No hace falta señalar que, en la Argentina actual, las mayores expectativas en materia de desarrollo productivo y generación de divisas están puestas en la explotación de los recursos extractivos, tanto mineros como hidrocarburíferos. Hemos abordado el tema en este blog en varias oportunidades, con una primera nota en 2014, cuando Vaca Muerta era todavía una gran promesa, y luego en diversas notas posteriores1. El actual gobierno ha alentado de forma explícita las inversiones en estos sectores a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que también ha merecido un análisis en nuestro blog tanto durante su lanzamiento como a raíz de su posterior ampliación.
El autor de esta nota está lejos de las posiciones anti-extractivistas que cuestionan la expansión de estas actividades por sus impactos ambientales, territoriales y sociales y que, en sus versiones más fuertes, caracterizan al extractivismo como una forma de neocolonialismo. Nada exime, por supuesto, de la necesidad de contar con salvaguardas ambientales y sociales robustas y con capacidades estatales para hacerlas cumplir, pero, a nuestro juicio, los recursos del subsuelo serán una fuente de divisas y de recursos fiscales, y dinamizarán la creación de empleo y la actividad productiva tanto directa como indirectamente, vía encadenamientos hacia atrás y hacia adelante con otras actividades.
Ese potencial, sin embargo, no garantiza automáticamente que la Argentina ingrese en un sendero de desarrollo sostenido. Para empezar, se abre todo un debate, todavía en ciernes, respecto de cómo se utilizarán las supuestamente cuantiosas rentas que se espera que generen esos recursos, una discusión que en el caso argentino tiene una complejidad adicional dado que nuestra Constitución asigna a las provincias el dominio de los recursos del subsuelo. En cualquier caso, la cuestión clave al respecto es si esas rentas servirán para mejorar los activos y capacidades clave (e.g. capital humano, innovación, infraestructura) que permitirán sustentar el crecimiento más allá de los recursos naturales (RRNN) o bien se destinarán a gastos corrientes o a reducciones de impuestos. Esto no implica que estos últimos sean necesariamente usos inadecuados: su conveniencia dependerá de la composición de esos gastos, de qué impuestos se reduzcan, del contexto macroeconómico y, sobre todo, de si esas decisiones se articulan con una estrategia de desarrollo de más largo plazo.
Pero el uso fiscal de las rentas no agota la discusión. Esta nota aborda un ángulo diferente, aunque relacionado, de este debate. Cuando se analiza el grupo de países con mayor capital natural per cápita del mundo2, aparece un grupo de naciones ricas en recursos extractivos y con muy altos niveles de ingresos y bienestar: Australia, Canadá, Finlandia, Noruega y Suecia. Esas naciones tienen desempeños muy favorables en los indicadores vinculados a los activos y capacidades clave mencionados más arriba. Pero también, y este es el objeto de la presente contribución, han aplicado y aplican distintos tipos de políticas, que aquí denominaremos de “desarrollo productivo”, orientadas a fortalecer capacidades productivas, tecnológicas y empresariales y a desarrollar encadenamientos alrededor de estas actividades para ampliar los efectos de la explotación de los RRNN sobre el resto de la economía. En lo que sigue, repasamos primero brevemente cómo Australia y Noruega construyeron esas capacidades a lo largo del tiempo y luego examinamos las estrategias actuales de desarrollo productivo en las economías ricas en RRNN, para cerrar con algunas implicancias para el caso argentino.
Trayectorias históricas: la construcción de capacidades en Australia y Noruega3
En ambos países las políticas de desarrollo productivo asociadas a los RRNN tienen una historia larga. En el caso de Australia, estos apoyos se remontan al siglo XIX, cuando se promovió tempranamente la producción de conocimiento geológico y se fomentó la formación de capital humano a través de la creación de las llamadas Escuelas de Minas (IGF, 2018a). Más adelante, la creación del Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), la principal agencia de ciencia y tecnología del país, ayudó a construir capacidades en investigación aplicada a la minería (Murguía et al., 2023). En paralelo, algunas universidades se consolidaron como centros de excelencia vinculados a la minería, y con el tiempo surgió una variada oferta de maestrías y doctorados en disciplinas asociadas al sector (Scott-Kemmis, 2013; Urzúa, 2011). Ya en los ’90 se crearon los Centros de Investigación Colaborativa, basados en esquemas de cofinanciamiento público-privado orientados a la investigación aplicada, varios de los cuales trabajan en el sector minero (Murguía et al., 2023).
Las políticas de desarrollo de proveedores tomaron forma a partir de 1984 con la creación de la Industry Capability Network (ICN), una red de oficinas que vincula proveedores locales con grandes proyectos mediante bases de datos y asesoramiento técnico, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas (IGF, 2018b). En 2001 se adoptó el Australian Industry Participation (AIP) National Framework, que busca ampliar la participación de empresas australianas en grandes proyectos. Más adelante se lanzó el programa Buy Australian at Home and Abroad (BAHA), un conjunto de medidas destinado a mejorar la competitividad de los proveedores locales y conectarlos con oportunidades tanto en grandes proyectos domésticos como en cadenas globales de valor (IGF, 2018b).
Estas políticas de proveedores ayudaron a consolidar el sector METS (Mining Equipment, Technology and Services), que reúne a las empresas de equipos, tecnologías y servicios especializados para la minería. METS Ignited, uno de los Industry Growth Centres financiados por el gobierno federal australiano (en funcionamiento entre 2015 y 2023), buscó acelerar la comercialización de innovaciones, fortalecer las capacidades de los proveedores locales y facilitar su acceso a mercados internacionales (Murguía et al., 2023). Según la Encuesta Nacional METS 2020, el sector generó ingresos por unos AUD 114.000 millones y empleó a cerca de 198.000 personas; el 65% de las empresas relevadas exporta, con exportaciones estimadas en AUD 17.000 millones (Austmine, 2020).
En el caso de Noruega, las políticas de desarrollo productivo para el sector extractivo se remontan a comienzos de los años setenta, tras el hallazgo de los primeros campos petrolíferos en el Mar del Norte. En 1972, en línea con los principios de política petrolera adoptados por el Parlamento el año anterior, se estableció la empresa estatal Statoil para asegurar la participación directa del Estado en la explotación del recurso y promover el desarrollo de una industria petrolera nacional, objetivo que incluía la adopción y el desarrollo de tecnología mediante asociaciones con empresas multinacionales (Gjerde, 2013), y se facultó al Ministerio de Industria para intervenir en las licitaciones y condicionar el acceso al recurso a que los operadores extranjeros se asociaran con firmas noruegas, contrataran proveedores locales y transfirieran tecnología (Heum, 2008)
Hacia fines de los años setenta se introdujo el requisito de que al menos el 50% de la I+D asociada al desarrollo de campos petroleros se realizara en Noruega. Además, el sistema de concesiones utilizó los llamados “puntos de buena voluntad”, por los cuales la contratación de I+D a empresas e institutos de investigación noruegos era valorada favorablemente al evaluar futuras solicitudes de licencias. De este modo, se canalizaron recursos hacia institutos tecnológicos y de investigación aplicada que desarrollaron capacidades especializadas en petróleo y gas (Engen, 2009).
Posteriormente, la Ley del Petróleo de 1985 estableció la obligación de contar con una filial operativa en el país, preferencias por bienes y servicios noruegos cuando resultaran competitivos, capacitación de personal local y funcionarios, y presentación de planes de participación de proveedores noruegos (Banet, 2021). Si bien las obligaciones de contratar proveedores locales y realizar I+D fueron eliminadas a mediados de los años noventa, contribuyeron a crear un ecosistema productivo y tecnológico en torno al petróleo en Noruega (Banet, 2021; Engen, 2009; Heum, 2008).
Las estrategias actuales de desarrollo productivo en las economías ricas en recursos extractivos
La Figura 1 resume las principales características de las estrategias nacionales actualmente vigentes en torno a los recursos extractivos en las economías de referencia. Para cada país se indican el nombre y el período de la estrategia, sus objetivos y sus mecanismos e instrumentos principales. Se trata de ejercicios de planificación de largo plazo, con características y acentos específicos en cada caso. En términos generales, Australia, Canadá y Finlandia centran sus estrategias en la provisión de minerales críticos, el procesamiento y las cadenas de baterías (Finlandia también enfatiza objetivos de sostenibilidad). Suecia, por su parte, combina metas de competitividad, innovación y reducción de la huella climática con un fuerte énfasis en la seguridad de abastecimiento y la resiliencia. La estrategia noruega para el petróleo y el gas, finalmente, articula el régimen fiscal, la administración intertemporal de las rentas, la reducción de emisiones y el apoyo a la I+D.
Figura 1. Estrategias nacionales de recursos naturales: objetivos e instrumento
Dentro del marco de estas estrategias, los gobiernos implementan diversas políticas y programas concretos. El Anexo I los ordena en ocho áreas: I+D y generación de conocimiento; validación, demostración y adopción de tecnologías; desarrollo de proveedores; procesamiento y agregado de valor; recursos humanos y capacidades laborales; capacidades empresariales; internacionalización; y exploración y geociencia. Para cada programa se indican el país, sus objetivos y los mecanismos de intervención, clasificados en cuatro tipos: obligaciones regulatorias o condiciones de autorización; financiamiento, incentivos e inversión pública; bienes públicos, infraestructura y servicios de conocimiento; y articulación, matchmaking y acceso a mercados. Un mismo programa figura en más de un área solo cuando despliega mecanismos distintos en cada una, y en esos casos se listan únicamente los mecanismos correspondientes al área respectiva. Los símbolos ⚡ y ♻ señalan, respectivamente, los programas con objetivos vinculados a la transición energética o la descarbonización y a la economía circular o el reciclaje.
El relevamiento fue actualizado con información disponible a fines de agosto de 2026. La mayoría de los más de 30 instrumentos mencionados en el análisis continúa vigente; también se incluyen algunos programas concluidos —METS Ignited, PETROMAKS 2 y DEMO 2000— porque sus mecanismos siguen siendo pertinentes para la comparación. En Noruega, las líneas de apoyo correspondientes se canalizan actualmente a través de convocatorias más amplias del Research Council of Norway.
I+D y generación de conocimiento. Los instrumentos de este grupo promueven la I+D y la innovación sobre todo mediante financiamiento en distintas modalidades, varias de las cuales incluyen articulación entre actores públicos y privados. En Noruega, el programa PETROMAKS 2 otorgó subsidios competitivos a la investigación industrial, el desarrollo experimental y la demostración, con cofinanciamiento privado, y financió proyectos entre universidades y empresas; el programa PETROSENTER financia centros de investigación de largo plazo (NOK 80–120 millones por centro). En Canadá, el CMRDD (Critical Minerals Research, Development and Demonstration) aporta financiamiento federal y contribuciones no reembolsables a empresas y organizaciones para I+D, CanmetMINING provee laboratorios públicos y capacidad de ensayo a escala piloto); y el CBMI (Critical Battery Minerals Initiative) combina laboratorios públicos con contribuciones a PyMEs para I+D y equipamiento. En Finlandia, Business Finland otorga subvenciones y préstamos y financia proyectos de coinnovación entre empresas y universidades, mientras que el consorcio BATCircle3.0 reúne a universidades, al centro tecnológico estatal VTT y a empresas en proyectos conjuntos de reciclaje de baterías. En Suecia, Swedish Metals & Minerals financia I+D mediante convocatorias con cofinanciamiento público-privado. En Australia, el FMA Innovation Fund – Green Metals Priority otorga subvenciones para proyectos de innovación y despliegue en metales verdes. El programa australiano METS Ignited financió proyectos colaborativos de I+D con cofinanciamiento privado. Por último, en Canadá los Atlantic Accord Benefits Plans obligan a las empresas a destinar gasto a I+D en instituciones de investigación provinciales como condición de acceso a concesiones petroleras offshore.
Validación, demostración y adopción de tecnologías. En este caso los instrumentos utilizados incluyen financiamiento, provisión de bienes públicos e infraestructura, y mecanismos de articulación. En Noruega, DEMO 2000 financió con aportes no reembolsables prototipos y pruebas de campo de tecnologías desarrolladas por proveedores locales para los operadores petroleros del mar del Norte. En Finlandia y Canadá, GTK Mintec y CanmetMINING proveen plantas piloto e infraestructura pública donde las empresas pueden ensayar procesos a escala preindustrial antes de invertir en producción. En Suecia, el proyecto SUM/LKAB puso a disposición una mina —física y virtual— de pruebas, donde se desarrollaron y validaron soluciones autónomas, digitales y electrificadas junto a proveedores de equipos (ABB, Epiroc, Sandvik, Volvo CE). En Canadá, el programa MICA conecta nodos regionales, sitios de prueba y socios industriales, y acompaña la validación y las pruebas comerciales de nuevas tecnologías. El CMRDD, Business Finland y el FMA Innovation Fund – Green Metals Priority aportan financiamiento —contribuciones o subvenciones— para pilotos y demostraciones. PETROMAKS 2 cubrió también esta etapa, con subsidios al desarrollo experimental y la demostración.
Desarrollo de proveedores. Aquí encontramos casos de obligaciones regulatorias, mecanismos de articulación y provisión de infraestructura. En Australia, los planes AIP (Australian Industry Participation) son obligatorios para proyectos de inversión de al menos AUD 500 millones y los CAIP (Commonwealth Australian Industry Participation) para proyectos con apoyo federal de al menos AUD 20 millones: exigen a los grandes proyectos mineros dar a los proveedores locales oportunidad plena y razonable de competir por el suministro de bienes y servicios. La plataforma ICN/Gateway (Industry Capability Network) publica los paquetes de trabajo y las expresiones de interés de esos proyectos para conectarlos con proveedores. En Canadá, los Benefits Plans del sector petrolero offshore fijan compromisos de contratación y presencia local como condición de las concesiones, mientras que el programa MICA vincula PyMEs, mineras y centros de investigación. En Suecia, el proyecto SUM/LKAB permitió el desarrollo conjunto de soluciones con proveedores y la SME Network vinculó desafíos concretos de las grandes empresas con soluciones generadas por PyMEs.
Procesamiento y agregado de valor. Para promover estos objetivos los países utilizan mecanismos de financiamiento al sector privado y provisión de bienes públicos, infraestructura e inversión pública. En Australia, el CMPTI (Critical Minerals Production Tax Incentive) otorga un crédito fiscal reembolsable equivalente al 10 % de los costos de procesamiento y refinación de minerales críticos, mientras que el FMA Innovation Fund prevé hasta AUD 750 millones en subvenciones para escalar y desplegar tecnologías de metales verdes. En Canadá, el CMRDD financia tecnologías de procesamiento para desarrollar la cadena de valor y el CBMI provee laboratorios para procesar materias primas y material reciclado de baterías. En Finlandia se combinan cuatro instrumentos orientados a procesar y reutilizar minerales: la campaña Zero Waste Mining and Critical Minerals de Business Finland financia proyectos que reducen residuos y recuperan minerales de los descartes de la minería; la planta piloto pública GTK Mintec permite ensayar la concentración de minerales y la valorización de relaves; el consorcio BATCircle3.0 desarrolla refinación y reciclaje de materiales de baterías; y la compañía estatal Finnish Minerals Group realiza inversiones de capital a lo largo de la cadena de baterías.
Recursos humanos y capacidades laborales. En esta área se emplean obligaciones regulatorias, provisión de bienes públicos y servicios, y mecanismos de financiamiento. En Canadá, los Atlantic Accord Benefits Plans exigen, en las concesiones petroleras offshore, gasto en educación y capacitación y consideración prioritaria de trabajadores locales. En tanto, el Mining Industry Human Resources Council (MiHR) desarrolla estándares ocupacionales para la minería y el CMCP (Canadian Mining Certification Program) certifica competencias en oficios y ocupaciones del sector. En Australia, la estrategia laboral de 2021 organiza información y coordinación sectorial para la minería y la energía, y el consejo AUSMASA revisa los paquetes formativos y las herramientas de reconocimiento de aprendizajes previos del sector de recursos. En Noruega, Industrial PhD y PETROSENTER financian formación doctoral vinculada a la industria petrolera, mientras que la escuela doctoral NFiP ofrece cursos, seminarios y espacios de vinculación para doctorandos del sector; a ello se sumó, mientras estuvo vigente, la formación financiada por PETROMAKS 2. En Suecia, Swedish Metals & Minerals financia becas doctorales y consorcios de investigación entre la industria minera y la academia.
Capacidades empresariales. Esta área combina mecanismos de articulación y financiamiento. En Australia, METS Ignited incluyó aceleradoras, formación en gestión y acompañamiento comercial a PyMEs proveedoras de la minería. En Canadá, el programa MICA combina financiamiento federal, nodos regionales y pruebas comerciales con la vinculación a capital privado, para que las PyMEs tecnológicas puedan escalar sus soluciones y llegar al mercado.
Internacionalización. En este caso el mecanismo predominante es la articulación y el acceso a mercados. En Australia, METS Ignited empleó el METStech Passport y los SME Export Hubs para conectar proveedores con compradores en el exterior. En Finlandia, Team Finland y Mining Finland organizan ferias, delegaciones comerciales y encuentros con compradores. En Suecia, Team Sweden Mining, coordinada por Business Sweden, combina promoción comercial, financiamiento y garantías a la exportación con otros servicios de acceso a mercados.
Exploración y geociencia. Aquí se emplean incentivos y provisión de bienes públicos. El CMETC (Critical Mineral Exploration Tax Credit) de Canadá otorga a los inversores un crédito fiscal no reembolsable del 30 % sobre gastos elegibles de exploración de minerales críticos. Resourcing Australia’s Prosperity (RAP) dispone de AUD 3.400 M para que el servicio geológico genere información geocientífica precompetitiva de acceso público, que reduce el costo y el riesgo de la exploración privada.
Hasta donde sabemos, no existe evidencia rigurosa sobre el impacto de estas políticas (en gran medida porque la mayor parte de ellas son recientes). Una forma indirecta y parcial de abordar la cuestión de sus impactos es observar si las políticas nacionales mencionadas tienen algún correlato tecnológico (patentes). La Figura 2 compara el peso de cada país en el patentamiento vinculado a petróleo y gas con el que tiene en la producción mundial de esos recursos durante 2000–2023. Para el numerador se utiliza la base Patents – technology development de la OECD y la taxonomía IEA (International Energy Agency)–EPO (European Patent Office). Se consideran familias simples de patentes con año de prioridad entre 2000 y 2023 y tamaño igual o superior a dos —es decir, invenciones para las que se solicitó protección en al menos dos jurisdicciones—. Las familias se asignan mediante conteo fraccional según el país de residencia de los inventores. Como aproximación al patentamiento relacionado con petróleo y gas, se seleccionan las tecnologías vinculadas al abastecimiento de combustibles fósiles y se excluyen las subcategorías correspondientes al carbón. Para el denominador se suma la producción de petróleo y de gas natural de cada país durante el mismo período, expresada en TWh, a partir de los datos de Our World in Data. El uso de una unidad energética común permite agregar ambos recursos. Un valor del indicador igual a uno significa que la participación del país en las patentes mundiales coincide con su participación en la producción mundial. Todos los países incluidos en la figura presentan valores inferiores a uno, aunque existen diferencias importantes entre ellos. Noruega registra una intensidad de 0,76 y Canadá de 0,66. Brasil se ubica en un nivel intermedio, con 0,34, mientras que México alcanza 0,15 y Colombia, 0,12. Venezuela y Argentina registran valores cercanos a 0,07. De acuerdo con estos resultados, la intensidad relativa de patentamiento de Noruega es aproximadamente once veces la de Argentina y la de Canadá, alrededor de nueve veces.
Por supuesto, este ejercicio no permite identificar ningún efecto causal de las políticas reseñadas más arriba sobre el patentamiento. Las diferencias observadas pueden reflejar también la historia productiva de cada país, las características de sus empresas, el capital humano disponible, la inserción internacional y otras características no observadas; además, las patentes capturan sólo una parte del conocimiento relevante para estas actividades. Sin embargo, el patrón es consistente con la idea de que la producción de recursos puede estar acompañada por grados muy distintos de acumulación tecnológica. En ese sentido, el contraste entre Noruega y Canadá y los productores latinoamericanos sugiere que las arquitecturas institucionales y de política aquí descriptas pueden mejorar la capacidad de generar conocimiento patentable alrededor de las industrias extractivas.
Figura 2. Intensidad de patentamiento en relación con la producción de petróleo y gas, 2000–2023
Algunas reflexiones eventualmente relevantes para el caso argentino
Como se señaló, la evidencia disponible no permite establecer con rigor los efectos de las políticas descriptas ni, con mayor razón, anticipar sus resultados futuros. La revisión sí permite documentar que los gobiernos de economías avanzadas con abundantes recursos extractivos han utilizado instrumentos específicos para procurar que su explotación genere impactos más allá de la producción primaria, las divisas y los ingresos fiscales. Esos instrumentos buscan fortalecer la investigación y la generación y difusión de tecnologías, desarrollar proveedores, promover el procesamiento de los recursos, ampliar las capacidades empresariales y el capital humano, mejorar el desempeño ambiental y favorecer la inserción internacional.
En términos económicos, estas intervenciones procuran responder a distintas fallas de mercado. En investigación y desarrollo, los derrames de conocimiento y la apropiabilidad limitada llevan a que el rendimiento privado de la inversión sea inferior al social, mientras que la incertidumbre y las asimetrías de información pueden restringir su financiamiento. Las actividades de prueba y demostración, por su parte, suelen requerir inversiones elevadas en instalaciones y equipamiento cuyos resultados pueden beneficiar a numerosas empresas, lo que dificulta su provisión individual. El desarrollo de proveedores puede verse limitado por problemas de información y coordinación: las grandes empresas desconocen las capacidades disponibles, mientras que los potenciales proveedores no invierten en tecnología, escala o certificaciones sin una demanda suficientemente previsible. La información geocientífica presenta características de bien público y puede ser provista en cantidades insuficientes por agentes privados. Asimismo, la movilidad de los trabajadores puede desalentar la inversión empresarial en formación especializada. Las dificultades de información para identificar oportunidades comerciales y requisitos de acceso pueden obstaculizar la entrada de las empresas en nuevos mercados, justificando la introducción de sistemas de información y otros mecanismos de apoyo a la internacionalización. Finalmente, las externalidades ambientales asociadas con las actividades extractivas justifican regulaciones e instrumentos destinados a inducir una mejor gestión de sus impactos.
Más allá de la corrección de estas fallas específicas, las políticas examinadas comparten un objetivo de transformación productiva: aprovechar las actividades extractivas para acumular conocimientos, capacidades humanas y competencias empresariales que puedan aplicarse tanto dentro de esas cadenas como en otras actividades. Al mismo tiempo, los instrumentos ambientales y sociales buscan reducir los costos asociados con la explotación de los recursos y distribuir más ampliamente sus beneficios, vinculándola con objetivos de desarrollo sostenible e inclusivo.
Estamos lejos de sugerir que estas experiencias constituyan modelos que la Argentina pueda copiar mecánicamente. Las diferencias en materia de capacidades estatales, estructuras productivas, demografía empresarial, capital humano, infraestructura, bases tecnológicas y marcos institucionales son factores que condicionan tanto la viabilidad de adopción de los instrumentos como sus posibles resultados. Sin embargo, si algún día este o algún otro gobierno decidiera ir más allá del actual marco de promoción de estas actividades (en gran medida anclado en el RIGI), estas iniciativas podrían servir como fuentes de aprendizaje para diseñar una estrategia de aprovechamiento más integral de los recursos extractivos con los que cuenta nuestro país. También ofrecen elementos para los gobiernos de las provincias donde se localizan los recursos, que muchas veces recurren predominantemente a instrumentos de compre y contratación local. En todo caso, las políticas aquí examinadas muestran que aprovechar la riqueza del subsuelo no es incompatible con promover objetivos de innovación, acumulación de capacidades y diversificación productiva.
Referencias
Austmine (2020). 2020 National METS Survey. Austmine, Melbourne.
Banet, C. (2021). “Local Content and Sustainable Development in Norway”, en D. S. Olawuyi (ed.), Local Content and Sustainable Development in Global Energy Markets, cap. 13. Cambridge University Press.
Engen, O. A. (2009). “The development of the Norwegian petroleum innovation system: A historical overview”, en J. Fagerberg, D. C. Mowery y B. Verspagen (eds.), Innovation, Path Dependency and Policy: The Norwegian Case. Oxford: Oxford University Press.
Gjerde, K. Ø. (2013). Oljelandet og ny næring langs kysten. Stavanger: Norsk Oljemuseum.
Heum, P. (2008). Local Content Development: Experiences from Oil and Gas Activities in Norway. SNF Working Paper No. 02/08. Bergen: Institute for Research in Economics and Business Administration.
IGF (2018a). Australia: Horizontal linkages — Positive spillovers through horizontal linkages. Case Study, IGF Guidance for Governments: Leveraging Local Content Decisions for Sustainable Development. Winnipeg: IISD.
IGF (2018b). Australia: Upstream linkages. Fostering local procurement through regulation and local incentives. Case Study, IGF Guidance for Governments. Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development. Winnipeg: IISD.
Murguía, D., Marín, A., Delbuono, V. y Freytes, C. (2023). Desarrollo de proveedores para el sector minero: desafíos institucionales y lineamientos estratégicos de política. Buenos Aires: Fundar.
Scott-Kemmis, D. (2013). How About Those METS? Leveraging Australia’s Mining Equipment, Technology and Services Sector. Canberra: Minerals Council of Australia.
Urzúa, O. (2011). The Emergence and Development of Knowledge Intensive Mining Service Suppliers in the Late 20th Century. Tesis doctoral, SPRU, University of Sussex.
Anexo I. Políticas de desarrollo productivo en sectores extractivos
Referencias: ⚡transición energética / descarbonización |♻ economía circular / reciclaje
1. I+D y generación de conocimiento
2. Validación, demostración y adopción de tecnologías
3. Desarrollo de proveedores
4. Procesamiento y agregado de valor
5. RRHH y capacidades laborales
6. Capacidades empresariales
7. Internacionalización
8. Exploración y geociencia
Fuente: elaboración propia en base a fuentes oficiales de cada programa.
El capital natural per cápita se toma de las estimaciones del Banco Mundial en The Changing Wealth of Nations y comprende activos renovables y no renovables. En todos los casos el valor de los activos se estima como el valor presente de la renta económica que se espera obtener a lo largo de su vida útil descontada a una tasa fija. Ver https://www.worldbank.org/en/publication/the-changing-wealth-of-nations
El autor agradece a Belén Bentivegna, cuya investigación fue fuente clave para elaborar esta sección.
