas de difusión tecnológica, arreglos institucionales que faciliten el acceso de productores pequeños y medianos a las nuevas tecnologías, y estrategias de formación de recursos humanos.

Pensando la Implementación

Buena parte de las propuestas que recorren el libro comparten un supuesto fuerte, no siempre explícito: la existencia de un Estado capaz de formular, coordinar y sostener las políticas recomendadas con consistencia temporal. Los problemas recurrentes que atraviesa la administración pública local son conocidos: incentivos imperfectos, rotación de equipos, fragmentación organizacional y una competencia que privilegia las ideas políticas por sobre la capacidad profesional (el escenario se vuelve más complejo ante una gestión que propone una revisión profunda de los organismos y funciones que tradicionalmente han definido la intervención del Estado).

Esto señaliza una potencial extensión de la obra. A partir de sus ideas de reforma tributaria progresiva, reordenamiento del gasto social, estrategias de inserción internacional, marcos regulatorios para energía y minería, políticas de innovación y respuestas al cambio climático, es necesario reflexionar sobre la habilitación política y profesional de las medidas: quién se encarga de esta agenda y con qué incentivos. Interrogantes asociados incluyen las potenciales configuraciones de actores estatales, empresariales y sociales que podrían llevar a cabo estas reformas y sostenerlas en el largo plazo, o analizar las compensaciones necesarias para hacerlas política y socialmente viables.

Otro desafío remite a la arquitectura de implementación. Varias de las propuestas requieren la creación o el fortalecimiento de capacidades específicas: agencias de competencia con alta autonomía técnica, reguladores capaces de lidiar con proyectos de gran escala, unidades especializadas en medición y reporte de emisiones, equipos de política productiva que trabajen palmo a palmo con el sector privado, etcétera. En un contexto de una administración pública poco sofisticada, una alternativa novedosa de implementación son las llamadas “unidades de nudges”, que aplican ideas de la economía del comportamiento para mejorar las políticas públicas. La herramienta por sí sola es obviamente insuficiente, pero en situaciones de abandono profesional de las capacidades estatales, puede ser una herramienta útil, que además ha mostrado un éxito resonante en varios países (OECD, 2017).

El libro también invita a pensar en la conexión entre capítulos más allá de las afinidades temáticas reconstruidas en esta reseña. Podríamos preguntarnos qué ocurriría si se intentaran llevar a cabo, de manera simultánea, las agendas que cada autor propone en su campo. Por ejemplo, ¿cómo afectaría una reforma tributaria al financiamiento de la transición energética?, ¿qué tipo de información deberían compartir entre sí las áreas de competencia, energía, desarrollo productivo y ambiente para que las decisiones no sean contradictorias? Se trata de interrogantes que exceden el alcance de un volumen como este, pero marcan un horizonte de discusión en el que las políticas de desarrollo dejan de pensarse como una sumatoria de “mejores prácticas” sectoriales y pasan a considerarse como un entramado de decisiones interdependientes.

Si la década y media perdida posterior a 2011 obligó a mirar con más atención las limitaciones del modelo de desarrollo argentino, el paso siguiente es someter a la misma lupa las capacidades políticas e institucionales que harían falta para transformar diagnósticos informados en políticas efectivamente aplicadas.

Conclusión: un mapa de capacidades

"Pensando el desarrollo económico argentino" es una respuesta colectiva a una pregunta a la vez simple y difícil: cómo encauzar una economía que, tras haber conocido dos episodios de crecimiento intenso, lleva más de una década sin encontrar siquiera un atisbo de expectativa de expansión sostenida. La respuesta del libro es un mapa, naturalmente incompleto pero relevante, que explicita tensiones, pero que también deja claras cuáles son las capacidades disponibles. La principal virtud del volumen consiste en detectarlas y, al mismo tiempo, destilar cierta esperanza de su plausibilidad. Tenemos las preguntas pero también algunas respuestas, diagnósticos puntuales que revelan oportunidades concretas, que hay que saber aprovechar.

El libro es explícito acerca de sus límites en materia macroeconómica. Se quiere evitar la trampa de ese himno a la inacción que es la frase “primero resolvemos la macro y después pensamos el desarrollo”. Aun en contextos de volatilidad, sostienen los compiladores, es posible y necesario avanzar en la construcción de capacidades fiscales, productivas, tecnológicas y ambientales que seguirán siendo relevantes cualquiera sea el régimen macro finalmente adoptado. Si bien corresponde pensar las problemáticas productivas sin autocensura, lo cierto es que la conexión de la macro con estos desarrollos es dispar. Hay políticas y desarrollos sectoriales que sobreviven incluso a pesar de una macro inestable, pero otros decididamente no, por lo que entender cada caso es crucial para aplicar el motto del libro.

Si en algún momento la Argentina decide encarar una estrategia de desarrollo que vaya más allá de la estabilización de corto plazo, este libro será un punto de partida obligado para pensar qué capacidades fiscales, sociales, productivas, tecnológicas y ambientales debería acumular para no repetir la historia de episodios “positivos pero transitorios” que terminen en una nueva frustración.

Referencias

• Aghion, P. y Howitt, P. (2006). "Appropriate growth policy: A unifying framework". Journal of the European Economic Association, 4(2–3), 269–314.

• Bisang, R. (2014). Las empresas de biotecnología en Argentina. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT), Buenos Aires.

• Cetrángolo, O. y Gómez Sabaini, J. C. (2012). La tributación en América Latina: en busca de una nueva agenda de reformas. CEPAL.

• Damill, M., Frenkel, R. y Juvenal, L. (2003). Las cuentas públicas y la crisis de la convertibilidad en Argentina. Documento de Trabajo n.° 4, CESPA, FCE-UBA, Buenos Aires.

• Damill, M., Frenkel, R. y Rapetti, M. (2015). "Macroeconomic Policy in Argentina During 2002–2013". Comparative Economic Studies, 57(3), 369–400.

• Hausmann, R., Hwang, J. y Rodrik, D. (2007). "What you export matters". Journal of Economic Growth, 12(1), 1–25.

• Heymann, D. (2000). El esquema de convertibilidad. CEPAL, Documento de proyectos e investigación, LC/BUE/G.108, Oficina de la CEPAL en Buenos Aires.

• McMillan, M. S. y Rodrik, D. (2011). "Globalization, Structural Change and Productivity Growth". NBER Working Paper n.° 17143.

• OECD (2017). Behavioural Insights and Public Policy: Lessons from Around the World. OECD Publishing, París.

• Ocampo, J. A. (2007). "La macroeconomía de la bonanza económica latinoamericana". Revista de la CEPAL, 93, 7–28.

• Rodrik, D. (2004). Industrial Policy for the Twenty-First Century. CEPR Discussion Paper n.° 4767.

*Dr. en Economía | Universidad de Buenos Aires (Argentina)

Tratando de encontrar motivos que expliquen la profunda insatisfacción frente al debate político en la Argentina, hay un aspecto en particular que creo relevante rescatar. Suele molestarnos que el argumento más frecuentemente esgrimido por los contendientes con mayor apoyo del electorado sea la descalificación del otro, sin mayor preocupación por presentar propuestas claras de reforma.

Pero, tal vez más grave, sea comprobar que, a partir de la importante disputa entre los gobiernos nacional y provinciales, han emergido, a modo de propuestas, declaraciones bastante discutibles acerca de nuestra organización federal. Aquí debemos llamar la atención sobre la dificultad de comprender los problemas de nuestro federalismo. En algunos casos, creo que no se trata de dificultad de comprensión sino de intereses particulares que prefieren obviar lo obvio de nuestra organización federal.

Lo que se suele escuchar acerca de la situación fiscal de las provincias y la relación con el gobierno nacional se refiere, básicamente, a la necesidad de eliminar el impuesto sobre los ingresos brutos debido a las distorsiones que genera, la conveniencia de modificar el régimen de coparticipación que estaría consolidando la situación de provincias “rentistas” sin incentivos a cobrar impuestos y otros comentarios donde las finanzas provinciales aparecen como causantes importantes de problemas macro fiscales del país.

Se trata de prioridades que reflejan con mayor fuerza las demandas de los gobiernos nacional y de las provincias de mayor desarrollo relativo (contribuyentes netos al régimen de coparticipación de impuestos), pero difícilmente puedan ser consideradas a la cabeza de agendas para mejorar la provisión de servicios públicos esenciales de manera homogénea a lo largo del territorio argentino, negando de algún modo que precisamente la Nación incluye a todas las provincias. Esta breve nota tiene como propósito introducir en las complejidades propias de nuestra organización federal, que deben ser consideradas con mucho mayor cuidado que lo que estamos presenciando en los debates.

Debemos comenzar recordando que a lo largo de la historia argentina los desequilibrios fiscales estuvieron mayormente determinados por las cuentas del gobierno nacional. Como se presentó en una nota previa de este mismo blog, la evolución del resultado del agregado de cuentas provinciales confirma que no puede atribuirse a ese nivel de gobierno la historia de desequilibrios fiscales. Más grave aún, como se explicó en esta otra nota de este blog a raíz de los conflictos recientes del gobierno nacional con las provincias, las cuentas del gobierno nacional incluyen recursos que les corresponden a las provincias. Entre ellos se cuentan las transferencias para cubrir los desequilibrios de las cajas previsionales de las provincias o los recursos del fondo de ATN no distribuidos.

Pero, lo que reviste mayor gravedad es que, al no debatirse las políticas públicas que se requieren para mejorar el funcionamiento de nuestra sociedad, buena parte de quienes opinan sobre las relaciones entre la Nación y las provincias sólo consideran aspectos financieros, sin comprender que la calidad de vida de nuestros ciudadanos y las posibilidades de crecimiento y desarrollo se encuentran estrechamente vinculadas con la manera en que se consolidan las relaciones entre diferentes niveles de gobierno.

Suele olvidarse que nuestra organización federal presenta numerosos vacíos y definiciones ambiguas en materia de responsabilidades a cargo de cada uno de los niveles de gobierno. Sobre ese escenario, debe destacarse un grupo de rasgos estilizados que definen la trayectoria de mediano plazo de las relaciones intergubernamentales.

En primer lugar, la existencia de desequilibrios regionales persistentes a lo largo de nuestra historia. A pesar de ser un tema de debate recurrente desde la propia organización nacional, en el siglo XIX, el país presenta enormes diferencias de desarrollo económico regional. Es así que, como se explicó en la nota previa de este blog antes referida, casi la mitad del PIB del país se origina en la Provincia y Ciudad de Buenos Aires, y tres cuartas partes corresponde a esas jurisdicciones más Mendoza, Santa Fe, Córdoba y la Patagonia. Como contraparte, en las restantes 14 jurisdicciones se genera algo más de un cuarto del producto. Eso significa que en esas provincias hay escasas bases tributarias y, consecuentemente, una alta dependencia de ingresos recaudados por el gobierno nacional para financiar sus gastos.

En segundo lugar, debe considerarse la evolución de mediano plazo de la tributación dominada por el paulatino predominio de impuestos que resultan administrados más eficientemente desde el gobierno central (Rentas, IVA, Internos).

En tercer término, una combinación de normas constitucionales y políticas de reforma durante el último medio siglo derivó en la descentralización hacia las provincias y algunos gobiernos locales del gasto en salud, educación, saneamiento y otros esenciales para la formación de capital humano a lo largo de nuestro territorio.

El resultado de esos movimientos  combinados es una creciente dificultad para hacer que las políticas públicas tiendan a reducir las brechas de desarrollo humano entre regiones de nuestro territorio, lo que se pone de manifiesto toda  vez que consultamos los resultados de evaluación educativa por provincias, los indicadores sanitarios, la disponibilidad de agua y saneamiento, y todo otro indicador relevante que defina las enormes brechas de calidad de vida dependiendo del lugar de nacimiento y residencia de cada ciudadano.

Este es el nudo de la anunciada insatisfacción con el tipo de referencias a la organización federal que predomina en el debate actual. En la medida en que la pretendida solución pase por reformas puntuales en la tributación o en algunas transferencias financieras se está dejando de lado la necesaria e imprescindible reforma en las políticas públicas de carácter federal que mejoren la provisión de servicios públicos con impacto sobre el desarrollo humano, la equidad y la cohesión social.

Por ejemplo, suele escucharse que la reforma tributaria más importante que se propone desde la Nación es la eliminación de los impuestos provinciales sobre los ingresos brutos, siendo que existen impuestos nacionales tan o más ineficientes (créditos y débitos en cuenta corriente, por ejemplo) y que, además, la eliminación de los impuestos sobre los Ingresos Brutos debe estar acompañada de otras reformas que aseguren mantener (y mejorar) el financiamiento de las funciones que llevan a cabo los gobiernos provinciales y CABA.

En suma, debe reconocerse que una reforma de nuestro federalismo no debe estar centrada en aspectos puramente financieros sino que debe hacer foco en las políticas para mejorar la provisión de servicios esenciales para el desarrollo humano a lo largo de todo el territorio, logrando un federalismo verdaderamenbte inclusivo e igualitario en todo el territorio.

* Docente de Finanzas Públicas en la FCE, UBA;  Investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política y miembro de AFISPOP en el IIEP.

Malena Aprile*, Oscar Cetrángolo** y Ariela Goldschmit***

Bajo las especiales circunstancias en las que se desarrolla el debate político en la Argentina, quienes prefieren las posiciones oficialistas/libertarias colocan en un lugar de privilegio el rápido ajuste de las cuentas públicas (sin medir costos relativos de decisiones alternativas) y una reducción al mínimo de la presencia estatal en la economía. Se llega al extremo (siguiendo los postulados más drásticos de la escuela de la elección pública^[2]) de establecer que, si bien pueden existir situaciones donde el mercado no asigna eficientemente los recursos (cuando no se cumplen los supuestos básicos de los mercados en competencia perfecta), su corrección mediante políticas públicas puede llegar a empeorar aún más la situación. Se trata de un debate que se dio con mucha intensidad en los años noventa y que, ahora, vuelve en una versión un tanto más extrema e ingenua, que hace caso omiso de los ricos debates de aquel entonces. 

Llamativamente, una de las supuestas ventajas de reducir (eliminar) la presencia estatal aparece de la mano de la desaparición de incentivos a prácticas corruptas, tema que aparece hoy como poco creíble, a la luz de las últimas noticias y descubrimientos.

Es habitual considerar que el mercado de salud destaca, entre muchos otros, en materia de ineficiencias en la asignación de recursos cuando solo opera el mercado^[3]. En esos casos, si la intervención pública no logra resolver los problemas de fracaso de los mercados, ¿se debe dejar que opere esa mala asignación o hay que encontrar la manera de mejorar la intervención pública y, por ende, la asignación eficiente de recursos? De eso trata esta nota.

Analizaremos el caso del fentanilo, pero no para comprender la totalidad de los problemas de ese mercado sino, básicamente, para servir de ejemplo acerca de la necesidad de mejorar la regulación estatal y las políticas públicas. Comencemos repasando los hechos.

La información disponible

La tragedia por el uso hospitalario del fentanilo del laboratorio HLB Pharma ha sido una de las mayores desgracias sanitarias recientes en la Argentina. Se trata de un caso distinto al del fentanilo como adulterante de drogas ilegales, ya que las muertes en el caso que nos ocupa se produjeron por el uso de un producto de circulación legal y de uso médico.

A continuación, se resumen los puntos clave de esta historia, con base en los reportes judiciales y periodísticos:

• Causa de las muertes: Las muertes sucedieron por una contaminación bacteriana del fentanilo inyectable. Los peritajes han detectado la presencia de bacterias como la Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica en las ampollas del medicamento y en los pacientes fallecidos.

• Laboratorio implicado: Los lotes de fentanilo contaminado fueron producidos y distribuidos por el laboratorio HLB Pharma Group y su subsidiaria Laboratorios Ramallo.

• Víctimas y contexto: La tragedia comenzó a ser detectada en el Hospital Italiano de La Plata, donde se registró un brote de enfermedades infecciosas en pacientes internados que habían recibido el sedante. Desde entonces, la investigación judicial ha ido confirmando más muertes en distintos hospitales del país. Las víctimas eran pacientes que estaban siendo tratados por otras afecciones y recibieron la dosis de fentanilo contaminada. Según reportes recientes, la cifra de fallecidos ya se acerca a un centenar.

• Investigación judicial: La justicia federal de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, investiga el caso como un posible delito contra la salud pública y negligencia en la fabricación y distribución del medicamento.

• Alcance del problema: Se calcula que decenas de miles de ampollas de los lotes contaminados fueron distribuidas en varios hospitales del país antes de que se emitiera la alerta sanitaria y se retirara el producto del mercado. Esto llevó a una masiva incautación y retiro de los lotes afectados para evitar más víctimas.

La ANMAT fue la entidad responsable de emitir la alerta sanitaria^[4] y de iniciar la investigación una vez que los hospitales, como el Hospital Italiano de La Plata, comenzaron a reportar el brote de infecciones relacionadas con el uso del fentanilo inyectable. Según los reportes periodísticos y judiciales, el organismo había realizado inspecciones previas en los laboratorios de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo entre noviembre de 2024 y principios de 2025, donde detectaron una serie de irregularidades, incluyendo la "falta absoluta de limpieza" y otras deficiencias en el proceso de producción de medicamentos.

Una de las principales críticas a la ANMAT, mencionada en la investigación, es la demora de dos meses entre la detección de las fallas en el laboratorio y la decisión de suspender su actividad productiva. Para cuando se tomó esta medida, los lotes de fentanilo contaminado ya habían sido elaborados y distribuidos a los hospitales de todo el país.

Adicionalmente, debe señalarse que el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) fue fusionado con la ANMAT y, como en varios otros organismos del estado, muchos cuadros técnicos fueron desvinculados o se fueron ante la pérdida de salario real sufrida por el sector^[5].

Entonces ¿Qué se debe discutir?

Tenemos que disculparnos ante el lector de este blog por explicar lo obvio en circunstancias donde lo obvio se pone en duda. Sabemos que el mercado asegura una eficiente asignación de recursos bajo ciertas condiciones muy especiales. Toda vez que esas condiciones estén ausentes surge el debate sobre la necesidad y conveniencia de algún tipo de intervención estatal. Debate que no solo involucra cuestiones de eficiencia sino también sobre las preferencias de cada sociedad sobre la justicia en la asignación de recursos resultante.

Ahora bien, las posibilidades de intervención estatal son múltiples y nada asegura una solución a esos problemas con cada combinación de políticas públicas, dando origen a las críticas que se conocen como las fallas de la intervención estatal. Sabemos que la posición libertaria extrema argumenta que si falla el estado no sirve su intervención. Aquí sostenemos que la sola idea de “empate” entre fallas del mercado y fallas del estado conlleva una lógica sumamente discutible, que puede derivar en consecuencias nefastas, como lo muestra el caso que aquí ilustramos.

Entendemos que, más allá de los sesgos ideológicos y el peso de intereses particulares, si el mercado no asigna de manera eficiente (ni justa, dependiendo de la visión de cada uno), debe tomarse como un dato de la realidad. En cambio, cuando el estado falla, siempre habrá posibilidades de mejorar el tipo de intervención estatal. De eso se trata la política fiscal. Lamentablemente, el caso argentino muestra los peores ejemplos de intervención, en especial durante las últimas décadas, pero ello no llega a ser argumento suficiente para la anarquía del mercado y la ausencia estatal.

Volviendo al caso que tomamos como ejemplo, la falla es de la regulación, no de la idea de regular: La existencia de un organismo como la ANMAT es un reconocimiento de que el mercado, por sí solo, no puede garantizar la seguridad de los medicamentos. La asimetría de información entre el laboratorio y el consumidor es total. No puede pensarse en que cualquier individuo, especialmente aquel que se encuentra hospitalizado y en terapia intensiva, se encuentre en condiciones de evaluar la calidad de los medicamentos que le suministran en los efectores^[6]. Si el Estado no interviene con regulaciones estrictas, el riesgo de que el mercado distribuya productos peligrosos es muy alto.

La tragedia del fentanilo es un claro ejemplo de lo que pasa cuando el organismo de control (el Estado) no cumple su función de forma efectiva. No se trata de un argumento en favor de la desaparición del organismo de regulación y control sino, por el contrario, de la necesidad de corregir errores y fortalecer la regulación para hacer que la sociedad pueda gozar de la protección necesaria por parte del Estado.

* Docente de Finanzas Públicas en la FCE, UBA;  Investigadora del Instituto Interdisciplinario de Economía Política y miembro de AFISPOP en el IIEP.

** Docente de Finanzas Públicas en la FCE, UBA;  Investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política y miembro de AFISPOP en el IIEP.

***Docente de Finanzas Públicas en la FCE, UBA;  Investigadora del Instituto Interdisciplinario de Economía Política y miembro de AFISPOP en el IIEP.

^[1] Buchanan and Musgrave, Public Finance and Public Choice, The MIT Press, Londres, 2001. P. 55.

^[2] Véase, por ejemplo, Peacock, A., “Elección Pública: Una perspectiva Histórica”; Capítulo 2 “La elección pública y el análisis del crecimiento del sector público”; Alianza Económica, Madrid, 1995

^[3] La asignación vía mercado resulta asimismo inequitativa en el caso del sector salud.

^[4] Disposición 3156/2025

^[5] El Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) forma parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y se encuentra a cargo de la fiscalización y control de todo lo relacionado con los medicamentos en el país (autorización y registro fiscalización, vigilancia y control de calidad). Se ocupa de garantizar que los medicamentos disponibles en el país sean seguros, efectivos y de calidad. La ANMAT, por su parte, tiene la responsabilidad de proteger la salud de la población a través de la regulación de una amplia gama de productos, incluyendo alimentos, productos médicos y cosméticos y a través del INAME los medicamentos.

^[6] Ciertamente, teniendo en cuenta la creciente complejidad de la medicina, tampoco resulta razonable asumir que cada médico tiene la información suficiente para evaluar la calidad y efectos terapéuticos de cada medicamento o procedimiento. 

Hace una semana se nos ha muerto como de un rayo Carlos Acuña, a quien tanto queríamos.

En el ambiente intelectual argentino y regional fue un referente único cuya huella seguirá influyendo durante mucho tiempo a través de su producción y también la de sus múltiples discípulos y colegas con los que tuvo riquísimas discusiones. Muchos y variados son los rasgos que lo hacen diferente. Haremos referencia aquí aquellos que nos parecen más relevantes, siendo conscientes de que la mayor o menor relevancia no deja de ser objeto de opinión personal.

Fue uno de los pioneros en los estudios de las ciencias políticas en la Argentina, llevando su saber a la frontera de los estudios académicos, pero con una preocupación permanente por la aplicación a casos prácticos. Precisamente, la combinación de las mejores recomendaciones de la teoría, la experiencia internacional y el exhaustivo análisis de las áreas en donde se aplicaron políticas de reforma han sido los elementos centrales que guiaron el trabajo aplicado de Acuña. Sin duda, la adecuada aproximación a esas temáticas requiere de la interacción con otras disciplinas. Se trata de un ejercicio muy difícil de llevar a cabo debido al supuesto predominio de una disciplina sobre otra, los egos personales y otros defectos que nunca estuvieron presentes en el trabajo de Carlos, algo de lo que puede dar fe quien escribe estas líneas y muchos otros colegas. En su caso, el aporte a la interdisciplinariedad no se limitó a la participación en equipos diversos, sino a la selección y formación de equipos complejos que dieron resultados sumamente positivos. Su aplicación a casos concretos derivó, naturalmente en una rica experiencia de estudios interdisciplinarios. Quien escribe estas notas no puede dejar de señalar el aprendizaje en formas de trabajar junto a este intelectual único. Además, desde el punto de vista de la UBA, no podemos dejar de señalar los sustantivos aportes en los orígenes y primeros pasos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) UBA/CONICET, del cual Carlos fue integrante fundador y miembro de su primer Consejo Directivo.

Carlos fue, sin duda, un personaje central en el estudio de las instituciones y, desde allí, intentó posibilitar y potenciar el abordaje interdisciplinario, en una versión al mismo tiempo clara y sofisticada, que tratamos de ilustrar en un Recuadro que acompaña esta nota. No se contentó con dar cursos sobre su especialidad, sino que tomó posición activa en la creación y consolidación de cursos de posgrado donde se formaron innumerables discípulos que se destacaron tanto en la actividad académica como política. Personajes que no dudó en apoyar en su actividad posterior. Resulta imposible citar algunos sin ser injustos con muchísimos otros.  

No puedo cerrar estas líneas sin mencionar dos aspectos que son los que más llamaron la atención toda vez que me tocó con Carlos. En primer lugar, las diferencias políticas nunca fueron un obstáculo para debatir y elaborar recomendaciones. Lo otro, y creo que es su marca distintiva, nunca fue complaciente con la posición de su interlocutor. A veces le pudo valer el mote de “cabrón”, pero siempre sostuvo un gran valor de defender sus posiciones, aunque pudiera molestar a otros. Esa es la esencia de la actividad intelectual honesta y eficiente.

Lo vamos a extrañar y referenciar durante mucho tiempo, y no podemos terminar estas líneas sin el reconocimiento al apoyo de sus mujeres queridas: Elsa y Malena.