Independencia del BCRA y grillete fiscal: ¿y ahora quién podrá suavizar los ciclos?

En el último Informe de coyuntura macroeconómica analizamos la reforma del BCRA. Un aumento de la independencia sería positivo pero nos preocupa que nadie estabilice el producto.

El Gobierno nacional envió un proyecto de ley para modificar la Carta Orgánica del Banco Central, que describe los objetivos, atribuciones y diseño institucional del organismo, asemejándose a su ‘constitución’. En el último Informe de coyuntura macroeconómica del IIEP analizamos el proyecto, el cual prevé las siguientes modificaciones: 1) cambiar el mandato del BCRA, que pasa de comprender cinco elementos (estabilidad monetaria, estabilidad financiera, empleo, desarrollo económico y equidad social) a un único objetivo de preservar el valor de la moneda; 2) fortalecer su independencia, dificultando la remoción de los miembros del directorio y eliminando la presencia del Ministerio de Economía en él; 3) prohibir el financiamiento al sector público mediante Adelantos Transitorios; 4) dejar de transferir al Tesoro las utilidades contables que surjan de revaluaciones de sus activos.

A su vez, se anunciaron cambios en el mercado de capitales y de seguros, y una ley de ‘grillete fiscal’, cuyo proyecto todavía no está disponible. Esta última se asemeja a un shutdown o paralización de la mayoría de los gastos del Estado que se gatillaría toda vez que haya varios meses consecutivos con déficits fiscales. En este sentido, difiere de la versión estadounidense, en la cual se inspira, que disrumpe los servicios públicos frente a la falta de aprobación de las leyes de presupuesto, y no por los resultados fiscales observados.

El argumento para justificar la reforma del BCRA es el combate a la inflación, entendiendo que una mayor independencia operativa puede evitar la intromisión de las autoridades políticas sobre las decisiones que corresponden al Banco. El principal aspecto señalado es el financiamiento monetario del déficit: al limitar la injerencia del ejecutivo sobre la autoridad monetaria, se impediría que un Gobierno aumente sus gastos de forma incongruente con sus recursos y abuse de la emisión monetaria. En los últimos 20 años, el BCRA giró US$ 95.000 millones de Adelantos Transitorios en pesos, y más de US$ 200.000 millones si también incluimos transferencias de utilidades muchas veces basadas en una suba de la valuación contable de las reservas medidas en moneda doméstica.

Más allá de la excesiva emisión de pesos, el BCRA también asistió al Tesoro con más de US$ 80.000 millones para cancelar deudas externas desde 2005. Los distintos gobiernos también intervinieron en decisiones de política monetaria/cambiaria para reducir la tasa de interés a fines de 2017, crear el Programa de Incremento Exportador (conocido como dólar soja) en 2022 e incluso durante esta gestión, que se atribuyó la eliminación de las LEFIs.

Teniendo en cuenta esta experiencia, consideramos que fortalecer la independencia es una búsqueda positiva y, aunque no tendrá resultados inmediatos, sí mejoraría la ejecución de políticas y sus resultados en el largo plazo. A nivel global, la separación creciente entre el Gobierno y el Banco Central ha sido la norma en los últimos 50 años, incluyendo a los países de nuestra región (Romelli, 2024). Argentina, en cambio, se alejó de esta dirección con las reformas de 2003 y 2012. La última de ellas significó un grave retroceso, incluyendo un mandato con cinco objetivos, la subordinación de la política monetaria a las decisiones del Gobierno y la ampliación de los límites para financiar al Tesoro. La reforma busca volver atrás con estos cambios, incluso sobreactuando la magnitud de la reversión. Por ejemplo, va más lejos que otros países de la región al establecer un mandato único, ya que Chile, Paraguay y Uruguay tienen objetivos adicionales a la estabilidad de precios, como la estabilidad financiera.

Otro diseño posible es el de la Reserva Federal de Estados Unidos. Dado que la política monetaria tiene efectos en igual sentido sobre la actividad económica y la inflación, este organismo balancea la disyuntiva entre afectar al producto y sobrecalentar la economía con un mandato dual. Así, busca en simultáneo la estabilidad de precios y el máximo empleo. De este modo, prioriza impulsar el crecimiento cuando este es bajo y bajar la inflación cuando la misma supera un valor de referencia.

Consideramos que haber elegido un mandato único en lugar de uno dual puede ser problemático si se combina con el anunciado ‘grillete fiscal’. Como los ingresos públicos son procíclicos (suben durante las expansiones y caen en las recesiones), la nueva regla de equilibrio presupuestario permanente obligaría a recortar gastos durante las crisis. Esto impediría al fisco estimular la actividad económica cuando más se necesita, algo que tampoco hará el Banco Central. En un escenario de contracción de la oferta agregada (en el que suben los precios y cae el producto), el nuevo mandato único del BCRA llevaría al organismo a una política contractiva, sin considerar los efectos de la misma sobre la actividad. Para peor, la caída de la recaudación llevaría al Tesoro a ajustar los gastos públicos, agravando innecesariamente la crisis.

La inflación baja es un bien público que el Estado debe proveer y por eso celebramos la potencial mejora de la autonomía del BCRA. No obstante, la suavización del ciclo económico también lo es. Si ni la autoridad monetaria ni la fiscal atienden el nivel de la actividad económica, ¿quién hará políticas contracíclicas para estabilizar los vaivenes del producto?