El ratio de irregularidad de las financiaciones a las familias con el sistema bancario formal (deudores que observan atrasos con riesgo medio, alto o irrecuperable) se estima que se situó en junio de 2026 en un 12,7% de la cartera, frente a 9,3% en diciembre de 2025 y 2,5% en diciembre de 2024.
El cuadro es más severo entre los proveedores no financieros de crédito (PNFC), que incluye emisores no bancarios de tarjetas. Allí la irregularidad alcanzó 26,9% en febrero (último dato disponible), que se desagrega en un 34,1% en préstamos personales y 19,4% en tarjetas de crédito. Estos proveedores no son marginales, financian a más de 12 millones de personas, con una participación mayoritaria de las fintech. Los PNFC, con un mayor espacio para atender segmentos poco cubiertos por la banca tradicional, han quedado expuestos a un riesgo mayor, lo que amerita buscar algunas razones detrás este resultado.
El shock crediticio
El comienzo del proceso puede fecharse al inicio de la desinflación observada durante la primera mitad de 2024. La rápida reducción de la incertidumbre y el aumento del horizonte de planeamiento financiero despejó el camino para un despegue del crédito privado en pesos (todos los datos a continuación surgen de los informes del BCRA).
A lo largo de 2024, este indicador creció 49,4% interanual en términos reales; los préstamos al consumo aumentaron 70%, con una expansión de 144% en los personales y de 41% en las tarjetas. Desde julio hasta diciembre se incorporaron, en términos netos, 1,3 millones de deudores al sistema financiero ampliado.
El proceso continuó durante 2025. En diciembre, casi 20 millones de personas registraban algún financiamiento, equivalentes a 55% de la población adulta, y el saldo promedio real por deudor había aumentado 25% en el año. El crédito digital llegó a 6,7 millones de usuarios y sumó dos millones de deudores en un año.
El contexto macro
La vuelta del crédito a las familias no representó una mera aceleración dentro de un mercado maduro, sino la reapertura de una oportunidad que durante años había estado ausente o muy restringida. Esta novedad suele activar usualmente el consumo postergado, como la compra de durables, las reformas del hogar, o algún gasto postergado de salud.
Las buenas noticias en términos de actividad e ingresos reforzaron aquella decisión de endeudarse. Los salarios reales comenzaron a recuperarse durante el segundo trimestre de 2024, activando expectativas favorables en los ingresos familiares. Pero en realidad, los ingresos se percibieron mejorados gracias al rezago típico de los salarios reales con relación a la inflación. Cuando la inflación desacelera con rapidez, el poder adquisitivo se recupera en los meses siguientes, ya que el salario suele ajustar de acuerdo con la inflación pasada. Estas son circunstancias en las que las previsiones de futuro tienden a mejorar. Y desde luego, la prociclicidad del crédito retroalimenta los efectos positivos al promover el consumo, validando en lo inmediato las expectativas positivas.
Esta recuperación, sin embargo, pronto probó ser transitoria. En la primera mitad de 2025 el crecimiento ya había perdido potencia, la cantidad de ocupados empezó a caer, y los salarios reales se estancaron. Por otra parte, la creciente asimetría de la dinámica de ingresos entre sectores y condiciones de actividad, implicaron una distribución heterogénea de la mejora de ingresos para cada familia endeudada.
Podría presumirse que, del lado de la oferta de crédito, las tasas nominales activas habían descendido lo suficiente como para incentivar la demanda de nuevos préstamos. Pero si bien la tasa nominal bajó en 2024 de la mano de un recorte de la tasa de política del BCRA de 100% a comienzos de año hasta 40% en mayo, el traslado a las tasas de consumo fue desigual. La tasa anual promedio de los préstamos personales cayó de aproximadamente 137% en enero a 64% en junio y la tasa de las tarjetas descendió bastante menos: de 119% a 102%. A fines de 2024, los préstamos personales pagaban cerca de 71% y las tarjetas casi 89%. Aun con expectativas de inflación al alza, estos números significan tasas reales elevadísimas, de entre 20% y 50% anual según la especie. Las predicciones de mayor inflación necesarias para compensar estos costos financieros no estaban en ningún radar del análisis.
Esto significa que la toma de crédito de los hogares no se basó únicamente, como en el pasado, en la oportunidad objetiva de aprovechar tasas negativas netas de inflación, sino en la reaparición de la oportunidad novedosa de acceso al crédito con expectativas favorables del ingreso familiar y, seguramente, con un fuerte contenido publicitario de los oferentes. Aún así, no es descabellado pensar que algunos hogares proyectaron hacia el futuro la experiencia previa de inflación elevada y subestimaron la persistencia real de las cuotas de los créditos.
Racionalidad financiera y mora
La actitud oficial frente a la suba en los indicadores de mora familiar consistió en insistir en la naturaleza privada de los contratos celebrados, establecidos bajo plena autonomía de las partes. Así, cualquier circunstancia inesperada que haya impedido completarlo debía y debe ser negociada estrictamente entre los involucrados, sin intervención estatal.
El argumento de la soberanía contractual es aceptable en principio, pero asume que las decisiones individuales pueden ser suficientemente eficaces para considerar racionalmente la evolución de las condiciones futuras para efectivizar la devolución de los créditos. En particular, esta tarea puede ser afectada por limitaciones cognitivas que propician errores de decisión, documentadas por la Economía del Comportamiento. Veamos algunas de ellas.
Extrapolación de expectativas. La recuperación transitoria del salario y de la actividad pudo ser interpretada como el inicio de una trayectoria persistente. La idea, en su versión macro, ha sido promovida por nuestro colega y maestro Daniel Heymann. En el tema que nos ocupa, D’Acunto, Weber y Yin (2024) utilizan datos de transacciones, registros crediticios y encuestas, y encuentran que los hogares estadounidenses tienden a extrapolar en exceso los shocks positivos de ingreso: elevan el gasto y la deuda y posteriormente exhiben una mayor tasa de incumplimiento.
Aprendizaje e ilusión monetaria. Las expectativas de inflación dependen en parte de la inflación vivida por cada persona, y las experiencias recientes reciben un peso desproporcionado (Malmendier y Nagel, 2016). En Argentina, una larga historia de nominalidad alta pudo consolidar la expectativa de que la dinámica de precios reduciría rápidamente el peso de las cuotas fijas. La ilusión monetaria agrega otra dificultad: las personas comprenden parcialmente las magnitudes reales, pero sus juicios están influidos por la representación nominal más saliente (Shafir, Diamond y Tversky, 1997). La cuota inicial, el monto acreditado y la tasa nominal son visibles; la trayectoria esperada de la cuota sobre el ingreso real exige un cálculo adicional y depende de un régimen macroeconómico incierto.
Alfabetización financiera. La evidencia indica que los costos financieros compuestos suelen evaluarse como si crecieran linealmente. Stango y Zinman (2009) muestran que los hogares con mayor sesgo tienden a subestimar tasas implícitas, endeudarse más y ahorrar menos. Varios trabajos de Annamaria Lusardi (2025, 2015) establecen una relación estrecha entre baja alfabetización relacionada con las deudas, el uso de formas costosas de financiamiento y el sobreendeudamiento.
Framing (encuadre). Los contratos financieros suelen presentarse con intenciones publicitarias, haciendo énfasis en la cuota a pagar con relación al monto de préstamo. En cambio, el costo financiero total, las comisiones, los seguros y las condiciones de refinanciación tienden a ser menos salientes. En un experimento de campo con ofertas reales de crédito, Bertrand y colaboradores (2010) hallaron que modificaciones aparentemente periféricas del mensaje publicitario alteraban significativamente la demanda, en magnitudes semejantes a las que surgían de una reducción importante de la tasa.
Contabilidad mental. La teoría de la contabilidad mental (Thaler, 1985) sostiene que las personas organizan ingresos, consumos y obligaciones en cuentas separadas, en lugar de consolidarlos en un único balance. Es común que los gastos de tarjeta de crédito se asocien a gastos corrientes, pero los préstamos suelen tener por objeto un gasto puntual excepcional. La aparición de las cuotas permite transformar mentalmente esa compra en un gasto corriente más. Si bien cada cuota parece manejable dentro de su propia categoría, su aparición conjunta a fin de mes suele traer sorpresas. Cuando esos saldos no se pagan, se producen deudas en gastos que “se volvieron” corrientes, y que crecen a tasas elevadísimas, produciendo problemas financieros serios.
Anclaje en el pago mínimo. El pago mínimo de una tarjeta es una regla contractual arbitraria, pero también puede actuar como referencia psicológica. Stewart (2009) mostró que explicitar un pago mínimo reduce el pago elegido por consumidores que, en su ausencia, habrían cancelado una suma mayor.
Vulnerabilidad financiera y pobreza
La lista recorrida es solo una muestra de sesgos referidos a las finanzas, pero la problemática puede ser más grave para el caso de los hogares vulnerables. Si bien este grupo no necesariamente muestra sesgos de personalidad más intensos, enfrenta un entorno en el que estas desviaciones producen daños mayores. En su libro Scarcity, Mullainathan y Shafir (2013) muestran que la escasez obliga a focalizar en lo urgente, descuidando decisiones que, eventualmente, podrían contribuir a sortear la pobreza estructural. Esto sugiere que los costos de una decisión que a posteriori demostró ser equivocada podría afectar en el largo plazo con mayor fuerza las finanzas y la condición de vida de los más pobres.
La mayor exposición de los hogares vulnerables surge, además, de la arquitectura del mercado. Suelen recibir préstamos de menor monto, mayor costo y menor plazo, deben recurrir muchas veces a proveedores informales y utilizan el crédito para consumos menos postergables (como los necesarios para la supervivencia). Cuando el crédito se flexibiliza, estos sectores se exponen a una multiplicidad de ofertas que no tenían en el pasado, quedando más a merced de tretas publicitarias en vehículos financieros de fácil acceso.
Más allá del riesgo sistémico
La política prudencial financiera debe considerar múltiples dimensiones. Una preocupación macro relevante proviene del potencial riesgo sistémico de las obligaciones impagas. Por ahora, la elevada cobertura mediante previsiones y los niveles de capital indican que el deterioro no amenaza la solvencia agregada del sistema.
Pero esto no significa dejar de considerar los problemas sociales que afectan a grupos particulares. En un país con insuficiente profundidad y experiencia financiera, la capacidad de muchas familias de ejercer decisiones verdaderamente soberanas (entendiendo por esto la capacidad efectiva de decidir con información comprensible y una evaluación razonable de los riesgos) puede ser limitada. La educación financiera puede ayudar, pero es un proceso lento y difícil, y la evidencia disponible sugiere que la información aislada es insuficiente cuando el problema central es falta de ingreso o liquidez (Beshears et al., 2018).
Esto no debe interpretarse como un llamado a restringir el acceso financiero de los hogares vulnerables. La inclusión financiera es un objetivo fundamental de toda política, porque permite a los hogares cubrirse frente a la (todavía elevada) inflación, y realizar inversiones que contribuyan a una efectiva movilidad social, entre otras ventajas. Pero esta inclusión debe contar, a diferencia de lo que se escucha en estos días, de un rol central del Estado para informar y explicar el funcionamiento de las herramientas financieras, identificar la relación entre el estado de la macro y problemas micro de repago, establecer mecanismos de reestructuración para dificultades transitorias, y eventualmente cubrir el rol de prestamista a través de los bancos públicos allí donde el sector privado no llega.
Usualmente la justificación de no intervención se fundamenta en el mantra del “riesgo moral”, que afirma que algunos hogares podrían tener menores incentivos a evaluar cuidadosamente futuros créditos, porque anticipan que una parte del costo será absorbida por terceros. El riesgo moral es una consideración válida, pero su impacto es más intenso cuanto más previsible, generalizada e incondicional sea la asistencia. Una intervención focalizada, excepcional y sujeta a condiciones específicas contribuye a moderar sus costos.
En suma, la hipótesis más probable de lo sucedido es que la mora actual constituye una consecuencia rezagada de la normalización crediticia iniciada en 2024, ocurrida en un contexto institucional y cognitivo particular, donde la economía aún no se ha estabilizado del todo, la expansión digital carece de regulaciones suficientes, y algunos hogares se hallan en circunstancias límite donde se ven obligadas a tomar crédito a costos difíciles de calcular. Las finanzas conductuales permiten explicar cómo la nueva oportunidad de endeudarse fue percibida, evaluada y administrada de manera desigual por las familias. La experiencia podría servir para activar políticas precautorias que, considerando las decisiones reales de las personas, eviten circunstancias similares en el futuro.
Referencias
Banco Central de la República Argentina (BCRA). Informe sobre Bancos, varias ediciones.
Banco Central de la República Argentina (BCRA). (2026). Informe de Proveedores No Financieros de Crédito, segundo semestre de 2025.
Banco Central de la República Argentina (BCRA). (2026d). Informe de Inclusión Financiera, segundo semestre de 2025.
Bertrand, M., Karlan, D., Mullainathan, S., Shafir, E., y Zinman, J. (2010). What’s advertising content worth? Evidence from a consumer credit marketing field experiment. The Quarterly Journal of Economics, 125(1), 263-306.
Beshears, J., Choi, J. J., Laibson, D., y Madrian, B. C. (2018). Behavioral household finance. NBER Working Paper 24854.
D’Acunto, F., Weber, M., y Yin, X. (2024). Subjective income expectations and household debt cycles. NBER Working Paper 32715.
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). (2026a). Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos. Primer trimestre de 2026.
Lusardi, Annamaria (2025), “Improving Financial Literacy: From Corporate Finance to Personal Finance”, CEPR Discussion Paper No. 20924.
Lusardi, A., y Tufano, P. (2015). Debt literacy, financial experiences, and overindebtedness. Journal of Pension Economics and Finance, 14(4), 332-368.
Malmendier, U., y Nagel, S. (2016). Learning from inflation experiences. The Quarterly Journal of Economics, 131(1), 53-87.
Mullainathan, S., & Shafir, E. (2013). Scarcity: Why having too little means so much. Times Books.
Shafir, E., Diamond, P., y Tversky, A. (1997). Money illusion. The Quarterly Journal of Economics, 112(2), 341-374.
Stango, V., y Zinman, J. (2009). Exponential growth bias and household finance. The Journal of Finance, 64(6), 2807-2849.
Stewart, N. (2009). The cost of anchoring on credit-card minimum repayments. Psychological Science, 20(1), 39-41.
Thaler, R. H. (1985). Mental accounting and consumer choice. Marketing Science, 4(3), 199-214.
Impresionante. Cubre todos los temas. Sesgos, escasez. Y los límites de la responsabilidad individual. Ah, y en mi trabajo tenía en un pizarrón una leyenda que decía, de manera elegante: "La educación financiera no sirve para una M.". Costos altísimas, y nula evidencia sobre su efectvidad. Hay un gran campo para las ciencias del comportamiento ahí.
Muy buen análisis